NARCOTRÁFICO
Controversias en torno a un informe que analiza las cuentas de la Municipalidad
11/11/2019
Peritos de la Policía Federal expusieron acerca de un informe que detectó supuestas irregularidades en las cuentas públicas. Del otro lado, el subtesorero municipal desacreditó el trabajo. Una hipótesis indica que se utilizaban fondos públicos para financiar el narcotráfico.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Una lupa gigante se posó encima de las cuentas de la Municipalidad de Paraná.
Contadores de la División Lavado de Activos de Policía Federal expusieron ante el tribunal oral sobre un informe que elaboraron con la documental secuestrada en la Municipalidad de Paraná en los allanamientos realizados a mediados de 2018.
El documento advierte sobre algunas “inconsistencias” en la utilización de los dineros públicos, específicamente, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, es decir, en el período que comprende la investigación sobre presuntas vinculaciones de funcionarios municipales con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Celis.
Se analizaron contrataciones de personal bajo distintas modalidades; asignaciones de publicidad en forma “discrecional”, según dijeron, e incluso a personas que no tenían a la publicación de noticias como actividad principal; los peritos mencionaron también la existencia de órdenes de pago duplicadas, un aparente sobreprecio en la contratación de bienes y servicios para la muestra de Tecnópolis y otras irregularidades.
Del otro lado, el subtesorero municipal descartó aquello que los peritos consideran “irregularidades”, dijo que hicieron “muchísimas observaciones incorrectas” y aseguró que “no entendieron cómo funciona el sistema contable de la Municipalidad”.
El informe constituye una pieza clave de la investigación. Ello porque da sustento a la hipótesis de que parte del dinero que se utilizaba para financiar las actividades de narcotráfico que desarrollaba Tavi Celis provenía de las arcas de la Municipalidad, para lo cual utilizaban una estructura administrativa y contable que habilitaba a las autoridades a disponer de recursos sin un control efectivo.
Los contratos en la Municipalidad
El informe de la División Lavado de Activos de Policía Federal planteó una serie de “inconsistencias”, “defectos” e “irregularidades” en tres aspectos: el pago de haberes, las contrataciones de publicidad y las contrataciones que se hicieron para montar la muestra de Tecnópolis en la costanera.
La contadora Marcela Julita, de la Policía Federal, advirtió que “a los legajos personales les faltaba mucha información, estaban incompletos”, por ejemplo, en algunos casos faltaban datos personales, en otros el certificado profesional que acredite la idoneidad para la tarea a desempeñar o la fotocopia del decreto que respalde la contratación. “Los legajos no estaban confeccionados de forma simple de modo que se pudiera entender la historia del empleado”, acotó la contadora Silvina Oshtadt, que también trabajó en el informe.
De acuerdo con el informe, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 ingresaron 497 nuevos empleados a la planta del municipio, bajo distintas modalidades de contratación, aunque con la salvedad de que el sistema informático registra a aquellas personas a las que se renueva el contrato con una nueva fecha de ingreso.
Los peritos también mencionaron, al pasar, un entramado de relaciones y vínculos familiares entre las personas contratadas.
En cuanto a la modalidad de pago de esos nuevos contratados, también advirtieron situaciones “llamativas”.
La contadora Julita planteó, por ejemplo, que se detectaron situaciones en las cuales “la Municipalidad libraba un cheque para sí misma, a depositar en la misma cuenta de la que salía el dinero”. Explicó que se trataba de cheques que se emitían “en concepto de haberes”, pero el dinero no tenía movimiento en la cuenta del banco. “Es una modalidad muy inusual porque no se sabe adónde va ese dinero”, acotó.
La perito policial consideró que “no debería haber una emisión de cheques para sí mismo y en la misma cuenta” y arriesgó que “puede tratarse de una maniobra para ocultar otro destino del dinero” o “quizás hicieron una simulación de pagos”.
El subtesorero municipal, Rubén Correa, empleado de la carrera de la Municipalidad, respondió que las peritos policiales “no entendieron cómo funciona el sistema contable” e hicieron “observaciones incorrectas”.
Explicó que el uso de cheques “es el modo que utiliza el sistema de contabilidad para que todo pase por la caja” y admitió que “tal vez se trata de un mecanismo antiguo, pero es seguro porque se puede seguir el rastro de todo”.
En cuanto a la emisión de cheques “en concepto de haberes” que salía de una cuenta y luego era depositado en la misma, explicó que se trata de una modalidad que se utiliza para contabilizar las retenciones a los empleados. “Las retenciones representan alrededor del 40 por ciento del salario neto de un trabajador”, dijo e insistió en que no puede haber una fuga de fondos públicos sin que quede registro de ello.
La publicidad bajo la lupa
Otro de los ítems que aborda el informe de la Policía Federal está referido al gasto de publicidad oficial que tuvo la Municipalidad en el período que comprende la investigación a la organización narcocriminal encabezada por Tavi Celis.
Los peritos consideran que hubo un sobredimensionamiento del gasto. Es un criterio. En ese período se pagaron 28.833.874,77 pesos de pauta. Lo cierto es que el tema que ha estado en la agenda pública en los últimos años y no existe a nivel nacional, ni provincial ni municipal una normativa que regule el uso de la publicidad oficial.
La contadora Julita explicó que para el análisis “se tomaron muestras al azar de prestadores de publicidad y se detectó que había gente que tributaba por rubros que no tenían nada que ver con publicidad, por ejemplo, venta de carne; otros que estaban dados de baja en los registros de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)” y agregó: “Pensamos que podía tratarse de una simulación de pagos o facturación apócrifa”.
Los fiscales le preguntaron por Ángela Pineda, que tenía un contrato de obra para desarrollar tareas en la presidencia municipal y, a la vez, facturaba publicidad. No fue azarosa la pregunta: es la madre de la ex policía provincial Griselda Bordeira.
La perito explicó que “se trata de una persona jubilada, con domicilio fiscal desconocido, que tenía varias actividades y se dio de alta para facturar publicidad en abril de 2018, a la vez que estaba contratada como personal de limpieza”. También les llamó la atención que las facturas de publicidad emitidas por Pineda coincidían con otras presentadas por Jésica Johana Blanco: “una caligrafía que a simple vista es igual” y certificaciones idénticas (las mismas notas periodísticas e igual fecha), según dijo. Aunque no hay una pericia que lo confirme. En tanto, Blanco tenía un contrato de servicios en la Municipalidad. ¿Por qué les llamó la atención? Porque Blanco y Bordeira tenían el mismo domicilio.
La contadora Julita hizo notar además que se detectaron “duplicaciones” en el número órdenes de pago y el número de expedientes.
Sin embargo, el subtesorero Correa señaló que los peritos “tenían la documentación para fácilmente darse cuenta de que no es así”. El funcionario explicó que existen hay dos tipos de órdenes de pago: las que se emiten por compras y contrataciones, entre las que se cuentan las de publicidad, señaladas con un índice 32; y otras que hacen referencia a los concursos de precios y licitaciones públicas o privadas, que tienen el índice 35. De modo que, efectivamente, existen órdenes de pago que tienen el mismo número, pero la diferencia la hace el índice que acompaña esa orden.
No obstante, Correa admitió ciertas “irregularidades”, entre ellas, que se les abone a dos proveedores con el mismo número de orden pago; o un expediente en el que se llame a licitación para la compra de productos tan disímiles como redes de vóley, elementos deportivos, banner institucional o baterías para autos.
Cuánto cuesta ir al baño en Tecnópolis
La visita de la muestra de Tecnópolis Federal, en junio de 2017, también tuvo algunas observaciones por parte de los peritos de la Policía Federal. Consideran excesivo que se pagaran 2.908.710 pesos por baños químicos y vallas de contención durante las dos semanas que permaneció el evento en la costanera.
A los peritos les llamó la atención que la factura emitida por la empresa Eventos Paraná SRL no indicara la cantidad ni el costo unitario de los baños químicos ni la cantidad de vallas. A partir de una nota periodística supieron que se contratarían 120 baños químicos e hicieron una estimación del costo que tendría cada uno, que estimaron entre 400 y 500 pesos por día, según explicaron. Ahora bien, para determinar si el precio abonado era excesivo recurrieron ¡al portal Mercado Libre!, donde obtuvieron un precio de 60 pesos por día por parte de una empresa que prestaba servicios en ¡zona oeste y zona norte de Capital Federal!