Una posible simulación de contratos de publicidad complica a Pedro Báez

JUSTICIA Y POLÍTICA

Una posible simulación de contratos de publicidad complica a Pedro Báez

Se realizará una pericia para detectar irregularidades en certificaciones de publicidad que presentaba la imprenta que se atribuye al cuñado de Sergio Urribarri. “Estamos ante un plan sistemático y constante, desde 2010 a 2015, aplicando un procedimiento arbitrario y desprovisto de controles en el cual se direccionó hacia un familiar del ex gobernador”, dijo el fiscal Santiago Brugo. La maniobra consistía, se cree, en presentar fotografías repetidas para certificar contratos publicitarios. Las órdenes de publicidad están firmadas por Pedro Báez y Gustavo Tamay.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



El juez Humberto Franchi rechazó la pretensión del abogado del ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, para suspender la realización de una pericia tendiente a determinar si se utilizaban fotos repetidas para certificar las distintas órdenes de publicidad que mes a mes presentaba las empresas TEP SRL –que se atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri–, Publicidad Montañana y Bustamante.

En lo formal, eso fue lo que sucedió este viernes en la audiencia celebrada en tribunales. El abogado Ignacio Díaz había solicitado ampliar la pericia para determinar si las fotografías adjuntadas como certificaciones de publicidad se correspondían con las órdenes que había emitido el Ministerio de Cultura y Comunicación. El juez no hizo lugar.

Sin embargo, la audiencia sirvió para exponer públicamente algunas de las irregularidades que se investigan en la causa que tiene al ex ministro Báez y al propio Urribarri, su cuñado y otras personas de su entorno como imputados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos.

En su acusación, los fiscales señalaron que “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana María Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.

El fiscal Brugo enfatizó que hubo “un plan sistemático y constante, desde 2010 a 2015, aplicando un procedimiento arbitrario y desprovisto de controles en el cual se direccionó (la publicidad) hacia un familiar y el entorno del ex gobernador, lo que generó un consiguiente perjuicio patrimonial para el Estado y para ello necesariamente había que certificar la constatación de la publicidad y del mantenimiento de la cartelería”.

Ese “direccionamiento” lo habrían ejecutado Urribarri y Báez. Los fiscales detectaron, en principio, 46 órdenes de publicidad con irregularidades, respecto de varias empresas.

A su vez, el encargado de verificar que la publicidad efectivamente se cumpliera en los términos en que había sido contratada por el Estado era Gustavo Tamay, el Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio.

Sobre ese punto, Brugo explicó que “no se trata solo de probar el direccionamiento de las contrataciones efectuadas a través de procedimientos irregulares llevados a cabo por Urribarri y Báez sino también la falsedad ideológica de las certificaciones mediante fotografías que dan cuenta del cumplimiento de la publicidad que se tenía que hacer en forma mensual o en un período pre-establecido” y agregó que “también hay un perjuicio para el Estado porque se pagó por una contratación de obra que no fue acreditada. Uno de los incumplimientos por las personas encargadas de certificar, que eran Báez y Tamay, era el control efectivo en forma mensual que tenían que hacer de las publicidades. Por eso se habla de ficticias constataciones: está acreditado que las constataciones fueron ficticias”.

Lo que dicen los fiscales es que Tamay, por su cargo, debía viajar a certificar que los carteles estuvieran donde se había acordado y de la forma pautada; pero no lo hizo e igualmente certificó los trabajos.

Los fiscales expusieron un ejemplo de ello en pantalla gigante. La empresa Publicidad Montañana presentó certificaciones de publicidad en ruta. Brugo explicó que en la parte inferior se advierte que “la fecha de constatación varía” y debajo aparecen las firmas de Tamay y del representante de la firma. Pero en las imágenes de cada certificación hay algo que atrae la atención: una vaca. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses”, ironizó el fiscal. “Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, acotó.

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En otras palabras, las empresas presentaban la misma fotografía todos los meses, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar. Esa responsabilidad recaía, según los fiscales, en Báez y Tamay.

El ejemplo de la vaca se replica en otras certificaciones y el mecanismo lo repetían otras empresas: también se constataron certificaciones ficticias presentadas por la empresa Next SRL, que se atribuye a Aguilera, aunque firmadas por Giacopuzzi en representación de la firma, por ejemplo.

La fiscal Yedro explicó que “la hipótesis es que las constataciones de la contratación de obra pública fueron ficticias, por eso se ha adunado este cotejo visual de fotografías, para demostrar que las fotografías son repetidas. A simple vista podemos decir que estamos ante la misma imagen, pero no tenemos la experticia suficiente para confirmarlo; por eso pusimos en manos de expertos esta tarea”.

Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), analizarán las fotografías a partir del 21 de noviembre. También Báez propuso un perito fotógrafo para que participe de la medida de prueba.