La querella impulsará la acción penal contra los policías que mataron a Gabriel Gusmán

13/04/2021

La jueza Elisa Zilli admitió que los abogados que representan a la familia del joven asesinado por un balazo policial asuman la investigación, pero antes les pidió a los fiscales que clarifiquen si dispondrán la reapertura de la causa en algún momento o mantendrá el archivo provisorio. La ironía de la magistrada para contestarle al procurador.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La causa en la que se investiga el crimen de Gabriel Gusmán podría dar un vuelco si la jueza Elisa Zilli confirma la decisión de permitir a los representantes de la familia del joven asesinado por un balazo policial asumir la acusación en forma autónoma.

Previo a eso, la magistrada le pidió al Ministerio Público Fiscal que clarifique si dispondrá la reapertura de la causa o mantendrá el archivo provisorio dictado el año pasado y confirmado el 15 de marzo de 2021 por el procurador Jorge Amílcar Luciano García.

Este paso previo es trascendental porque el procurador García asegura que el Ministerio Público Fiscal no ha renunciado a la investigación, sino que el caso es pasible de reapertura en caso de que nuevos elementos, algo que no sería posible si fueran los propios querellantes quienes asumen la acusación contra los policías Diego Sebastián Ibalo y Oscar Rodrigo Molina, puesto que se estaría violando el principio que impide juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Ese día, los efectivos Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, a bordo del Móvil 1021 de la Policía de Entre Ríos, acudieron tras recibir el llamado de una vecina que alertaba sobre una disputa entre bandas en el barrio Capibá. Cuando llegó el patrullero, aquellos que se enfrentaban a tiros se dispersaron. Gabriel Gusmán era uno de ellos.

Los testigos que han declarado en la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos vieron a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

Los querellantes aseguran que existen “sobradas evidencias para sospechar” que los policías asesinaron a Gabriel Gusmán sin ninguna causal de justificación y acusan a Molina como autor materialmente responsable del homicidio agravado y a Íbalo como partícipe necesario. Los fiscales, en cambio, dieron credibilidad a los testigos que sostienen que en su huida Gusmán efectuó disparos contra el móvil policial, desoyendo la voz de alto y, por lo tanto, actuaron en una situación de legítima defensa.

El año pasado, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano dispusieron un archivo provisorio de la causa -una especie de limbo que no significa la desestimación del caso por considerar que no constituía delito, pero tampoco la prosecución de la investigación- y la medida fue confirmada por el procurador porque, según dijo, “no existen elementos probatorios para llevar esta causa a juicio plenario”.

Ante ese cuadro de situación, los abogados Lucía Tejera y José Iparraguirre, representantes de la familia del joven asesinado, pretenden convertir la acción pública en privada y continuar con la acusación en forma autónoma, es decir, sin intervención del Ministerio Público Fiscal. “Para dilucidar qué fue lo que realmente sucedió el día 25 de septiembre de 2018 es imprescindible realizar el debate oral, porque aún en la hipótesis de que exista una causa de justificación como la legítima defensa es importante determinar si no se trató de un exceso en esa legítima defensa que concluyó con la vida de Gabriel Gusmán”, aseguraron los querellantes.

El procurador García se opuso a que sean los propios querellantes quienes impulsen la acción penal bajo el argumento de que los fiscales podrían reactivar la investigación en caso de que surgieran nuevas pruebas. Ante esa aseveración, la jueza Zilli se plantea, con un dejo de ironía que “resulta difícil suponer que puedan eventualmente ‘aparecer’ nuevos elementos que permitan modificar el criterio sustentado por la Fiscalía, no sólo en atención al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho -cercano a los tres años-, sino también en consideración a la decisión del MPF de no continuar con la investigación y archivar el legajo, habiendo incluso ordenado restituir las armas de fuego secuestradas como así también decomisar los restantes elementos incautados, conforme los términos de la resolución de fecha 4 de noviembre de 2020”.

La jueza consideró además que nada impide habilitar la conversión de la acción pública en privada, pero le pidió precisiones al Ministerio Público Fiscal, ante esta especie de limbo en la que ha quedado la causa. “No permitirle al querellante la conversión de la acción pública en privada y obligarlo a estar a la espera de que la Fiscalía reabra la causa, con el riesgo de que la acción penal se extinga (…) implicaría, a mi juicio, tornar en letra muerta el derecho que la ley otorga a la víctima de continuar con la acusación en forma autónoma, a su riesgo, y tomando a su exclusivo cargo impulsar el trámite del proceso”.

La jueza garantiza acción privada by Página Judicial on Scribd