Condenan a los médicos Torrealday, Vainstub y Rossi por robo de bebés

23/10/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La condena, tal vez el repudio social, no alcanzan esta vez para compensar una ausencia. El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por la sustracción y sustitución de

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

La condena, tal vez el repudio social, no alcanzan esta vez para compensar una ausencia.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar.

Torrealday fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período. Se lo consideró partícipe necesario de la cadena de sustracción, retención y ocultamiento de los mellizos y de la alteración o supresión de su identidad. Pero, al menos por el momento, no irá a la cárcel.

Tampoco Vainstub y Rossi irán a la cárcel, por ahora. En su caso, recibieron penas de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período como partícipes secundarios de la cadena que posibilitó el robo de bebés.

La inhabilitación absoluta, como accesoria de la pena de prisión, comprende la prohibición para el ejercicio de cargos públicos, la privación del derecho electoral (elegir y ser elegido) y hasta la suspensión en el goce de su jubilación, cuyo importe sería percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.

El tribunal también hizo lugar al pedido para que se abra un expediente a fin de determinar si la enfermera Marta Ofelia Gómez incurrió en falso testimonio al negar que fue quien registró el ingreso al IPP del mellizo varón, a quien anotó como NN; y, por supuesto, que continue la investigación para averiguar el paradero del mellizo varón.

Lo cierto es que la condena que se les impuso a los médicos deja la extraña sensación de que no alcanza, porque no fue suficiente para romper el pacto de silencio que mantiene con su identidad suprimida al mellizo Valenzuela Negro, el protagonista ausente.

Entre la militancia, sin embargo, la sensación era de justicia.

La sala de los tribunales federales escuchó en atento silencio al juez Roberto López Arango. El magistrado leyó solo la parte resolutiva de un fallo que tiene más de cien páginas y que reconoce el robo de bebés como un crimen de lesa humanidad. En la sala escuchaban y la voz del juez se amplificaba para quienes seguían la lectura en la calle. Luego leyó los nombres de Torrealday, Rossi y Vainstub y la condena. Cuando anunció el monto de las penas sobrevoló una especie de suspiro colectivo en forma de alivio. Luego hubo aplausos y un grito: ¡Treinta mil detenidos-desaparecidos, presente!

En la calle, frente a la militancia, Sabrina Gullino, la hija de Raquel y Tucho, celebró la condena a los médicos del instituto privado, aunque admitió que en su intimidada guardaba “fuertes expectativas de que los médicos hablaran”, que le dijeran dónde está su hermano, a quién se lo entregaron aquel lunes 27 de marzo de 1978. Pero no claudica y confía en que “el proceso de reconstrucción de la verdad, que es un proceso colectivo, empezó hace más de cuarenta años con la Madres, las Abuelas y los Hijos”.

A la vez, destacó Sabrina que “el juicio fue emblemático porque se pudo reconstruir desde el secuestro de Tucho y Raquel, el traslado de Raquel al Hospital Militar, se pudo constatar la coordinación que existió con el IPP; y el relato de las enfermeras y de aquellos que se animaron a romper ese pacto con la impunidad y con la jerarquía médica permitió completar ese rompecabezas”.

El juicio sirvió para que por primera vez la justicia entrerriana impusiera un castigo sobre los cómplices civiles de la dictadura. Se trata, sin lugar a dudas, de un terreno poco explorado, y hasta eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos. En otras jurisdicciones se abordaron investigaciones por las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad. No fue el caso de los mellizos Valenzuela Negro. Aquí se juzgó la colaboración que prestaron los médicos.

El fallo reconoce cuarenta y tres profesionales de la salud condenados por crímenes de la dictadura, contando ahora a Torrealday, Vainstub y Rossi. En esa lista está también Juan Antonio Zaccaría, otro de los cómplices del robo de bebés.

En diálogo con Página Judicial, el abogado Santiago Bereciartúa, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, destacó que “los más importante es que los tres médicos sean condenados y eso es para celebrar porque significa un gran avance que muy de a poquito sigamos condenando a responsables civiles de la dictadura, que no es nada fácil”, al tiempo resaltó que en el juicio “salieron algunos aportes y datos que abren puertas para la búsqueda del melli; no es nada determinado, tampoco nos acerca mucho ni sabemos si esas pistas son fiables, pero al menos abrieron nuevos caminos para seguir emprendiendo la búsqueda”.

También Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, manifestó su satisfacción por la condena a los médicos y resaltó que Torrealday, Vainstub y Rossi “sabían que los mellizos estaban internados en condiciones irregulares y que estaban solos; no los entregaron a sus familiares ni dieron aviso a la autoridad competente” y acotó que “esos días que los mellizos permanecieron en el IPP fueron atendidos por los médicos, por lo tanto, ellos hicieron un aporte esencial para que se consumara la sustracción, retención y ocultamiento de dos menores y la sustitución de su identidad”.

Asimismo, destacó la importancia de los testimonios de las enfermeras del instituto privado “porque dieron cuenta del pleno conocimiento que tenían los condenados sobre el origen y destino de los mellizos, aunque todos los relatos se vuelven difusos al momento del alta de los mismos”. En ese sentido, confió “en que rompan con el pacto de silencio que impide que el melli se encuentre con su verdadera historia”.

Por su parte, el fiscal José Ignacio Candioti consideró que “la sentencia es justa porque refleja lo acontecido en el juicio, donde se reunieron múltiples elementos de cargo que acreditaban el accionar doloso de los imputados”.

Al respecto, destacó que el juez hizo referencia a los tres tramos de la apropiación, es decir, “el ingreso irregular de los bebes al IPP, su permanencia clandestina y la entrega a personas extrañas a su grupo familiar; a lo que se le suma el hecho de que no dieron aviso a ninguna autoridad judicial o administrativa con competencia en menores de esa situación irregular” y ante la consulta de Página Judicial también valoró “el testimonio de los médicos que declararon como testigos y contrariaron la versión de los imputados en el sentido que el IPP al recibir a los bebés el IPP era responsable de su cuidado”.