Llamado de atención sobre las condiciones de detención en comisarías entrerrianas

28/09/2026

Los organismos de derechos humanos presentaron los resultados de una recorrida en comisarías y alcaidías del norte entrerriano, en el marco de un proyecto de inspección en lugares de encierro transitorio. Advirtieron sobre personas muertas bajo custodia policial e hicieron recomendaciones, especialmente para la atención de la salud mental.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos presentó el segundo informe sobre las condiciones de detención en dependencias policiales, esta vez circunscripto al norte entrerriano.

Si en 2022, el primer informe advertía que “en caso extremos, ciertas prácticas poseen la fuerza de llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a la clandestinidad”; cuatro años después, el segundo relevamiento expone una evolución, aunque “los problemas de habitabilidad a partir de deficiencias en baños, techos y espacios para dormir en ocasiones pueden constituir una forma de castigo extrajudicial que requiere de un abordaje urgente”.

El trabajo busca detectar situaciones de violencia institucional, no solo referidas a episodios de tortura, malos tratos, vejaciones o apremios, sino también a un conjunto de condiciones que hacen al momento de detención y encierro de las personas.

En ese sentido, hicieron notar que en 2025 se registraron seis muertes bajo custodia policial: tres por suicidio, uno por enfermedad o muerte natural y dos tuvieron lugar al momento de la aprehensión en el marco de una crisis de salud mental.

También advirtieron sobre prácticas compatibles con malos tratos al ser aprehendidas, “que ocasionalmente incluyen golpes y patadas en diversas partes del cuerpo” y “el caso de una persona que sufrió balazos de goma al momento de su detención y no había recibido curaciones correspondientes”.

Cuadro de situación

La provincia tiene 26 establecimientos de detención provisoria a cargo de la Policía, los cuales incluyen comisarías, alcaldías o jefaturas departamentales desplegados en toda la geografía. Al 31 de diciembre de 2025, se reportaron 79 personas alojadas en establecimientos policiales, lo que representa el 2,4 por ciento del total de personas privadas de libertad, una cifra que está por debajo de la media nacional.

Las inspecciones en el norte entrerriano se concretaron entre el 9 y 10 de abril. Se relevaron los libros de ingreso y egreso y se constató que en el mes previo hubo 132 personas alojadas en las dependencias, con distintos tiempos de permanencia.

Las comisarías tenían un nivel de ocupación del 32,2 por ciento, es decir, no hay sobrepoblación, aunque “se advierte un notable crecimiento de la población”, con un incremento del 55 por ciento de 2023 a 2025, según se consignó.

El informe resume que la tasa de personas detenidas en comisarías es de 5,5 por cada 100 mil habitantes, frente a una media nacional que se ubica en 28,2 cada 100 mil habitantes. Además, el promedio de alojamiento en una comisaría es de 16 días, aunque la mitad de las personas permanece menos de una semana.

Los datos muestran una notable incidencia que tienen las detenciones por contravenciones (“ebriedad”, “desorden”, “escándalo” u “ofender la moral y las buenas costumbres”), con el 27,2 por ciento, aunque “sin criterios claros ni controles adecuados”.

En la provincia existe una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que establece que el tiempo máximo de detención permitido en alcaidías y comisarías es de 30 días; detalla que la detención preventiva se debe limitar a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de los actos procesales y luego los procesados ser destinados a las unidades penitenciarias. Sin embargo, el relevamiento en las localidades del norte entrerriano registró cinco personas que llevaban entre uno y tres meses de permanencia en comisarías.

Llamado de atención

Para elaborar el informe, un equipo del Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Ministerio Público de la Defensa y la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos realizó visitas de inspección a establecimientos policiales de La Paz, Feliciano, Federal, Chajarí y Federación para analizar las condiciones de los lugares de detención transitoria.

En las inspecciones mantuvieron reuniones con autoridades y entrevistaron a las personas privadas de libertad en función de registrar aspectos como alimentación, atención de la salud, acceso a la justicia, régimen de visitas, higiene, comunicaciones y trato, en función de llamar la atención a las autoridades políticas y judiciales.

Se consignó que existen “instalaciones relativamente nuevas y/o en buenas condiciones” y “edificios muy degradados, con evidentes problemas de mantenimiento y mal estado general en celdas, espacios comunes y sanitarios”, lo que obliga a utilizar espacios o salas comunes para dormir.

También hicieron notar una “muy marcada la frontera material entre los espacios destinados al personal de seguridad y la destinada a las personas detenidas”.

La alimentación es otro elemento que se analiza. En la mayoría de las dependencias se provee una alimentación básica de almuerzo y cena, aunque la Policía no cuenta con una partida presupuestaria específica y, según los testimonios de las personas detenidas, repercute en que la comida se insuficiente, poco variada, sin adaptación a dietas especiales prescriptas y, en algunos casos, provista por las propias familias.

Otro aspecto especialmente relevante está relacionado con la atención de la salud de las personas detenidas, y el Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos advirtió sobre la falta de personal profesional, particularmente en Federal y Federación.

En cuanto a la atención de problemas de salud mental, asociados a las adicciones, la provincia ha dictado un protocolo de actuación. Si bien se advierte “una brecha entre el conocimiento de protocolos o mecanismos de acción”, el problema más urgente está relacionado con la escasez de recursos disponibles para implementarlos, por eso una de las recomendaciones apunta a intensificar las capacitaciones y entrenamientos conjuntos entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud.