Una bomba de tiempo en las cárceles entrerrianas

15/05/2020

La provincia tiene más de 2.500 personas detenidas y el STJ admitió recientemente que viven hacinadas. En ese contexto, organismos internacionales recomendaron reducir la población penal para evitar la propagación del coronavirus. Reacciones y fake news sobre un tema delicado. La crisis en números y una ley que no se aplica. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Hemos asistido en los últimos días a la construcción de una fenomenal fake news.

La supuesta liberación indiscriminada de delincuentes de las cárceles argentinas se convirtió en uno de los principales temas de la agenda pública en medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19). Algunos hablaron hasta de un plan para liberar presos.

La mentira se agota en los números, pero las cárceles son una bomba de tiempo, y no es de ahora, por el incremento en los niveles de reclusión y un dramático deterioro de las condiciones de detención, con edificios que se caen a pedazos; celdas mal ventiladas donde los internos conviven con insectos, ratas y alimañas; instalaciones eléctricas improvisadas y un sinfín de situaciones que lejos están de cumplir con el mandato constitucional de cárceles “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”.

En las cárceles entrerrianas no se han registrados casos de coronavirus, pero el riesgo está latente en pabellones donde conviven entre setenta y cien internos.

Según datos del Servicio Penitenciario, el 20 de marzo, es decir, cinco días después del anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, había 2.667 internos distribuidos en las nueve unidades penales de la provincia. En poco más de un mes, hasta el 22 de abril, se produjo el egreso de 165 detenidos, lo que hace una reducción del 6,2 por ciento de la población penal, pero no todos están en la misma condición.

El informe oficial no contiene datos respecto de cuántos internos salieron por el contexto de la pandemia, pero el defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez, dijo en una reunión con diputados provinciales que se concedió el arresto domiciliario a 14 personas que pertenecen a grupos de riesgo (8,5 por ciento), sobre 101 personas que recibieron este beneficio. En su caso, continúan cumpliendo la pena en el domicilio que se determina mientras dure la pandemia. Lo que sí muestra el informe es que 41 personas salieron de las cárceles por haber cumplido íntegramente su condena (24,8 por ciento), a 14 internos se les concedió la libertad condicional (8,5 por ciento) y otros 5 fueron excarcelados bajo el régimen de libertad asistida (3 por ciento), aunque sometidos a las reglas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Más presos en cárceles abarrotadas

En los últimos doce años la población penitenciaria en la provincia se ha triplicado, en parte desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pero principalmente por un endurecimiento en la política criminal como una respuesta a los reclamos de la población ante delitos violentos y de seguridad pública.

En 1974 había 447 personas detenidas en las cárceles entrerrianas; en 2008, cuando entró en vigencia el sistema acusatorio, ese número había crecido a 805 internos; en 2014, cuando el nuevo Código Procesal Penal comenzó a implementarse en Paraná, había 1.262 detenidos en unidades penales y hoy hay más de 2.500 personas en prisión.

Lo cierto es que más allá de los números hay personas, a quienes el único derecho que les está vedado es el del derecho a la libertad, y las medidas adoptadas por los tribunales argentinos están en línea con recomendaciones de organizaciones internacionales, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hace un mes sugirió “reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo”.

En definitiva, la pandemia hizo más visible un viejo problema del hacinamiento, falta de higiene y deficiente alimentación que soportan los internos de las unidades penales. Hasta el STJ lo ha reconocido recientemente, en una resolución en la que instó a los jueces penales y a los jueces de ejecución de penas a que prioricen los trámites de los internos que se encuentren en condiciones de acceder a los beneficios previstos en la ley de ejecución de penas, “siempre que se cumplan los requisitos” y recomendó que se completen los trámites para lograr “en los casos posibles, el egreso de quienes se encuentren en dichas condiciones o auspiciar alguna otra salida alternativa” para descomprimir la sobrepoblación.

El crecimiento de la población carcelaria aparece hoy como un tema de preocupación.

Recientemente el Colegio de Abogados de Entre Ríos le entregó un informe al gobernador Gustavo Bordet en el que advirtió que “el colapso de nuestras cárceles, no sólo es en el ámbito de lo edilicio, traducido en las más que precarias e insalubres condiciones de habitabilidad e higiene, sino en lo que respecta al tratamiento institucional de los internos”.

El informe fue elaborado por los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen, que intervinieron como mediadores en un conflicto en las cárceles de Paraná, recorrieron los pabellones y se entrevistaron con personas privadas de la libertad.

En el informe mencionaron, por ejemplo, que “uno de los pabellones (el número 11) posee una población cercana (fluctuaciones mediante) a los sesenta internos y tiene un sólo baño con una ducha eléctrica” y señalaron que para mejorar la infraestructura los propios internos han hecho refacciones, tareas de pintura o precarias instalaciones eléctricas, pero pretenden que al menos se les provean los materiales.

También hicieron notar que los detenidos reclaman “la limpieza y fumigación regular de lugares contiguos a los pabellones, al menos tres o cuatro veces al año”, para evitar la proliferación de roedores, cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos y alimañas.

La superpoblación es otro aspecto en el que hicieron hincapié los abogados que recorrieron las cárceles de Paraná y, en ese sentido, cuestionaron el uso abusivo de las prisiones preventivas que hacen los jueces.

Pero hubo otras situaciones que quedaron fuera del registro. Los internos denunciaron que sus familiares son permanentemente sometidos a requisas corporales invasivas, violentas y humillantes cada vez que los visitan; que las mujeres son obligadas a desvestirse, agacharse, abrir sus labios vaginales y el ano. Los tribunales han dicho que esas prácticas son ilegales y que constituye una “vulneración del derecho a la intimidad, a la honra y a la dignidad” de las mujeres, pero continúan sin que ningún agente penitenciario haya sido sumariado, reprendido o sancionado por ello.

También tomaron nota de algunos incidentes de violencia entre internos, como el que ocurrió el 7 de junio de 2018 en la cárcel de Victoria, donde seis internos murieron cuando otros tres prendieron fuego un colchón, lo tiraron dentro de la celda que ocupaban y trabaron la puerta desde afuera. O, más recientemente, en vísperas de la navidad de 2019, cuando internos de la cárcel de Paraná hicieron un boquete e intentaron cruzar a otro pabellón, agredieron a un agente penitenciario que intentó frenarlos e incendiaron un colchón que acabó quemando completamente el pabellón al que pretendía acceder, donde se encontraba, entre otros, el ex concejal Pablo Hernández.

Un mecanismo para controlar al poder

Organismos internacionales y de derechos humanos sostienen que una herramienta eficaz para disminuir las situaciones de maltrato en las unidades penales y centros de detención de personas es establecer una supervisión independiente y periódica.

La Legislatura entrerriana aprobó en diciembre de 2017 la creación de un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, cuyo objetivo será garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

¿Qué es un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura?

Es un organismo de control, independiente de los poderes del Estado, que responde a una obligación normativa nacional e internacional, que podrá monitorear los lugares de encierro a través de visitas periódicas no anunciadas, denunciar casos de tortura, documentar, difundir y sensibilizar sobre casos de tortura para prevenir hechos futuros y recomendar acciones y políticas públicas para prevenir los malos tratos a personas detenidas.

Su puesta en marcha, sin dudas, implicará generar una mayor apertura de las cárceles y lugares de detención de personas para prevenir las violaciones de derechos humanos a las que se encuentran sometidas las personas privadas de la libertad.

Pero su integración quedó en stand-by cuando la Comisión Bicameral de Derechos Humanos de la Legislatura estaba en proceso de análisis de los postulantes de las organizaciones de la sociedad civil para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. El proceso quedó suspendido porque implicaba la creación de cargos y eso contravenía compromisos asumidos por la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Parecía una excusa, pero fue efectivo. Tanto que sirvió para frenar la puesta en marcha del Mecanismo Provincial y de paso bajar los estándares de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.

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