El estudio Integral Asesoría es una cueva de misterios

19/02/2019

El integrante del buffet que falta se abstuvo de declarar.Hace una semana Página Judicial publicó un diálogo con el contador Opromolla que alimenta la hipótesis de cómo funcionaba el mecanismo por el que se desviaron 2.000 millones.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Otro integrante de un estudio contable se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público Fiscal. Está en todo su derecho. En este caso es Nicolás Beber, de Integral Asesoría. Se trata del buffet que fue allanado el 3 de octubre en el marco de la investigación por la megacausa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura.

Los contadores Pedro Opromolla y Guido Krapp se abstuvieron también de declarar antes los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. El único que lo hizo fue Gustavo Falco. Su decisión de aportar a los investigadores, en contraposición a los demás integrantes del estudio, es un elemento inquietante.

Falco contó la semana pasada ante los fiscales cómo llegó al estudio de calle Misiones, donde alquila una oficina. Aportó a la Fiscalía planillas de gastos y de alquiler. También detalló cuál era su contraprestación por el contrato que le había hecho el senador Pedro Guillermo Guastavino. El contador dijo que su tarea era tramitar jubilaciones otorgadas por el gobierno nacional.

Otro dato importante que aportó fue ante la consulta sobre los tarjeteros del caso, es decir, quienes manejaban los plásticos de los contratos truchos. Aseguró desconocerlos, aunque se refirió a Flavia Beckman: si bien alegó no haberla visto nunca, reveló la existencia de una caja con ese nombre en el estudio.

Es todo lo que dijo en torno a ese estudio, pero no es todo lo que se sabe. Se sabe mucho más. Del legajo mismo surge información delicada sobre la situación de los integrantes de Integral Asesoría, el buffet que no tuvo a ninguno de sus integrantes detenidos ni inhibidos.

Página Judicial publicó hace dos semanas una diálogo conmovedor entre Opromolla y Beber que deja entrever el mecanismo por el cual se desviaron unos 2.000 millones de pesos en 10 años. Desde las cámaras legislativas se contrataba a personas a las que no se les asignaba ninguna tarea ni se le reclamaba la prestación de ningún servicio, más que dar su nombre a cambio de tener una obra social.

Los diálogos se sucedieron durante los días 28 y 29 de mayo del año pasado:

Este sitio dio cuenta del contrato que tenía Opromolla en la Cámara de Diputados firmado por Sergio Urribarri. Los fiscales se quedaron con las ganas de saber si había otras funciones de las descritas en el mismo contrato.

Según supo Página Judicial, Krapp también está contratado en la Legislatura. En su caso en el Senado. Incluso, como empleado del Bersa, fue quien gestionó una boca de expendio de Entre Ríos Servicios.

Una lástima para los investigadores que no pudieron profundizar.

Los tres contadores del estudio estuvieron contratados en la Legislatura y en el Congreso, pero sólo uno, Falco, se prestó a la indagatoria.

Cuánto misterio. Y el público y los fiscales sin saber.