Funcionarios municipales cuestionaron un informe contable de la Policía Federal

02/12/2019

Tres funcionarios plantearon fuertes críticas al informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal que plantea irregularidades en contrataciones y pagos efectuados por la Municipalidad de Paraná entre septiembre de 2017 y mayo de 2018.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Es un juicio por delitos de narcotráfico pero no se habló de droga.

La lupa está posada sobre las cuentas de la Municipalidad de Paraná y la pregunta que determinará una sentencia de culpable o inocente es si se utilizaron fondos públicos para financiar al narcotráfico.

Un informe de la División Lavado de Activos de Policía Federal, elaborado con la documental secuestrada en la Municipalidad y material informático aportado por las áreas contables, advierte sobre algunas “inconsistencias” en la utilización de los dineros públicos, específicamente, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, que es el período que comprende la investigación sobre presuntas vinculaciones de funcionarios con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Celis.

El tesorero general de la Municipalidad César Ferrari, el contador general Eduardo Campdesuñé y la subcontadora general Liliana Politti hicieron un pormenorizado relato sobre el derrotero administrativo de las contrataciones para la provisión de bienes y servicios (compra de insumos, publicidad, personal), desde que se origina el expediente hasta que se efectúa el pago al proveedor.

De ese modo pretendieron desacreditar las conclusiones del informe de la División Lavado de Activos que advierte sobre la existencia de órdenes de pago y número de expedientes duplicados, sobredimensionamiento del gasto de publicidad, un aparente sobreprecio en las contrataciones para la muestra de Tecnópolis y otras observaciones.

Desmentidas, tropezones y discusiones

“El informe pericial está mal hecho o se interpreta mal la información”, aseguró el contador general, Eduardo Campdesuñé.

Los funcionarios explicaron que existen dos tipos de órdenes de pago: las que se emiten por compras y contrataciones, entre las que se cuentan las de publicidad, señaladas con un subíndice 32; y otras que hacen referencia a los concursos de precios, licitaciones públicas y privadas y cotejo de precios, que tienen el subíndice 35. “Puede haber un mismo número en la terminación, pero con diferente centro de emisión”, explicó el tesorero general, César Ferrari. De modo que, efectivamente, existen órdenes de pago que tienen el mismo número, pero la diferencia la hace el subíndice que acompaña esa orden. “Si hubiera duplicidad en las órdenes de pago sería una falla garrafal del sistema”, acotó Campdesuñé.

Sin embargo, los fiscales hicieron notar un caso de órdenes de pago duplicadas correspondientes a la prestación de servicio de publicidad a favor de una mujer y otras idénticas por licitación privada y cotejo de precios a favor de otros proveedores. “Eso no es correcto”, atinó a responder la subcontadora general Liliana Politti.

Asimismo, Ferrari explicó que existe un giro de dinero que supone la salida de fondos de una cuenta y el ingreso de la misma cantidad en la misma cuenta del municipio en el Banco de Entre Ríos SA, en una operación denominada “espejo”. Ese esquema se produce mediante la emisión de cheques. Esto llamó la atención de los peritos de la Policía Federal. La excepción es un cheque de 149.779,48 pesos, que tiene endoso, sello y firma, como si hubiese sido cobrado por Ferrari en la ventanilla. El tesorero lo desmintió asegurando que “en los registros del banco figura el débito y el crédito” y el error en la interpretación de los peritos se produjo porque “el cajero no utilizó la cuenta espejo”, lo que atribuyó a un “error” del empleado bancario que le significó una sanción.

El tesorero afirmó que luego de conocido el informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, contadores del municipio elaboraron su propio informe y se lo presentaron al intendente Sergio Varisco.

Eso motivó la reacción del tribunal. Lilia Carnero se quejó airadamente porque el documento que tenía en sus manos, presentado por la defensa de Varisco para contrarrestar el informe de la Policía Federal, no se correspondía con la documentación en la que se apoyaba Ferrari. La jueza cuestionó a los defensores por no haber presentado oportunamente ese informe interno y su respuesta fue pedir la incorporación de esa prueba, lo que fue rechazado por los fiscales por extemporáneo.

Los peritos de la Policía Federal también cuestionaron el gasto de publicidad. Consideraron excesivo que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 se destinaran 28.833.874,77 pesos. Los funcionarios relativizaron el gasto al señalar que el presupuesto municipal en 2017 fue de 3.400 millones de pesos y en 2018 se incrementó a 4.300 millones.