La justicia entrerriana investiga la retención de mil millones de dólares para el mantenimiento de rutas

01/10/2026

Legisladores entrerrianos reclaman la efectiva aplicación del impuesto a los combustibles a la construcción, obra y mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos. El juez federal Federico Martín admitió el amparo y solicitó informes sobre la administración y el destino de los recursos vinculados con la infraestructura vial.

De la Redacción de Página Judicial

 

El día que el vocero presidencial confirmó que el Gobierno utiliza para lograr el equilibrio fiscal un alto porcentaje de los fondos que solo deberían destinarse a la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales, hizo valer un axioma jurídico según el cual quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

La revelación del vocero expuso una irregular administración de fondos que deberían destinarse exclusivamente al mantenimiento y ejecución de obras en rutas nacionales y motivó la presentación de una acción de amparo para reclamar al Gobierno la transferencia de los caudales que corresponden a la provincia de Entre Ríos.

El amparo fue presentado ante el Juzgado Federal de Victoria por los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y pone la responsabilidad en cabeza del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El planteo judicial se centra en determinar el uso que hace el Poder Ejecutivo de los recursos del Sistema Vial Integrado, un fondo fiduciario con un destino específico que es el financiamiento de obras y el mantenimiento de las rutas.

El reclamo de los legisladores se limita a la red de rutas nacionales que atraviesa la provincia. Se estima el desvío de fondos en unos mil millones de dólares que en lugar haber sido destinados al financiamiento de la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación trama vial, se volcaron en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos; aunque no es posible establecer qué proporción corresponde específicamente a fondos no aplicados a la red de Entre Ríos.

En principio, el juez federal Federico Martín, habilitó el trámite del amparo, notificó a los organismos nacionales incluidos en la demanda y solicitó informes sobre la administración y el destino de los recursos vinculados con la infraestructura vial.

La timba

El eje de la presentación se centra en el Sistema Vial Integrado, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, donde ingresa y de donde sale cada peso que debería ser destinado al mejoramiento de las rutas.

Los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles “tienen como destino único, exclusivo e irrevocable”, destacaron los legisladores entrerrianos; pero desde la llegada de Javier Milei se suspendió la obra pública.

Según consignaron, en 2024 se destinó apenas el 16,24 por ciento de los fondos al mantenimiento de rutas fue del 16,42 por ciento; mientras que “los fondos destinados a inversiones financieras, que debiera ser accesorio al objeto y fin específico del fideicomiso, tuvieron una tasa de afectación del 90,11 por ciento”.

En total, al 13 de abril, el Ministerio de Economía tenía 849 mil millones de pesos colocados en el sistema financiero, entre plazos fijos y títulos públicos; y otros 29 mil millones de pesos permanecían en una cuenta corriente, sin aplicación a pagos.

“El abuso en la afectación de los activos fideicomitidos Sistema Vial Integrado a inversiones financieras implican un ejercicio irregular y en infracción con los deberes asumidos en el contrato de fideicomiso y un fraude a la ley en cuanto se están desviando recursos de afectación específica: no se destinan a obras y se utilizan a un fin prohibido para apalancar títulos públicos e inversiones en el fiduciario”, advirtieron.

El resultado contable es incontrastable. El fideicomiso creado para garantizar el financiamiento de las rutas nacionales y obras viales en todo el país acumula mil millones de dólares, entre instrumentos financieros e inmovilizados en una cuenta corriente. Dinero que no se volcó a las rutas.

Las rutas entrerrianas

El reclamo de los legisladores alcanza a la red de rutas nacionales que atraviesa la provincia de Entre Ríos. Entre las principales se encuentra la Ruta Nacional 12, que ingresa desde el complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa localidades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná y continúa hacia el norte.

También se encuentra la Ruta Nacional 14, que recorre el corredor oriental, desde Ceibas hasta el límite con la provincia de Corrientes. Hicieron notar que en un tramo se advierte “la falta de demarcación e iluminación, configurándose la misma amenaza cierta y concreta a sus derechos como usuario”; y en otro aparecen “baches, ahuellamiento y falta de demarcación e iluminación”. Según dijeron, esas circunstancias “configuran una amenaza cierta y concreta” a quienes transitan por el corredor.

La Ruta Nacional 18, que une Paraná y Concordia, lleva catorce años en obra, para transformarla en autovía. “Se encuentra documentada y públicamente denunciada la existencia de baches profundos y deformaciones de calzada que abarcan todo su ancho, con riesgo cierto de vuelco de vehículos”, hicieron notar los legisladores.

Se mencionan también la Ruta Nacional 127, que conecta el centro-norte entrerriano con la provincia de Corrientes; la Ruta 135, vinculada con el Puente Internacional General Artigas; la Ruta 174, que integra el enlace Rosario-Victoria; y otros corredores nacionales como la rutas 130, que conecta Villaguay y Colón; la ruta 131, entre Villa Libertador San Martín y Diamante; la ruta 136, vinculada al Puente Internacional General San Martín; y la A015, que conecta el Puente Internacional de Salto Grande.

En definitiva, lo que se reclama es la efectiva aplicación del impuesto a los combustibles a la construcción, obra y mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos.