Las cárceles y el coronavirus

03/04/2020

Un informe del Colegio de Abogados de Entre Ríos detalla la situación de las cárceles entrerrianas. Hacinamiento, escasez de elementos de higiene, restricción de visitas. Qué le reclaman los internos al Poder Judicial y qué le exigen al Poder Ejecutivo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La situación en las cárceles entrerrianas es de máxima tensión desde que estalló la pandemia del coronavirus (COVID-19). Hasta el momento no se han registrado casos, pero la preocupación es fuerte porque hay personas que forman parte de los grupos de riesgo, algunos por edad, asmáticos o con HIV, además del cuadro de hacinamiento y la escasez de los más básicos elementos de higiene, como cuestiones centrales.

Los datos están contenidos en un informe que elevó el Colegio de Abogados de Entre Ríos al gobernador Gustavo Bordet, a la ministra Rosario Romero y al Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras la visita que hicieron Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen a las cárceles de Paraná, donde recorrieron los pabellones y dialogaron con los internos que en ese momento estaban en huelga de hambre y con agentes penitenciarios. En un anexo, además, se adjuntaron fotos que describen el escenario.

“El colapso de nuestras cárceles, no sólo es en el ámbito de lo edilicio, traducido en las más que precarias e insalubres condiciones de habitabilidad e higiene, sino en lo que respecta al tratamiento institucional de los internos”, se consignó en un tramo del informe.

También plantearon que las cárceles entrerrianas están en muy malas condiciones edilicias y de higiene. Mencionaron, por ejemplo, que “uno de los pabellones (el número 11) posee una población cercana (fluctuaciones mediante) a los sesenta internos y tiene un sólo baño con una ducha eléctrica”. Para mejorar la infraestructura, incluso, los propios internos han hecho refacciones, pero pretenden que se les provean los materiales.

Los internos de las unidades penales reclaman, además, “la limpieza y fumigación regular de lugares contiguos a los pabellones, al menos tres o cuatro veces al año”, para evitar la proliferación de roedores, cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos y alimañas.

No obstante, los letrados resaltaron que “respecto a la provisión de elementos de higiene, si bien algunes internes manifestaron que se activaron y regularizaron a partir de las huelgas y distintas manifestaciones que se llevaron en distintas cárceles del país, sin embargo, todes admitieron que se les estaban suministrando, pero que en algunos casos se rechazaban debido a las medidas de huelga que además de la alimentaria, comprendía no aceptar del Servicio Penitenciario la provisión de estos insumos básicos de higiene y prevención del virus”.

La superpoblación es otro aspecto en el que hicieron hincapié los abogados que recorrieron las cárceles de Paraná: cuestionaron, principalmente, el uso abusivo de las prisiones preventivas y citaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta a los países a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Concretamente, las mujeres detenidas reclaman que se las incorpore a los regímenes de libertad condicional, libertad asistida o prisión domiciliaria con tobillera electrónica, según corresponda. “Con este temperamento, al unísono, se descomprimen los pabellones de presiones de las internas y se reduciría sensiblemente la población, con lo cual mejoran las condiciones de habitabilidad y salubridad”, destacaron los letrados.

Según pudo saber Página Judicial, en los últimos días se han concedido prisiones domiciliarias a internos que se encuentran entre los grupos de riesgo, aunque el número dista de reducir la enorme sobrepoblación que presentan las cárceles entrerrianas.

Los profesionales incluso señalaron que el reclamo más fuerte de los internos de las unidades penales está relacionado con la lentitud en la tramitación de los legajos de ejecución, sobre todo en el ámbito de la justicia federal, “que conspira contra el usufructo legítimo de sus derechos dentro del régimen progresivo de la pena” y advirtieron que, si bien se trata de un problema “de vieja data”, esta situación “se ve agravada en épocas de mayor cercenamiento de derechos como el que ocurre en estos momentos como consecuencia de la actual pandemia”.

Otro motivo de queja de los internos ha sido la restricción de visitas, algo que consideran violatorio de los derechos de las personas privadas de libertad. “La cuarentena obligatoria, y la imposibilidad de contacto directo con los familiares (mantenimiento de los vínculos o lazos afectivos), es tal vez el mayor de los problemas a resolver por lo candente y preocupante de la situación. Pero a su vez es uno de los de más sencilla y rápida solución”, se consignó en el informe. La propuesta es permitir el uso de teléfonos celulares, algo que ya se instrumentó, a partir de una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

“La privación de libertad no implica –ni puede implicar– el cercenamiento de otros derechos básicos, como los relativos a la alimentación, salud, educación, asistencia y mantenimiento de los vínculos familiares, por citar sólo algunos, en miras a lograr una efectiva reinserción social”, enfatizó el Colegio de Abogados de Entre Ríos.

Informe Situacion Carcelaria en El Marco de La Crisis Por El Coronavirus by Página Judicial on Scribd