Apremios ilegales, sedición y reformas en el aire

09/09/2020

En los tribunales anidan causas que involucran a agentes de la Policía. En la Legislatura hay proyectos que cambiarían el cuadro de situación. La política ausente en temas sensibles.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Las asonadas policiales vuelven a ocupar el primer lugar en los medios nacionales tras el levantamiento en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. El silencio de la política oscurece mucho más el clima. La pandemia ha convertido a la televisión en la única ventana al exterior. Solo se ven policías con barbijo fuera de su función presentados por el periodismo taquillero como simples trabajadores,  dirigentes de la oposición (no todos) tirando nafta al fuego, y las redes sociales multiplicando. La ex asesora en seguridad de María Eugenia Vidal, Florencia Arietto, anunció el domingo por la noche en TN lo que iba a ocurrir. ¿Algún fiscal por ahí? Como con las declaraciones de Eduardo Duhalde, las investigaciones de oficio parecen no correr en la Argentina. Todo sucede en un marco de reforma judicial, dos golpes de Estado en la región, como fueron en Brasil y Bolivia; y con las encuestas que dejan a las instituciones por el piso en el ítem credibilidad.

En Entre Ríos la voz que se escuchó fue la de la CTA de Entre Ríos, que se la suele cuestionar por haber acompañado políticas de un gobierno. La política está cada vez más inclinada a las organizaciones que a los partidos. Pese al reclamo de paritarias, el ámbito policial se desarrolla con normalidad en la comarca.

El Poder Judicial y la Policía de la provincia tienen algunas historias en común, pero sin final. Precisamente porque la película no revela el último capítulo.

Una serie de causas por apremios ilegales no han llegado a ser juzgados por un tribunal. Pasan años y los legajos no avanzan.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018 por la espalda con un proyectil que fue disparado por una pistola reglamentaria. La escena del crimen fue filmada por un celular de un vecino del barrio Capibá.

A casi dos años de aquella jornada sangrienta, el Poder Judicial no ha podido determinar quién disparó y mató por la nuca a Gabriel. La última novedad que arrojó la investigación fue la decisión de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de solicitar una pericia para tratar de determinar con rigor científico si el disparo que mató por la nuca a Gabriel fueron los policías Rodrigo Molina o Diego Íbalo. La medida lleva 9 meses.

En mayo los abogados Lucía Tejera y José Iparraguirre pidieron que se realicen indagatorias y pidieron una audiencia en situación de feria extraordinaria por la cuarentena, pero la respuesta fue que no había “situación controvertida con los imputados”. La semana pasada Página Judicial dio cuenta que los querellantes solicitaron la intervención del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

En el mes de abril de 2017, un joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado en una celda de la Jefatura de Policía de La Paz. Se trata de Eduardo Godoy, de 22 años, que había sido detenido bajo la manda de la retrógrada Ley Provincial N° 3815 de Contravenciones. Los uniformados imputados son Roberto Emanuel Vargas; Neri Ubaldo López; Ariel Ramón Gregoraschuk; Juan Samuel Maidana; Pablo Hernán Silvetti; Betiana Anahí Villalba y Esteban José Marcciani. El fiscal de la causa es Santiago Alfieri y el juez de Garantías Raúl Flores.

En el caso de López y Vargas tienen otra pesquisa abierta por haber golpeado a un joven de Santa Elena en la Comisaría N° 15. Este hecho es del año pasado. No hay dos sin tres.

Sedición

La causa más grave en la historia reciente en el plano de la institucionalidad y gobernabilidad que involucra a la Policía fueron los hechos de sedición que ocurrieron en diciembre de 2013 con epicentro en Concordia. El jefe político de la fuerza era Adán Bahl y el intendente de esa ciudad Gustavo Bordet.

La causa tuvo condena en todas las instancias por los delitos de sedición agravada y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal. La Sala Penal anuló la sentencia de Casación.

Los vocales Omar Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio (con la abstención de Claudia Mizawak) dieron marcha atrás con las penas de los agentes de la fuerza por cuestiones formales en el procedimiento, mientras que la coerción y amenazas en la negociación entre los policías y el entonces mandatario Sergio Urribarri deberán ser analizadas por el nuevo tribunal que se debe conformar. A más de dos años de aquella decisión aún no ha habido avances.

Recursos y reformas

Durante muchos años, en la Ley de Presupuesto se asignaba al Poder Judicial un monto específico para constituir lo que se conoce como policía judicial. Es decir un cuerpo de investigadores que no dependa de la administración central, sino de los funcionarios judiciales. Ese proceso de reconversión no es sencillo, pero es democratizador. Los fiscales no quedan a merced de un agente que depende de Casa de Gobierno. Y los policías podrían ser juzgados ya no por quienes los conducen en una investigación. Esa idea no existe ya ni siquiera en las planillas de presupuestos.

En la Comisión Bicameral de Derechos Humanos duerme un proyecto presentado en la gestión anterior por el cual se crea el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Se trata de un organismo que tiene como objetivo hacer seguimiento sobre el funcionamiento del sistema carcelario, comisarías, el accionar de la Policía y hasta psiquiátricos. La conformación del mismo llegó a la instancia en que se presentaron los candidatos para integrarlo con la participación de las universidades y la sociedad civil.

El diputado provincial del PJ, Juan Navarro, presentó un proyecto de ley para que los 7 integrantes del Comité sean ad honorem por las cuestiones económicas. El primer punto del texto (expediente 23.657) que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados expresa que el desempeño de los integrantes “será una carga pública honoraria”, no así el secretario ejecutivo del organismo, que tendrá una remuneración equivalente a la categoría 5 del escalafón legislativo.

El otro argumento que se esgrime, ya en los fundamentos, es que la provincia se había adherido a la ley de responsabilidad fiscal, lo que impedía la contratación de personal en el Estado. Pero esa norma se derogó cuando asumió Alberto Fernández. ¿No hay presupuesto para 7 cargos? ¿O es joda de mal gusto?

Las reformas de fondo no tienen lugar en la agenda diaria. Cada tanto se nota.