Montefiori atravesó sin sobresaltos la audiencia pública

09/10/2019

La aspirante a ocupar un cargo de defensora pública tuvo su entrevista ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. Respondió sobre el rol que le tocaría desempeñar y también sobre la causa que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. La entrevista completa.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La abogada Paula Montefiori atravesó sin sobresaltos la audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y se encamina a recibir el acuerdo parlamentario para ser designada como defensora pública, cargo que ya ocupara en forma interina.

Debió responder preguntas sobre el rol específico de los defensores públicos (destacó el crecimiento de las intervenciones en materia penal como consecuencia directa del incremento de la pobreza); cuestionó las limitaciones que se pretenden imponer al juicio abreviado, aunque advirtió que no debería admitirse ese instituto para imponer una prisión perpetua; y se manifestó a favor del juicio por jurados aunque a opción del imputado, como plantea el Colegio de Abogados.

Pero la entrevista también discurrió por otros carriles.

Las dudas respecto de su postulación surgen por el rumbo de una investigación que le tiene como sospechosa por presunto enriquecimiento ilícito. La causa se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación que hicieron legisladores de la oposición, entre ellos el senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná), que apuntaba en un principio contra el entonces titular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa, esposo de Montefiori.

La entrevista ante la comisión legislativa se inició, precisamente, con una pregunta sobre su situación patrimonial: dijo ser titular de un automóvil Honda Fit modelo 2014 y co-titular de un vehículo Ford S Max modelo 2014 que comparte con su esposo, Canosa; y también declaró plazos fijos en pesos y en dólares que constituyó con sus propios ingresos.

No mencionó en un primer momento ningún bien inmueble, aunque luego, ante una pregunta del senador Rogelio Schild (Cambiemos-Diamante), dijo no tener propiedades, que vive en una casa en la zona de la Toma Vieja registrada a nombre de Canosa “y que fue declarada en la declaración jurada” que presentó cuando era defensora pública en la que constan sus bienes y los de su esposo. “Es una casa que está hipotecada, con un crédito hipotecario a veinte años que fue concedido a ambos”, se explayó. “Tenemos esa casa y un plan de Pilay, que también fue declarado, pero no es de mi propiedad”, acotó. Esa explicación es parecida a la que dio ante el Consejo de la Magistratura y que publicara Página Judicial.

Ese es un dato significativo porque en su momento los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, solicitaron un allanamiento para constatar el estado general del inmueble, como así también determinar los bienes muebles que ambientaban la casa, a fin de establecer el valor general y determinar el patrimonio total de Canosa y Montefiori. De ello dependerá que ambos sean citados a prestar declaración de imputados. Por lo pronto, ambos ya designaron abogados defensores.

“Me recibí de abogada a los 23 años y he trabajado en la docencia, en la profesión y en la administración pública”, sostuvo ante los senadores.

La aspirante dijo además que no tiene deudas tributarias ni de monotributo, que tiene un perfil de “muy bajo riesgo” ante el fisco y que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que no ha registrado movimientos ni operaciones sospechosas de dinero.

Dijo también que mientras fue defensora pública, entre septiembre de 2014 y abril de 2017, presentó en tiempo y forma sus declaraciones juradas de bienes. Este punto también ha sido motivo de controversia porque cuando los fiscales solicitaron esas declaraciones se chocaron con su negativa y recién pudieron obtenerla con una orden judicial.

La denuncia y el concurso

Como se dijo, la causa se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación en la que se señalaba que el matrimonio “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y otras cuestiones.

Kisser, que integra la comisión pero se excusó de intervenir en este caso por haber sido quien formuló la denuncia, dijo hace unos meses que hubiese sido prudente que Montefiori esperara a que se resolviera la causa penal para concursar para un cargo público.

Al respecto, la aspirante explicó que “la investigación por enriquecimiento ilícito se inició en diciembre de 2016 y luego derivó en (una causa por) negociaciones incompatibles que terminó en una condena que aún no está firme” contra Canosa, su esposo, y aclaró que en esa causa “se determinó que no hubo ningún tipo de daño patrimonial al Estado”.

“Quiero aclarar que yo me anoté a este concurso en febrero de 2017 y rendí en noviembre de ese año. Salí primera con 39 puntos sobre 40, que fue el máximo puntaje que hubo en el examen escrito, y tuve los antecedentes más altos, lo que demuestra mi capacitación. Luego fui aplazada en la entrevista, porque de 20 puntos me pusieron 6,50 puntos. Y un año después fui convocada a designar abogado defensor para controlar la prueba que se estaba produciendo (en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito), porque a mí se me estaba investigando desde diciembre de 2016, a pesar de que yo no estaba informada”, explicó la abogada.

A partir de ahora, la comisión deberá elaborar un dictamen y someterlo al pleno de la Cámara de Senadores, que es quien deberá dar acuerdo o rechazar el pliego. Pero es probable que en esta historia haya todavía más capítulos por escribir.