Varisco, condenado y detenido

30/12/2019

El Tribunal Oral Federal de Paraná le impuso al ex intendente una pena de seis años y seis meses de prisión como partícipe de actividades de comercio de estupefacientes. Sergio Varisco quedó bajo arresto domiciliario. También fueron condenados el ex concejal Pablo Hernández y la ex policía Griselda Bordeira.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El ex intendente miraba el piso y tenía las manos sobre sus rodillas. Transpiraba. La jueza llevaba quince minutos de tensa lectura cuando dijo:
–Declarar a Sergio Fausto Varisco partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado –entonces él se acomodó en su asiento a escuchar lo que seguía– y, en consecuencia, condenarlo a la pena de seis años y seis meses de prisión y multa de 200.000 pesos.

Recién después de que le bajaran el martillo, Varisco levantó la cabeza hacia el televisor que retransmitía lo que ocurría dentro la sala de audiencias y se acomodó la corbata.

Asiento de por medio, el ex concejal Pablo Hernández movía la cabeza de un lado al otro en señal de negación, sabiendo tal vez que su destino era el mismo: de condena; mientras la ex policía provincial Griselda Bordeira, sentada enfrente, se mostraba resignada.

Luego de la lectura de la sentencia, Varisco hizo una breve declaración en la que reiteró su inocencia, calificó de “absurda” la acusación, dijo que nunca financió el narcotráfico y que no tiene recursos para hacerlo.

El ex intendente estaba acusado de haber aportado los fondos para el relanzamiento de la organización narcocriminal encabezada por Daniel Celis. ¿De qué manera? Mediante la entrega de una suma de dinero en efectivo y contratos en la Municipalidad para personas allegadas al jefe de la banda de narcotraficantes. Sin embargo, terminó condenado como partícipe necesario del delito de comercio de estupefacientes.

El tribunal destacó “la gravedad” del delito que se le imputaba a Varisco, resaltó que “también infringió sus deberes positivos al participar en conductas de narcotráfico” y advirtió que “esos deberes les corresponden a todos los ciudadanos, pero aún más a aquellos que dedican su vida a militar en un partido democrático para mejorar la vida de los ciudadanos y desde ese lugar propender a una convivencia armoniosa y en paz”.

Sostuvo además que “Varisco decidió solventar su candidatura representando al partido radical, siendo un dirigente reconocido, de manera reprochable penalmente. Ello se traduce en que tuvo y sigue teniendo poder territorial, medios, estructuras materiales y humanas que pueden favorecer su extrañamiento del proceso”.

Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispusieron además la prisión preventiva de Varisco, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario, tal como había solicitado el fiscal José Ignacio Candioti, teniendo en cuenta los problemas cardíacos y la reciente operación de cadera que sufrió el ex jefe comunal. Asimismo, el tribunal inició el trámite para colocarle una tobillera electrónica a fin de controlar el cumplimiento de la medida y dispuso el control y supervisión por parte del Patronato de Liberados.

El criterio del tribunal fue rechazado por el abogado Rubén Pagliotto, defensor del ex intendente: “El tribunal acaba de consagrar la ‘doctrina Irurzun’ y dictaminó que Varisco debe quedar bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme porque tiene el poder residual suficiente y la estructura para evadir la condena”.

Además, los jueces decidieron remitir a la fiscalía de primera instancia una denuncia que hicieron los abogados Pagliotto y Miguel Ángel Cullen en su alegato, a la que también hizo referencia Varisco en sus últimas palabras, sobre una propuesta que supuestamente les hiciera la ministra Patricia Bullrich para que Varisco “entregara” al ex concejal Pablo Hernández y la ex policía Griselda Bordeira, y así quedar desvinculado de la causa judicial.

El tribunal también condenó el ex concejal Hernández y a la ex policía y ex funcionaria municipal Bordeira, que recibieron penas de cinco años de prisión –continuarán detenidos bajo arresto domiciliario– y deberán pagar una multa de 37.500 pesos.

Del mismo modo, fue condenado Daniel Andrés Celis, líder de la organización narcocriminal a la que se vincularon los funcionarios municipales. En su caso, recibió una pena de trece años de prisión y se le impuso una multa de 250.000 pesos.

Dentro de la sala, separada del resto de los imputados, la “arrepentida” Luciana Lemos celebró primero cuando el tribunal dijo “absuelta” por la tenencia de un arma sin autorización y luego evitó hacer cualquier comentario sobre la condena que recibió a la pena de cuatro años de prisión y multa de 30.000 pesos por comercialización de estupefacientes. No se dijo, pero es evidente que el tribunal admitió reducirle la condena por su colaboración para desentrañar la trama que vinculaba a funcionarios y narcotraficantes.

También fueron condenados otros veintiún integrantes de la organización, por el aterrizaje de una avioneta cargada con más de trescientos kilos de marihuana y por haber colaborado en el relanzamiento de la banda narcocriminal a partir de un nuevo acuerdo de financiamiento con funcionarios municipales. La mayoría recibieron prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme y cuatro de ellos quedaron en libertad. Otras seis personas resultaron absueltas: Hernán Rivero, Renzo Bertana, Miguela Valde –el hijo y la madre de Celis–, Patricio Larrosa, la curandera María Esther Márquez y el agente de tránsito Alan Viola.

Los fiscales celebraron el fallo. Carlos García Escalada destacó que “el tribunal dio cuenta de la magnitud de la causa, de las imputaciones que formuló el Ministerio Público Fiscal y de la gravedad de los hechos que se investigaron”.

Asimismo, se dispuso el decomiso de la avioneta Cessna 210A en la que se transportaron los 317 kilos de marihuana que la Policía Federal incautó en un campo de Colonia Avellaneda, un automóvil Honda Fit y un Volkswagen Vento, ambos pertenecientes a Miguel Ángel Celis; una Toyota Hilux que utilizaban los hermanos José y Omar Ghibaudo, dueños del campo; una Ford F-100, de Luis Orlando Céparo; una Chevrolet S-10 perteneciente a José Marcial Caballero; un automóvil Chevrolet Cruze, propiedad de Eduardo Celis, hermano de Tavi; un automóvil Peugeot 307 y dinero en efectivo.