Las dudas sobre la tarea de la Casa de las Mujeres

12/03/2020

Los operadores estatales no aplicaron las medidas de seguridad ante las denuncias de una mujer por violencia de género y su ex pareja terminó asesinándola. En qué falló el municipio. El argumento de la mala víctima pregonado por la justicia y por el Gobierno.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El dolor es tan fuerte y la pena tan grande que aturden.

¿Acaso alguien pudo presagiar su muerte como Fátima Acevedo anticipó la suya?

“Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía, el juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo, puedan hacer algo. Mientras tanto, tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo”, se la escucha resignada y abatida, ahogada de voz, en ese mensaje de WhatsApp que le envió en noviembre de 2019 a una amiga.

El femicidio de Fátima –o Florencia, como ella se presentaba–, como todos, es la expresión más brutal de una violencia que tiene una fuerte vinculación con las desigualdades de género y reabre un interrogante: ¿cuáles son las responsabilidades estatales?

En estos días de dolor, lacerante dolor, surge claramente que los operadores estatales no aplicaron las medidas de seguridad ante las denuncias de una mujer por violencia de género y su ex pareja terminó asesinándola.

Fátima había realizado varias denuncias por violencia física, psicológica y sexual, la primera en julio de 2017, ante el juzgado de familia, y la última un mes antes de morir, ante la unidad fiscal de violencia de género. Después de ese último episodio se había ido de la casa y estaba viviendo en la Casa de las Mujeres, un hogar destinado a la asistencia y protección mujeres y sus hijos que se encuentran en situación de violencia de género.

Los fiscales dicen haber adoptado las medidas para su protección (prohibición de acercamiento, ¿botón anti-pánico?, ¿por qué no pulsera dual?) y la directora de la Casa de las Mujeres asegura que se le brindó contención, acompañamiento y atención psicológica y legal.

El día que apareció el cuerpo de la joven, el procurador Jorge García dijo en conferencia de prensa que “cada perverso o psicópata que somete a su víctima es igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones”. Eso mismo sostiene el Gobierno, aunque en off the record. Según ese argumento, Fátima rompió ella misma la restricción de acercamiento sin percibir realmente el peligro que le significaba, sin advertir que se le iba la vida en ello.

¿Acaso hubo realmente instancias de articulación entre la justicia civil, la justicia penal y el municipio? Es una pregunta, pero la respuesta puede inferirse: después de haber formulado las denuncias, Fátima enfrentó serios problemas para acceder a la justicia, al resarcimiento de sus derechos vulnerados y a la protección de su vida.

Algo está fallando

En medio de un estruendoso silencio de la dirigencia política, la única voz de un funcionario que se ha escuchado es la de Cristina Ingleson, directora de la Casa de las Mujeres de la Municipalidad: “Hay una dimensión que tiene que ver con la subjetividad de las personas, que no es solamente el producto de las intervenciones del Estado y de lo que últimamente está sucediendo en su existencia. Tiene que ver con cómo ha aprendido a resolver los conflictos, si ha aprendido o no; cómo se siente o no afectada por una relación. Son procesos muy largos para salir de los círculos de violencia, de los modos relacionales violentos y eso necesita de acompañamiento, de tiempo y de un contexto que lo facilite. Necesita del compromiso vincular de todo su entorno, no solamente de la acción del Estado; eso es lo que tratamos de construir. Claramente no es suficiente, porque una persona que se pone en riesgo, a sabiendas o no, es muy duro, porque vos no la podés agarrar del pelo y decirle quedate acá” (sic).

Entre las funciones del hogar está la de conformar un equipo interdisciplinario que realice “el abordaje técnico integral de la situación de cada mujer que ingresa” y “decidir conjuntamente con la dirección sobre el egreso, estadía y egreso de las mujeres, como asimismo sobre las salidas transitorias y las visitas familiares”. Evidentemente algo falló.

También debe realizar un “seguimiento y asesoramiento de la situación judicial” en cada caso. ¿Puede un solo abogado cumplir con esa tarea? ¿Tuvo Fátima asesoramiento jurídico? Las preguntas son dudas.

Sin embargo, el intendente Adán Bahl ha dicho que el hogar funciona apenas como un “albergue”.

Lo cierto es que el abordaje que la institución le dio al caso también ha sido cuestionado desde el colectivo de mujeres. En primer lugar, por la demora en denunciar la desaparición de Fátima; y luego porque el hogar donde viven mujeres víctimas de violencia no cuenta con un servicio de wi-fi, necesario para la activación del botón anti-pánico.

El argumento de la mala víctima pregonado por la justicia y por el Gobierno es machista y patriarcal. Sostener que Fátima volvió a la casa de su femicida, en todo caso, esconde las propias falencias de los organismos estatales. Después de dos años y medio denunciando la violencia que padecía y ante la inacción del Estado, Fátima decidió poner su cuerpo en la negociación con el femicida y no logró convencerlo de que no la mate.

Es evidente entonces que hubo una responsabilidad estatal, que el femicidio de Fátima era evitable; y tal vez sea éste el momento revisar las políticas públicas que se vienen implementando para prevenir esta violencia y que #NiUnaMenos deje de ser un reclamo.

Foto: María Emilia Ghiglione.