Preocupaciones y despreocupaciones de palacios  

11/08/2020

La Sala Penal del STJ advirtió, aunque sin números, sobre el crecimiento de casos en los que la Policía incurrió en apremios ilegales. Las internas en el seno del Poder Judicial hacen que todo se deba poner entre comillas. Los casos que avergüenzan y no avanzan.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Al final de la jornada laboral del viernes pasado, mientras la Plaza Mansilla se sumergía en el letargo del fin de semana, llegó a los correos electrónicos un brevísimo comunicado de prensa que informaba que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) “resolvió hacer saber a la Procuración General la preocupación sobre el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos”. Lo hizo, según el parte de prensa, “a fin de que adopte las medidas que estime pertinente”.

¿Por qué la advertencia es al Ministerio Público Fiscal y no al Ministerio de Gobierno, de quien depende la fuerza? La respuesta se dio espontáneamente. Rosario Romero solicitó una reunión, que fue virtual, con quienes están preocupados: Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Esa triangulación es la foto más exacta de la interna en los tribunales y el duro enfrentamiento que la Sala Penal tiene con la Procuración General. En el medio aparece la ministra a quien asocian con el jefe de los fiscales.

La recepción de WhatsApp y los autores de los mismos ratifican los enfrentamientos. Todo es muy obvio.

Luego del cónclave virtual, plataforma en que se resuelve todo menos los juicios por casos de corrupción, la Sala Penal volvió a emitir otro comunicado breve dando cuenta de la reunión. ¿Qué se hará para darle una solución a este problema? Se articularán “acciones” entre los poderes “para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la fuerza policial de Entre Ríos”. Punto. Un informe de los casos por los que surgió la preocupación es, por ahora, promesa.

Deudas

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018 por la espalda con un proyectil que fue disparado por una pistola reglamentaria. La escena del crimen fue filmada por un celular de un vecino del barrio Capibá.

A casi dos años de aquella jornada sangrienta, el Poder Judicial no ha podido determinar quién disparó y mató por la nuca a Gabriel. La última novedad que arrojó la investigación fue la decisión de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de solicitar una pericia para tratar de determinar con rigor científico si el disparo que mató por la nuca a Gabriel fueron los policías Rodrigo Molina o Diego Íbalo. La medida lleva 8 meses.

En mayo los abogados querellantes Lucía Tejera y José Iparraguirre pidieron que se realicen indagatorias y pidieron una audiencia en situación de feria extraordinaria por la cuarentena, pero la respuesta fue que no había “situación controvertida con los imputados”.

La causa más grave en la historia reciente en el plano de la institucionalidad y gobernabilidad que involucra a la Policía fueron los hechos de sedición que ocurrieron en diciembre de 2013 con epicentro en Concordia. El jefe político de la fuerza era Adán Bahl y el intendente de esa ciudad Gustavo Bordet. Sería interesante volverse a preguntar si realmente, como se dice, Entre Ríos es gobernada hace 20 años por Concordia o apenas provee candidatos.

La causa tuvo condena en todas las instancias por los delitos de sedición agravada y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal. La Sala Penal anuló la sentencia de Casación. Un mal pensado conjeturaría que el golpe es doble, no solo a la jueza que integra ese tribunal, Marcela Badano; sino también a su pareja, García. En tribunales se hace más política que en Casa de Gobierno.

Lo cierto es que vocales dieron marcha atrás con las penas de los agentes de la fuerza por cuestiones formales en el procedimiento, mientras que la coerción y amenazas en la negociación entre los policías y el entonces mandatario Sergio Urribarri deberán ser analizadas por el nuevo tribunal que se debe conformar. A más de dos años de aquella decisión aún no ha habido avances. Tampoco preocupaciones.

Consignas y anuncios

El femicidio de Fátima Acevedo mostró el atraso en materia de género que fluye en el Poder Judicial. García, en conferencia de prensa cuando apareció el cuerpo de la joven, dijo al lamentar la noticia: “Cada perverso o psicópata que somete a su víctima es igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones”. Cualquier manual de perspectiva de género impugnaría esta afirmación por desconocer los delitos de estas características.  Cuando bajó la polvareda por el caso, en Casa Gris anunciaron baterías de medidas para paliar la deuda cultural y antropológica que el Siglo XXI saldará.

Se conoció esta semana un relato alarmante de una abogada que denunció al fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, quien parado en el cargo que ostenta y del que se jacta intentó primero seducirla desde la violencia y luego para manipular los hechos denunciados.

La justicia nogoyense se quedó en la crítica a las irregularidades en los procedimientos. El caso fue archivado. Mientras tanto una abogada camina con miedo por la calles de la ciudad.

Los legisladores de todas las fuerzas, dirigentes y funcionarios no han dicho nada sobre el tema. Ya vendrá un anuncio, seguramente. ¿La Sala Penal estará alarmada? De estarlo, sí debería hacérselo saber al Ministerio Público Fiscal, de quien depende Uriburu.

Las preocupaciones y posteriores promesas de articulaciones terminan quedando en comunicados olvidables que sólo se utilizan, durante la jornada, para disfrutar del mal trago que pasa el otro. La chiquita entre funcionarios del Estado que cobran sus salarios a principio de mes, aún en pandemia.

Las cosas que deberían resolverse en las instituciones que bordean la Plaza Mansilla no encuentran soluciones. Se degrada el Poder Judicial y la política se predispone a administrar lo que hay. Lo establecido. El statu quo. Ese panorama se vive desde la asunción de Urribarri a la Gobernación, cuya única reforma judicial de fondo que hizo fue otorgarle a la Justicia la Ley de Enganche, la piedra en el zapato de la Ley de Emergencia Solidaria que Gustavo Bordet desactivó por la crisis, pero no se sabe hasta cuándo.