NARCOTRÁFICO
Se confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Rosatelli
17/11/2026
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesamiento el procesamiento del comisario Daniel Alejandro Rosatelli por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico, quien continúa detenido en la unidad penal. El mismo temperamento adoptó para el resto de los integrantes de la organización, aunque instó a profundizar la investigación para identificar a otros posibles intervinientes en la cadena de tráfico.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El abogado y comisario Daniel Rosatelli continuará detenido, luego de la Cámara Federal de Apelaciones confirmará su procesamiento y prisión preventiva, acusado de haber planificado una operación para concretar el transporte de 1.345 kilos de marihuana.
El tribunal integrado por Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche consideró que la investigación preliminar detectó “indicios unívocos, serios y concordantes” para vincular a Rosatelli y el resto de los sospechosos con la operación. No obstante, el tribunal instó a profundizar la investigación en torno al rol concreto de cada uno y la existencia de otros eslabones en la cadena del tráfico ilícito de drogas.
Rosatelli está acusado por los delitos de transporte de estupefacientes y falsificación ideológica de un documento destinado a acreditar la titularidad de un vehículo automotor. También por las lesiones contra la persona que había oficiado como intermediario en la compraventa de la furgoneta utilizada y amenazas al vendedor, luego de que este denunciara que no se habían cumplido las condiciones de pago acordadas.
El tribunal también confirmó el procesamiento de los hermanos Alan Favieri, José Belén Favieri, por su participación en la operación; Martín Reynaldo Germán Pelizzari y Claudio David Luna, por su intervención en la compra de la camioneta utilizada para el transporte de la droga.
La historia comenzó a desentrañarse el 13 de febrero de 2026, cuando policías de la brigada de delitos rurales de La Paz descubrieron azarosamente un cargamento de 1.345 kilos de marihuana en un camino rural. En ese momento resultó detenido César Leonel Ramírez, el conductor de la camioneta que transportaba la droga; pero la reconstrucción de la trama escaló y terminó salpicando a Rosatelli.
Hace unos días también fue detenido Juan Esteban Siebelist Bustos, después de permanecer más de dos meses prófugo, sospechado de ser quien dirigía la operación en el territorio.
La camioneta negra
Rosatelli no estuvo aquel 13 de febrero en La Paz, sino que se le atribuye haber planificado el transporte de la marihuana, ya que dispuso de los medios materiales, logísticos y humanos para hacerlo. Según el juez Leandro Ríos, fue quien compró la camioneta Citroën Jumper, a través de terceras personas, a sabiendas de su origen ilegal; gestionó la verificación de la furgoneta en la planta de automotores de la Policía de Entre Ríos, donde pasó sin novedades, a pesar de que tenía un pedido de secuestro y prohibición de circular; la revisó personalmente, frente al club Echagüe, a pocas cuadras de su domicilio; coordinó el pago con el vendedor en cercanías de su estudio profesional; y luego le sustituyó la chapa patente por otra de un vehículo similar.

Los defensores han dicho con insistencia que Rosatelli no tiene ninguna conexión, intercambios telefónicos ni contactos a través de mensajes con aquellos que han sido señalados como partícipes del transporte de la droga.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones señaló que las pruebas deben ser analizadas en su conjunto, y no aisladamente; y que “permiten vincular a cada uno de los imputados aquí recurrentes con la actividad ilícita que se les atribuye, lo que fue puesto de relieve con las tareas investigativas que arrojaron indicios unívocos, serios y concordantes sobre la hipótesis investigada”.
Dicen los jueces que los informes, testimonios, pericias sobre los teléfonos celulares, registros fílmicos y de videovigilancia “constituyen elementos de convicción suficientes que permiten inferir –con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal– la vinculación de los imputados recurrentes en el hecho que les fue atribuido”.
El tribunal sostuvo además que “los imputados habrían desarrollado distintas funciones dentro de una maniobra organizada”; pero cuando se investiga una organización delictiva, “pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe permanecer aunado”.
En cuanto al rol de Rosatelli, el tribunal hizo hincapié en que la acusación no se sostiene en su presencia en el traslado de la marihuana, aquella noche del 13 de febrero en un camino rural de La Paz, “sino en el aporte logístico que se le atribuye dentro de una maniobra organizada con distribución de funciones”, entre los que menciona su capacidad económica para afrontar la compra de la furgoneta utilizada; y aclara que “una actuación organizada no exige necesariamente contactos telefónicos entre todos sus integrantes, sino que corresponde examinar y valorar la convergencia de los aportes atribuidos a cada uno conjuntamente y los elementos objetivos reunidos en esta etapa”.
A las piñas
Rosatelli también está acusado de haber amenazado y atacado ferozmente a golpes a quien ofició de intermediario en la venta de la camioneta, luego de que el vendedor denunciara el incumplimiento de las condiciones de pago acordadas.
Según pudo reconstruirse, Rosatelli, a través de Pelizzari, se habría comprometido a pagarle al vendedor unos 15 millones de pesos por la furgoneta, mediante la entrega de 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por 3 millones de pesos cada uno, dos transferencias bancarias de 1 millón de pesos efectuadas desde una cuenta perteneciente a Luna hacia otra registrada a nombre de un hijo de la pareja del vendedor y acordaron el pago del saldo hasta llegar a la suma convenida.
Pero el incumplimiento de las condiciones precipitó una denuncia en sede policial y devino en el episodio en la sede de la asociación civil Suma de Voluntades, con el objetivo de que el vendedor levantara esa denuncia.
Rosatelli, a través de su defensa, atribuye la agresión a una disputa por la construcción de un merendero el barrio San Martín; y que su intervención obedeció a su condición de “asesor jurídico” de Suma de Voluntades. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones retrucó que “las lesiones sufridas por (el intermediario) permiten establecer una vinculación entre la agresión investigada y las circunstancias que rodearon la adquisición del vehículo” utilizado para el transporte de la marihuana.
Así las cosas, aunque el tribunal de apelaciones recomendó continuar la investigación, deja a Rosatelli y al resto de los acusados al borde del juicio oral.
CFA – Confirma procesamiento Rosatelli.pdf by Página Judicial