La Justicia durmió dos causas que involucran al gobierno provincial
18/08/2015
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Dos causas que provocaron un escándalo y que atañen al gobierno provincial duermen en los estrados tribunalicios. Nada nuevo. Una de ellas es la que tiene como sospechado de estafador al Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Dos causas
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Dos causas que provocaron un escándalo y que atañen al gobierno provincial duermen en los estrados tribunalicios. Nada nuevo.
Una de ellas es la que tiene como sospechado de estafador al Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi.
Quien debe dar fe de los actos del gobierno entrerriano enfrentará un juicio oral y público por fraguar documentos públicos y quedarse con propiedades a través de maniobras fraudulentas, según entendió la Justicia en sus primeras instancias.
Gastaldi sería el arquitecto de un fideicomiso fraudulento que tuvo como objetivo desheredar a una hija no reconocida por un hacendado de Gualeguay. El funcionario provincial colocó a su hijo, también escribano, en el dominio fiduciario con el que se realizó la operación para transferir los bienes.
El hecho tiene condimentos propios de la ficción, como el intento de hacer cremar el cuerpo del potentado para obstaculizar cualquier reclamo filiatorio y allanar el camino para quedarse con 37 inmuebles, en su gran mayoría rurales con excepción de tres inmuebles urbanos. En eso andaba el Escribano Mayor que, como si fuera poco, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo condenó por haber hecho una escritura de cesión de bienes a un hombre que se estaba muriendo.
El escribano y su hijo tienen que enfrentar un juicio ante el tribunal de juicio integrado por Darío Crespo, Roberto Cadenas y María Angélica Pivas. La demora para fijar la fecha del debate no tiene una justificación administrativa o procesal. Fuentes judiciales coincidieron ante Página Judicial que las novedades aparecerían luego de las elecciones. Este argumento – que se repite como si fuera aceptable – no hace otra cosa que ratificar lo que se conoce en Casa de Gobierno y buena parte de los tribunales: la sintonía entre algunos representantes de los dos poderes del Estado.
Más de un año
El 16 de abril del año pasado la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia llegó a la Justicia. El dirigente radical Juan Carlos Arralde promovió una acción de inconstitucionalidad al entender que el procedimiento por el que se pretendía nombrar al nuevo controlador de las cuentas públicas violaba la Constitución entrerriana.
La carta magna reformada en 2008 establece en su artículo 217 que el presidente del organismo de control debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”. Nada de eso ocurrió.
Arralde –en calidad de abogado activo – legitimó la presentación diciendo que él mismo podría ser un “interesado” en ocupar el cargo que hoy ocupa Smaldone, hijo del vocal del STJ, único funcionario nombrado en el alto cuerpo por Sergio Urribarri.
El otro argumento con el que se cuestionó la designación del por entonces ministro de Trabajo, fue la cercanía que tiene precisamente con el gobernador.
Según supo Página Judicial, el vocal Carlos Chiara Díaz emitió el primer voto en febrero. El segundo voto es para Susana Medina De Rizzo, pero no lo hizo. Los vocales tenían 75 días hábiles para dictar la sentencia. Ese plazo debe contarse desde el 18 de febrero pasado cuando el expediente entró a despacho para sentencia.
El viernes pasado, el peticionante manifestó su “preocupación” por la inexplicable dilación ante el secretario de la Sala Contencioso-Administrativa del STJ, Julio Pérez Duchase. No hubo respuesta oficial. Pero un integrante del alto cuerpo deslizó ante este medio una pista: “Hay que esperar que pasen las elecciones”.