El segundo de Báez no lo nombró y apuntó a las empresas de publicidad
19/12/2016
De la Redacción de Página Judicial Gustavo Tamay, el ex funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, prestó declaración indagatoria, en el marco de la causa donde se investigan fraudes en las contrataciones de publicidad durante la administración de Sergio Urribarri. Tamay era una especie de ladero de Pedro Báez en el Ministerio de Cultura,
De la Redacción de Página Judicial
Gustavo Tamay, el ex funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, prestó declaración indagatoria, en el marco de la causa donde se investigan fraudes en las contrataciones de publicidad durante la administración de Sergio Urribarri.
Tamay era una especie de ladero de Pedro Báez en el Ministerio de Cultura, como Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública, y su rol era el de controlar que la publicidad que el Estado contrataba se cumpliera en las condiciones en que se había acordado y de la forma prevista.
En su acusación, los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro señalaron que Urribarri y Báez generaron un sistema “desprovisto de controles en el cual se direccionó (la publicidad) hacia un familiar (Juan Pablo Aguilera) y el entorno del ex gobernador, lo que generó un consiguiente perjuicio patrimonial para el Estado”.
En ese esquema, Tamay debía certificar las constataciones de publicidad y el mantenimiento de la cartelería. Según los fiscales, “uno de los incumplimientos por las personas encargadas de certificar, que eran Báez y Tamay, era el control efectivo en forma mensual que tenían que hacer de las publicidades”.
Según pudo reconstruir Página Judicial, Tamay prestó declaración ante el fiscal Brugo, asistido por el abogado Ramiro Pereira. Explicó cuál era su trabajo, dijo que era un empleado sin cargo político y negó que fuera funcionario político, más allá de haber tenido una equiparación salarial; aseguró que no cometió ningún delito y resaltó que las publicidades que contrataba el Estado efectivamente se cumplían.
Pero de Báez, también imputado en la causa, ni una palabra.
En cambio, echó culpas a las empresas que contrataban servicios de publicidad: “Las fotografías no las sacaba ni las aportaba yo, sino que las aportaban las empresas. En las órdenes de publicidad está especificado cuál era la documentación que debían acercar las empresas y se establecía que las empresas eran las responsables de la documentación que debían presentar (…) Eran las empresas las que entregaban las fotografías porque en muchos casos las presentaban en hojas membretadas y en muchos casos también ponían la campaña y todo”, declaró ante el fiscal.
Una de esas empresas es la que se atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Urribarri. Se trata de TEP SRL, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano, y está sospechada de haber recibido millonarias contrataciones.
En ese sentido, Tamay insistió varias veces en que el control de publicidad se hacía sobre la documentación que presentaban las empresas y aseguró que nunca se facturó por publicidad que no se hubiera cumplido.
Un dato que llamó la atención fue que negara su condición de funcionario político y dijo ser empleado desde hace veinte años del Ministerio de Turismo. Es cierto que Tamay ingresó a la administración pública en 1997, durante el gobierno de Jorge Busti, con un contrato en la entonces Subsecretaría de Turismo y que allí tiene su planta permanente, pero desde 2007 que no cumple funciones en esa repartición.
Desde el 11 de diciembre de 2007, fue “afectado” a la Dirección de Prensa de la Gobernación, donde pasó toda la primera gestión de Urribarri; hasta que se pidió su adscripción al flamante Ministerio de Cultura y Comunicación, a partir del 21 de diciembre de 2011, “atento a su capacitación y conocimientos en la materia propia” del área. En ambas ocasiones, de la mano de Báez.
Dice Tamay que no era funcionario, pero un documento oficial lo rebate: el Decreto Número 66/2012 dispone el pago de “la diferencia remunerativa entre el cargo que detenta en la planta permanente del Ministerio de Turismo y el correspondiente al de funcionario político (…) atento al desempeño de funciones de mayor jerarquía”.
Lo cierto es que Tamay es apenas un eslabón en la cadena, tal vez el más débil.
Los fiscales aseguran que Urribarri y Báez “beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana María Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial”. Todos ellos están imputados imputados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos.