Giorgio tuvo su audiencia pública y pidió contar con una Policía Judicial
03/05/2017
De la Redacción de Página Judicial Durante una hora y media, el juez Miguel Ángel Giorgio expuso sus objetivos y respondió las preguntas de los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), en la audiencia pública convocada para conocer el desempeño y expresiones del postulado para ocupar
De la Redacción de Página Judicial
Durante una hora y media, el juez Miguel Ángel Giorgio expuso sus objetivos y respondió las preguntas de los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), en la audiencia pública convocada para conocer el desempeño y expresiones del postulado para ocupar un cargo como vocal de Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Giorgio fue propuesto por el gobernador Gustavo Bordet como vocal de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del STJ, en reemplazo del renunciado Carlos Chiara Díaz, que dejó el cargo en medio de un proceso de juicio político.
En su exposición, Giorgio hizo hincapié en que su objetivo será “facilitar el acceso a la justicia en todos sus niveles”, para lo cual pretende recorrer cada una de las jurisdicciones, según dijo. “Se advierten en la práctica nuestros errores y todas las experiencias recogidas desde los aciertos y errores, quiero que sirvan para mejorar mi futura tarea. No soy un salvador, vengo a hacer mi aporte, para lo que ya he empezado desde el interinato que se me propuso ante la enfermedad del doctor (Daniel) Carubia”, enfatizó.
En ese sentido, destacó la instrumentación del sistema acusatorio, a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en la provincia. En ese sentido, dijo que “es un sistema nuevo, hay que darle tiempo para que se asiente”, pero admitió que ante las quejas de algunos abogados sobre su instrumentación “hay cosas que pulir, en cuanto al examen de las pruebas”. Uno de esos aspectos podría ser la creación de una Policía Judicial para realizar investigaciones complejas, algo que reclamó en la audiencia pública.
El magistrado señaló que durante su función como juez de Instrucción hubo casos en los que debió apartar a la Policía porque carecía de objetividad para llevar a cabo alguna investigación y, si bien admitió que “hay una vieja discusión” al respecto, consideró que “es necesario contar con una Policía Judicial”.
Una nueva cárcel
Por otra parte, se refirió a la situación de las unidades penales. Ante la consulta de los legisladores señaló que “la actualidad es de espanto”. En ese sentido, detalló que al día de hoy hay 1.844 personas detenidas, de las cuales 731 se encuentran en la cárcel de Paraná, “que está desbordada en su capacidad”, según dijo. “Hasta se ha utilizado una capilla para alojar internos”, acotó en otro tramo de su exposición.
En ese sentido, resaltó la necesidad de construir una nueva unidad penal: “El delito aumentó, lamentablemente no queda otro remedio; es necesario (construir otra cárcel”, enfatizó ante la consulta de los legisladores.
El magistrado atribuyó la sobrepoblación penitenciaria a una “consecuencia de la aplicación del nuevo sistema, que agilizó la resolución de las causas”. Razón no le falta: el sistema está en condiciones de soportar un máximo de 1.500 detenidos, pero desde 2011 se registró un incremento del 147 por ciento entre condenados y procesados.
Ante una consulta, explicó que “la cárcel de por sí desocializa, rompe vínculos familiares y de amistades; de modo que si enviamos a los internos a lugares más alejados vamos a profundizar esa desocialización. El interno necesita de la visita y el acompañamiento de sus seres queridos, es lo que lo rescata y lo puede reconducir”.
“La cárcel no debe ser un depósito, las personas van a salir algún día, las penas son limitadas y debe haber repuestas republicanas y racionales de parte del sistema”, sentenció.
A favor del juicio abreviado
En otro tramo de su exposición fue consultado sobre la viabilidad de un proyecto para prohibir los juicios abreviados cuando se analizan casos de violencia sexual. Giorgio explicó que “son cuestiones que se adoptan en un contexto histórico”, pero consideró como lo consideró como “positivo” y “un modo de contribuir a la pacificación social” porque “de ningún modo se cercena la posibilidad de hacer una correcta defensa del acusado y abrir los caminos para llegar a la verdad de lo que sucedió”.
No obstante, resaltó que el juicio abreviado surgió como una herramienta válida para agilizar los tiempos judiciales y resolver causas donde los hechos no están controvertidos y la responsabilidad de los acusados está demostrada. De todas maneras, aclaró que “el juicio abreviado no cierra la puerta para profundizar en determinados hechos”.
También admitió que una falencia del sistema en ese sentido es la falta de participación que se le da a la víctima, incluso a través de la querella, para decidir. “Hay que escuchar a la víctima”, enfatizó Giorgio en ese punto, aunque remarcó que “hay paradojas en el sistema y algunas veces se ataca el abreviado por la aparición de penas bajas que no satisfacen a la sociedad”.
Ante la consulta sobre si esta herramienta podría aplicarse al sistema penal de menores, aclaró que “puede ser una excepción”.
A favor de la ley de narcomenudeo
Más adelante, dijo estar de acuerdo con la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía, lo que se denomina el combate contra el narcomenudeo.
“Estoy de acuerdo si se hace el proceso integral, que implica que sea en la misma jurisdicción donde se hace el juzgamiento”, explicó. “Si vamos por un resultado serio, el proceso debe ser integral. No es una materia tan complicada sobre la que hay que fallar, hay cuestiones más complejas”, afirmó ante los legisladores.
En ese marco, se le preguntó si el sistema judicial entrerriano estaría en condiciones de asumir la competencia para la investigación, acusación y juzgamiento de ciertos delitos de narcotráfico: “No es un delito tan complejo, honestamente, teniendo gente especializada, se puede actuar e ir contra la persona responsable de un delito”, aseguró Giorgio.