Piden la indagatoria de los policías que mataron a Gabriel Gusmán

12/05/2020

Los abogados querellantes presentaron un escrito al procurador Jorge García en el que solicitaron que se cite a prestar declaración de imputado a los policías acusados de matar por la espalda a Gabriel Gusmán, hace un año y medio, en el barrio Capibá.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

12 de mayo de 2020. Gabriel Gusmán hubiese cumplido hoy 22 años. “Ya no hay festejos ni risas, hay un vacío inmenso en nuestras vidas, hijo mío”, lo evocó su mamá, Alejandra López, en un posteo en Facebook.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Recibió un disparo en la nuca que provino de un arma disparada por un policía. ¿Rodrigo Molina o Diego Íbalo?

El día que Gabriel Gusmán hubiese cumplido 22 años, los abogados Lucía Tejera y José Iparraguirre, representantes de la familia, volvieron a solicitar que se cite a prestar declaración de imputado a los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina. Esta vez lo hicieron ante el procurador general Jorge García, ante la falta de respuesta de parte de los fiscales que tienen a su cargo la investigación a sus pedidos anteriores.

Los querellantes creen que existen “sobradas evidencias para sospechar suficientemente la participación de los agentes Íbalo y Molina en el homicidio agravado del joven Gabriel Gusmán” y advirtieron que la fiscalía “estaría incurriendo en retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán”, por no haber resuelto la situación de los policías en el año y ocho meses que han transcurrido desde que ocurrió el crimen.

Los policías Íbalo y Molina se presentaron aquel día a bordo del Móvil 1021 de la Policía de Entre Ríos para disuadir una disputa entre vecinos del barrio Capibá, en la zona sur de la ciudad de Paraná. De acuerdo con el relato de testigos, persiguieron a Gabriel hasta un terreno baldío, le dieron la voz de alto y, al verse cercado, el joven se detuvo y levantó los brazos. En ese momento, el que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, apuntó y disparó.

Los querellantes han dicho que el joven fue ejecutado, que se trató de un caso de gatillo fácil, porque recibió un disparo por la espalda a escasa distancia cuando ya se había entregado, que en ese momento ya había detenido su marcha y tenía los brazos levantados por sobre su cabeza en señal de rendición.

En las inmediaciones del lugar se recuperaron dos vainas compatibles con las pistolas reglamentarias de los policías, pero el informe balístico determinó que el arma que portaba Molina no presentaba restos de deflagración de pólvora. Raro, al menos. La recolección de las pruebas fue tan defectuosa (¿o negligente?) que tampoco se pudo determinar si los policías tenían residuos de pólvora en las manos o en la ropa.

Veinte meses después, los policías siguen en situación de sospechosos.

“Nos encontramos en un ‘limbo’ judicial en el cual se ven afectados, no solamente los derechos de los familiares de la víctima, sino también la situación de los imputados que se encuentran en un estado de sospecha procesal constante y, por lo tanto, en clara vulneración de diversos derechos fundamentales”, señalaron los querellantes en su escrito al procurador.

La última novedad que arrojó la investigación fue la decisión de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de solicitar, hace seis meses, una pericia para tratar de determinar con rigor científico cuál de ellos efectuó el disparo que mató a Gabriel Gusmán. Peritos de Gendarmería deben determinar la trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y el lugar en que se encontraba al momento de recibir el disparo, como así también la ubicación de quien efectuó el disparo y la distancia que había entre uno y otro.