Defensores denunciaron que Lemos fue coaccionada para incriminar a funcionarios

23/12/2019

Los abogados de Sergio Varisco dijeron que Luciana Lemos fue sometida a una suerte de “tortura legal” para incriminar a los funcionarios municipales con el narcotráfico. Hubo fuertes críticas a la investigación y un pedido de absolución para el ex intendente y para la ex policía provincial Griselda Bordeira.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Jugaron una carta fuerte los defensores de Sergio Varisco: denunciaron intromisiones de la política y severas falencias de la investigación que tiene al ex intendente sentado en el banquillo por haber supuestamente financiado a una organización narcocriminal.

Durante más cuatro horas hicieron los defensores un alegato político en el que no faltaron tampoco críticas a la investigación. Dijeron que la ministra Patricia Bullrich le pidió al ex intendente la cabeza del ex concejal Pablo Hernández y de la ex policía Griselda Bordeira para archivar la causa que los tuviera bajo sospecha y que el juez Leandro Ríos “compró, a bulto cerrado, el paquete que le vendieron los investigadores de la Policía Federal”.

Pero el punto más fuerte fue la denuncia respecto de que Luciana Lemos, ex pareja de Daniel Celis, fue coaccionada para involucrar al ex intendente Varisco y al resto de los funcionarios municipales como adquirentes de cocaína: “Fue sometida a lo más parecido a una tortura legal”, disparó Miguel Ángel Cullen en un tramo de su alegato.

En ese marco, dijeron que esa suerte de “delación premiada” le representó un tratamiento preferencial en la acusación de los fiscales. En el alegato pidieron que sea condenada a cuatro años y seis meses de prisión, una pena morigerada porque consideraron que su declaración sirvió para determinar el rol de los funcionarios e identificó a los proveedores. Sin embargo, los defensores cuestionaron que se solicite una pena por debajo del mínimo que establece la ley y señalaron que Lemos mintió y, a pesar de ello, resultó beneficiada.

En el final del alegato solicitaron la absolución lisa y llana de Varisco e incluso sugirieron que la sentencia debería mencionar que el proceso penal no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el ahora ex intendente.

La cándida Eréndira…

El abogado Rubén Pagliotto comenzó su exposición celebrando los acuerdos políticos y señalando que a lo largo del proceso “se ha pretendido denostar de manera perversa e irrespetuosa a la actividad política”.

Pagliotto no tardó en cargar las tintas sobre Patricia Bullrich y relató un encuentro en el que la entonces ministra les dijo a los dos defensores, en presencia de Rogelio Frigerio, que si Varisco “entregaba” a Hernández y Bordeira, “todo se termina”, en obvia alusión a la posibilidad de archivar la causa judicial. La respuesta de Varisco, dijo Pagliotto, fue “contundente y categórica: contestó que no entregaría a nadie, y mucho menos a aquellos que no hicieron nada”.

Dijo además que Bullrich construyó una mentira porque Varisco aparecía en ese momento, a mediados de 2017, como candidato posible para competir en las elecciones generales a gobernador con Gustavo Bordet. “Es una mentirosa”, insistió.

En ese marco es que aseguró que “el juez Leandro Ríos compró, a bulto cerrado, el paquete que le vendieron los investigadores de la Policía Federal; y eso demuestra que ese hombre conoce mucho del derecho pero no aprobó la facultad de la vida”.

En su crítica a la Policía Federal agregó que “la cuestión de la avioneta les habría dado pie para investigar un acuerdo político que después pasaría a ser un acuerdo político para financiar el narcotráfico y acá en el juicio vuelve la cantinela de la compra de droga”.

Cullen, por su parte, explicó que la acusación contra el ex intendente Varisco surgió a partir de un mensaje de texto que Celis envió el 5 de septiembre de 2017 a su pareja, Fernanda Orundes Ayala:
–Por fin una buena, arreglé con el intendente –escribió y luego borró el mensaje.

El letrado, en primer lugar, cuestionó la requisa en la que fue hallado el teléfono celular del que salió el mensaje. El aparato fue secuestrado al día siguiente y remitido al juez federal, a pesar de que Celis estaba detenido a disposición de la justicia provincial, denunció.

Dijo además que en los días previos Celis había mantenido una fuerte discusión con el entonces concejal Hernández, a quien le reclamaba un contrato para Orundes Ayala. Por eso Cullen sugiere que el mensaje pudo aludir a que le hubieran prometido agilizar ese trámite. Lo cierto es que Orundes Ayala tenía un contrato en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social desde 24 de octubre de 2016.

Luego afirmó que la “mítica” División Lavado de Activos de la Policía Federal, que elaboró un informe donde planteó una serie de “inconsistencias” en la utilización de los dineros públicos, “es un desastre” e insistió en refutar la aseveración de las contadoras que advirtieron la existencia de órdenes de pago duplicadas y que daría sustento a la hipótesis de que parte del dinero que se utilizaba para financiar las actividades de narcotráfico.

En esa misma línea, Pagliotto cargó contra Luciana Lemos, cuya declaración abrió la puerta para implicar a los funcionarios en la trama. “No creo en la cándida Lemos; la única cándida era Eréndira”, ironizó aludiendo al libro de cuentos de Gabriel García Márquez. “Dice que Tavi Celis le ordenaba lo que tenía que escribir en el cuaderno; después dice que no le hacía caso y anotaba lo que quería”, agregó para plantear más dudas.

Luego se introdujo en las anotaciones de los cuadernos y dijo que Bordeira no es “Amigo X”, Varisco no es “Nacho”, Hernández no es “Daniel” y Emanuel Gainza no es “Chino”, como consignó Lemos en sus anotaciones.

Pagliotto aseguró que “el verdadero Amigo X” se les presentó a los defensores y ellos lo presentaron bajo reserva de identidad en el expediente; dijo que se trata de un empresario que aportó datos que fueron desechados por la justicia y por eso, dijo, “Varisco se comió toda la gestión acusado de narcotraficante”.

Cullen siguió con las críticas y dijo que la declaración de Luciana Lemos fue en realidad “una negociación” para una delación. “En la inquisición no se respetaban los derechos ni las garantías; y las delaciones eran la forma más sencilla de obtener resultados. Lemos fue sometida a lo más parecido a una tortura legal que pueda haber: a una madre se le dice que si no declara de tal modo, le darán tantos años de prisión. Eso fue lo que pasó y lo estamos naturalizando. No la juzgo porque ella quería irse a su casa con sus hijos”, agregó.

Por otra parte, insistió en que no existen escuchas directas de Varisco, cuestionó la interpretación policial y consideró “increíble” que Varisco le diera dinero a Hernández, Bordeira y Viola para que se lo entreguen a Celis y que pensara que éste, estando detenido, estuviera liderando una organización dedicada al narcotráfico. “¿Quién puede pensar que una persona presa dirige un negocio de narcocriminalidad?”, insistió.

“Está demostrado que los funcionarios municipales no fueron adquirentes del tóxico y que el dinero que le daban a Lemos a cuentagotas del municipio era la devolución de lo que había aportado Celis en la campaña”, reiteró Cullen.

Bordeira, inocente

Por su parte, Marcos Rodríguez Allende –defensor de Bordeira, junto con Boris Cohen– solicitó la absolución lisa y llana de la ex funcionaria municipal y ex policía provincial.

El letrado rechazó que Bordeira haya adquirido cocaína y que haya financiado el relanzamiento de la organización narcocriminal encabezada por Tavi Celis. Por el contrario, aseguró que “nunca se realizaron tareas de campo que corroboren esa acusación” y agregó que “tampoco hay pruebas de que las comunicaciones telefónicas tenían como finalidad una actividad delictiva y no política”.

De hecho, el abogado reconoció el acuerdo político que celebraron Celis y el entonces candidato Varisco, durante la campaña electoral, pero admitió que “en la política es más lo que no se cumple que lo que se cumple”.

Sin embargo, valoró el trabajo de interpretación de las escuchas telefónicas que hizo la Policía Federal (“creo que hizo un buen papel), pero enseguida agregó que el interpretador, el sargento Carlos Frías, estaba tan imbuido en su tarea que “en su cabeza interpretó que el acuerdo político era para la financiación de la adquisición de estupefacientes”.

En la misma línea, se permitió reinterpretar las declaraciones de Luciana Lemos y enumeró “incongruencias” entre su testimonio y las anotaciones que hizo en los cuadernos. Reconoció como cierto que “Celis presionaba a Lemos” porque quería recuperar 2 millones de pesos que había aportado en la campaña electoral, pero consideró “ilógico” que Lemos distribuyera seis kilos de cocaína entre Varisco, Hernández, Bordeira y Gainza en la Municipalidad en una fecha cercana al 20 de abril de 2018 y que no les cobrara. “Lemos dice que Gainza le debía plata a Celis de la campaña y que por eso anotó su nombre en el cuaderno. Entonces también es posible que consignara los nombres de Bordeira, Hernández y Varisco porque debían plata de la campaña”, señaló.

También consideró que el dinero que Bordeira le entregó a Luciana Lemos el 29 de abril en la Municipalidad eran “por el acuerdo político no cumplido o acaso la financiación del narcotráfico depende la extracción de 10.000 pesos de la cuenta corriente de Bordeira”, se preguntó el letrado. “Celis exigía que le paguen y Lemos no tenía otra posibilidad que implorar en el municipio”, agregó.

Del mismo modo, consideró que probado que efectivamente existió un negocio de venta de zapatos que Bordeira le compró a Cristian Silva y Hernán Rivero, señalados como lugartenientes de Celis; y descartó de plano que el contrato de Ángela Pineda, su madre fuera una pantalla para financiar actividades de narcotráfico.