Volverán a juzgar al represor Marino González

16/11/2020

El represor está acusado por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978. González había sido absuelto, pero la Corte Suprema ordenó que sea juzgado nuevamente. El debate se realizaría en los primeros meses de 2021.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Si hay un vacío que lamentar, es aquel que no alcanza a llenar la verdad jurídica: dos juicios no han hallado la respuesta a la pregunta sobre dónde está el hermano mellizo de Sabrina Gullino, el hijo de Raquel Negro y Tucho Valenzuela.

El teniente coronel Marino González es uno de los que tiene la respuesta.

Integró la patota que secuestró a Raquel Negro y Tucho Valenzuela, formaba parte de un aparato de poder que controlaba la vida y la muerte en los centros clandestinos de detención e impartió las órdenes para el traslado de la mujer y su custodia hasta que dio a luz en el Hospital Militar de Paraná.

Fue condenado por el homicidio de los presos políticos que estaban ilegalmente detenidos en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, pero se fue absuelto en el juicio por el robo de los mellizos nacidos en cautiverio porque el tribunal consideró que la única prueba en su contra era el testimonio de un “arrepentido” que también había integrado la patota.

Ahora el represor será juzgado nuevamente y el tribunal a cargo de este segundo juicio deberá tomar en cuenta aquella condena que recibió por el homicidio de los militantes detenidos en los centros clandestinos de detención de Rosario, que compartieron cautiverio con Raquel Negro y Tucho Valenzuela, y analizar su situación como parte de un mismo plan, de modo que permita arribar a la verdad real de los hechos.

Para decirlo más claramente: si Marino González integró la patota que secuestró y torturó a Raquel Negro en la Quinta de Funes, bien pudo haber organizado el plan para su traslado hasta el Hospital Militar de Paraná que ejecutó el mismo grupo de tareas.

El nuevo juicio al represor se desarrollará en los primeros meses de 2021; pero la jueza Noemí Berros, que intervendrá como tribunal unipersonal, convocó a una audiencia preliminar para el 26 de noviembre en la que se espera se ajusten las condiciones para llevar adelante el debate.

Durante la audiencia preliminar, se analizará, entre otras cuestiones, la posibilidad de incorporar los registros en formato audiovisual de los testimonios brindados en el juicio celebrado en 2011, con el objetivo no solo de evitar la posible revictimización de los testigos, sino también el acotamiento de tiempos de audiencia y la utilización de pruebas colectadas en la tramitación de estas causas complejas y voluminosas.

Sustracción y sustitución de identidad

Raquel Negro y Tucho Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que además estaba embarazada de siete meses.

El parto en el Hospital Militar se habría producido el 3 de marzo, fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena. Pero enseguida los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, desconociéndose dónde estuvo en esos días. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. Sabrina Gullino recuperó su identidad en diciembre de 2008. El varón continúa desaparecido.

En todos estos años, los represores sostuvieron la versión de que el varón había fallecido e inclusive así lo manifestaron también los médicos que los atendieron en el Hospital Militar. Pero las enfermeras dicen haberlos atendido a ambos, y en los libros del instituto privado se consignó que ambos habían sido dados de alta la misma fecha.

El 21 de octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, todos integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia de Rosario; y al médico Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del Hospital Militar, por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos. Marino González resultó absuelto.

En tanto, el 23 de octubre de 2018, el mismo tribunal oral condenó a los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del IPP, como partícipes de la sustracción y sustitución de identidad.

Alias “Pepe”

En diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución de Marino González –que había sido condenado a prisión perpetua por un tribunal oral de Rosario– y ordenó que sea juzgado nuevamente.

González, que en el centro clandestino de detención se hacía llamar Pepe, formó parte de la patota que secuestró a Raquel Negro y Tucho Valenzuela y fue señalado por otro represor como el encargado de haber organizado la internación de la mujer en el Hospital Militar de Paraná, haciéndola pasar como la sobrina del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

“No sé quién ordenó el traslado de Raquel a Paraná; supongo que fue “la cúpula de arriba”, Galtieri, (Luciano) Jáuregui o el mismo Guerrieri, pero quien se encargó de todos los trámites, de organizar las guardias, fue Marino González”, declaró el “arrepentido” Eduardo Costanzo, que también integraba el grupo de tareas.

En su defensa, González esgrimió que durante el mes de enero habría estado de licencia por treinta días en la ciudad de Santa Fe. Efectivamente en su legajo personal consta una licencia a partir del 4 de enero de 1978; pero ex detenidos políticos que declararon en los juicios que se celebraron en Rosario lo ubicaron en los centros clandestinos de detención y participando de sesiones de torturas.

Por esos años, González revestía como capitán de artillería, era jefe de una sección de “actividades especiales de inteligencia” en el destacamento de Rosario y su tarea consistía en buscar informaciones sobre distintas personas, es decir, pertenecía a una estructura especialmente montada para detectar y aniquilar a los llamados “subversivos”.

En su alegato, en el juicio celebrado en 2011, el fiscal José Ignacio Candioti aseguró que “González formaba parte de un aparato de poder, podía dictar órdenes y, como integrante del Destacamento de Inteligencia, tenía poder sobre los centros clandestinos y sobre la vida y la muerte de las personas” y agregó que el represor “dio las órdenes para el traslado de Raquel Negro, que estuviera en el Hospital Militar, el parto y que posteriormente se suprimieran los estados civiles de los mellizos”.