“El narcomenudeo ha incrementado la cantidad de mujeres encarceladas”

28/10/2026

La Defensoría Pública de Víctimas inició formalmente sus funciones en el ámbito federal, dando un nuevo paso en la defensa de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia o delitos graves en Entre Ríos. Juan Ignacio Lazzaneo dio detalles de su rol y, entre otros temas, analizó los cambios que traerá el nuevo sistema acusatorio, la situación penitenciaria y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Juan Ignacio Lazzaneo se está estrenando como defensor público de víctimas, un organismo que inició formalmente las funciones en Entre Ríos con su designación, dando así un paso clave en la defensa de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia o delitos graves en el ámbito de la justicia federal.

Lazzaneo tiene 41 años, nació en Paraná, es hijo de un músico y una abogada; egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), es especialista en derecho penal y en ejecución penal y derecho penitenciario. En su currículum exhibe haber ingresado al Poder Judicial entrerriano en 2010, como meritorio, siendo estudiante y sin salario; fue escribiente y asistente en materia penal en la Defensoría General, defensor público y juez de ejecución de penas; también es docente universitario.

Hace unos días pasó por Plaza Mansilla, el ciclo que se emite por El Once Radio & Streaming. Habló de su nueva función, de los cambios que traerá el nuevo sistema acusatorio federal, que comenzará a implementarse a partir del 30 de noviembre en Entre Ríos; analizó la situación penitenciaria y el Régimen Penal Juvenil.

–¿Qué es la Defensoría Pública de Víctimas y cuál es su función en un proceso judicial?
–La Defensoría Pública de Víctimas nace con la Ley de Derechos y Garantías de la Víctima del Delito, que crea 24 cargos de defensores públicos, uno por cada provincia. Tiene competencia federal, es decir, el trabajo está centrado esencialmente en lo que tiene que ver con víctimas de trata de personas en cualquiera de sus modalidades, abusos sexuales, violencia de género, por ejemplo, en una fuerza de seguridad nacional o cuestiones de violencia institucional en escenarios federales. Y tiene atribuciones de patrocinar a víctimas en un proceso penal, es decir, no tiene otra competencia que no sea penal, con algunas particularidades, por ejemplo, que la víctima debe querer la intervención del defensor, siempre y cuando reúna una serie de requisitos propios de la defensa pública, como no tener recursos económicos para afrontar el proceso, la situación de vulnerabilidad o la gravedad del delito que se investiga.

–Usted es abogado y es el encargado de llevar adelante un proceso penal. Pero la ley también contempla la creación de ciertos dispositivos de asistencia a las víctimas, como médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. ¿Están conformados esos equipos?
–En este momento la Defensoría Pública de Víctimas cuenta con una secretaría y el despliegue de esos equipos técnicos se irá agregando en el transcurso de la actividad. Hoy no están, pero la Defensoría General de la Nación tiene consultores técnicos a los cuales podemos recurrir en caso de que así se lo requiera.

–¿Dónde funciona la Defensoría Pública de Víctimas de Entre Ríos?
–La oficina está asentada en Paraná, en calle 25 de Mayo 256, donde se encuentra la Cámara Federal de Apelaciones, y tiene competencia ante todos los juzgados federales de la provincia, no solamente en Paraná, sino también Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, y los tribunales orales.

–Cuando hablamos de víctima, ¿se trata de personas que han sido víctimas directas de un delito, usted mencionaba los casos de trata de personas o las víctimas de violencia institucional, o incluye también a los soldaditos del narco, por ejemplo?
–Nosotros intervenimos solamente en la atención de personas damnificadas o sus familiares en caso de muerte de la persona que ha sido directamente víctima de un delito o que ha quedado con alguna afección psíquica o física que le imposibilita ser representada por sí misma. Pero no tenemos intervención en otros tipos de delitos.

–Antes de asumir como defensor de víctimas, usted fue defensor público y juez de ejecución. ¿Qué opina del nuevo Régimen Penal Juvenil?
–Lo veo como un gran desafío, con un montón de aristas. Una es ver en qué lugares efectivamente se van a cumplir esas condenas los menores de 18 años –y mayores de 14–, que sean condenados por un delito determinado. Lo cierto es que el nuevo Régimen Penal Juvenil prevé un montón de dispositivos y salidas alternativas a la prisión, y la cárcel es mucho más restrictiva.

–Se lo se lo preguntaba también porque usted, por haber sido juez de ejecución, conoce la dinámica de las cárceles, cómo están los establecimientos penitenciarios en Entre Ríos y si tienen condiciones para albergar a menores de edad.
–Hoy, las cárceles no están preparadas para alojar a menores de 18 años. De hecho, el Régimen Penal Juvenil cambia algo que es central, porque antes de la baja de imputabilidad, los menores no concurrían al establecimiento penitenciario hasta tanto cumplieran los 18 años. Hoy existe la posibilidad de que un menor sea alojado en institutos especializados y separados de los adultos para transitar la resocialización, porque en definitiva la norma prevé idea de reintegración social del joven.

–Está en vías de implementación el sistema acusatorio. Primero preguntarle si está de acuerdo y segundo si están los recursos para su puesta en marcha en Entre Ríos.
–A ver, yo puedo dar mi opinión desde dos puntos de vista: en primer lugar, mi experiencia en el sistema acusatorio de la provincia; y, por otro lado, lo que tiene que ver con la Defensoría Pública de Víctimas. El sistema acusatorio representa un cambio de lógica radical porque pasa de lo escrito a la oralidad, y eso implica la presencialidad constante de los operadores del sistema. En el sistema mixto, la instrucción se hace por escrito. ¿Qué va a pasar en el sistema acusatorio? Todo lo que deba alegar el Ministerio Público Fiscal, quien toma un rol protagónico, lo debe hacer en audiencias ante un juez de garantías o ante el organismo jurisdiccional que esté en esa instancia. Todo se resuelve por audiencias; ya no se habla más del expediente, sino que se habla de un legajo de investigación y, en ese marco, el fiscal es quien tiene las riendas de la acusación y todo debe pasar por un tamiz de las garantías constitucionales que lleva adelante el juez. En cuanto a recursos, creo que son cuestiones que se van a ir viendo sobre la marcha. Entiendo que está dispuesto para los distintos organismos un incremento de infraestructura, recursos humanos y todo para afrontar este cambio.

–Un impacto que se advirtió a partir de la implementación del sistema acusatorio en la justicia provincial fue un incremento en la población penitenciaria. ¿Están preparadas las cárceles para soportar ese impacto, si se produjera?
–Este es un sistema que lleva a un encarcelamiento mucho más rápido, en el caso de llegar a una condena, que un proceso en el sistema mixto. Pero hay que hacer una salvedad: la provincia de Entre Ríos no cuenta con cárceles federales, lo que hay es un convenio entre que el Poder Judicial de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y la Provincia, que presta plaza para que presos federales cumplan con su condena. Y ahora con la desfederalización del narcomenudeo ha incrementado la cantidad de personas alojadas por ese tipo de delito, y sobre todo la cantidad de mujeres que se vieron involucradas en condenas, muchas de ellas en la modalidad de prisión domiciliaria, pero lo cierto es que se ve un incremento grande de mujeres condenadas por este delito.

–Hace unos días se conoció un estudio de opinión realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER que ubica al Poder Judicial entre las instituciones con peor imagen para la sociedad. ¿A qué lo atribuye y qué cree que es necesario para revertir esa imagen?
–Creo que una de las cosas fundamentales, y que tiene que ver mucho con el sistema acusatorio, es que tanto imputados, como víctimas, familiares de las víctimas, al poder presenciar las audiencias, están viendo claramente qué es lo que sucede dentro. Y también me parece que el juicio por jurados pueda contribuir a revertir esa percepción. En alguna en algunas jornadas que se han hecho desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se convocó a personas que habían participado como jurados populares a contar sus experiencias y todas fueron muy favorables para entender o ponerse en la silla de jueces y resolver sobre una condena o una absolución desde una participación activa en el proceso penal. Me parece que eso también viene a democratizar algún aspecto de la justicia, porque siempre se dice que el Poder Judicial es el único donde no había una participación activa de la ciudadanía en la toma de decisión, como lo ahora a través del juicio por jurados.