La Corte Suprema habilitó a la justicia provincial a investigar a Kueider

25/09/2026

Mientras el ex senador y ex funcionario provincial detenido en Paraguay, los supremos rechazaron la unificación de dos causas que tramitan en la Argentina, como pretendía la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La decisión habilita al fiscal de Concordia José Arias a continuar investigando un presunto enriquecimiento ilícito.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Edgardo Kueider sigue detenido en Paraguay; pero recibió en estos días una mala noticia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la tramitación por separado de los expedientes que tramitan en el país, por lo que el fiscal José Arias podrá seguir adelante con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La luz se le apagó Kueider el 4 de diciembre, cuando fue sorprendido pretendiendo ingresar a Paraguay con 201.102 dólares que omitió declarar, además de otras sumas de dinero en efectivo y objetos personales.

Desde aquella madrugada solo acumula malas noticias: fue expulsado de la Cámara de Senadores, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado abrió un expediente por haber supuestamente recibido coimas para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa a favor de la multinacional Securitas; mientras tanto, en Concordia, el fiscal José Emiliano Arias lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito; y en julio fue condenado a dos años de prisión en suspenso en Paraguay por tentativa de contrabando.

Ahora la Corte Suprema rechazó el planteo de inhibición formulado por la jueza Arroyo Salgado y dispuso que, por el momento, las investigaciones contra Kueider sigan tramitando en forma separada, aunque bajo el estricto control del Juzgado de Garantías de Concordia para evitar el doble juzgamiento.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aunque remite en sus fundamentos al dictamen del procurador interino, Eduardo Casal.

Capítulo: Concordia

La primera denuncia contra Kueider fue promovida por un militante peronista, Eliseo Blanco, en los tribunales de Concordia, el 19 de junio de 2024. Solo tenía siete líneas y la copia de una publicación de cuatro días antes en el sitio porteño El Disenso que le atribuía a Kueider haber adquirido departamentos y cocheras en un edificio paranaense a través de la empresa Betail SA, de la cual es socio.

El fiscal Arias abrió una investigación preliminar preparatoria para investigar la evolución del patrimonio desde 1999, cuando fue electo por primera vez como concejal de Concordia, hasta su elección como senador en 2019.

En ese marco, Arias dispuso una batería de medidas: solicitó ingresos, egresos e inversiones realizadas por Kueider; informes bancarios, de la ex AFIP, empresas de seguros, lugares donde ha sido empleado; y a la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió información sobre empresas en las que tuviera participación Kueider.

De ahí surgió que Betail SA (en francés, ganado) se creó el 12 de diciembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un año después fue adquirida por Kueider, que admitió la titularidad del 50 por ciento en su declaración jurada patrimonial cuando ingresó como senador. El otro socio era Rodolfo Daniel González, un puntero político de Concordia y empleado de planta permanente de la Biblioteca del Congreso, quien en enero de 2020 le vendió sus acciones a Javier Rubel, primo del ex senador.

A través de esa empresa se adquirieron tres departamentos y dos cocheras en el Edificio Live, en calle Santiago del Estero 511 de Paraná, por lo que se habrían pagado 10, 6 y 4 millones de pesos por cada uno, según los boletos de compraventa. Para el fiscal, están subvaluados. La operación se hizo en agosto de 2021, pero como el fideicomiso no está finalizado no han sido inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Lo que llama la atención es que la empresa no ha realizado ningún tipo de actividad desde su creación: no registra ventas de semillas, granos ni ganado, según reportes que remitidos por el Senasa y otros organismos vinculados a la actividad agropecuaria.

Capítulo: San Isidro

De repente, Kueider también quedó bajo la lupa de la jueza Arroyo Salgado. Un periodista lo había denunciado en julio de 2024, luego de su voto a favor de la Ley Bases, por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.

Esta batería de delitos surge a raíz de la investigación por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos y directivos de Enersa para sostener contratos de vigilancia y seguridad por parte de la multinacional sueca Securitas, cuyos gerentes locales, los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, están procesados por haber presuntamente conformado una asociación ilícita a través de la cual se habrían pagado coimas por 7,6 millones de dólares, al menos entre 2013 y 2018.

En esa hipótesis, la jueza Arroyo Salgado sostuvo que Claudio Tortul y Daniel Eduardo Carbonell crearon la empresa Tornell SA –un acrónimo de sus apellidos– para disimular en la contabilidad de Securitas que las erogaciones por supuestos trabajos de consultoría tenían como finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos. “Tornell SA fue constituida y utilizada al solo efecto de justificar y permitir redirigir millonarias sumas de dinero de Securitas, que luego terminaban en manos de los funcionarios públicos venales. Ello, mediante la facturación de una supuesta provisión de servicios, en realidad, inexistente”, aseveró Arroyo Salgado.

Lo cierto es que el nombre de Kueider no aparecía en el expediente hasta la presentación del denunciante con publicaciones en medios de comunicación y un escrito atribuyéndole funciones que nunca ejerció en Enersa (no era síndico ni integraba el Directorio, como se dijo) y menciones a que “era vecino de Claudio Tortul” y “el grupo desarrollador de este emprendimiento inmobiliario estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes cuentan con cinco unidades más del mismo edificio”. El mismo donde Kueider tiene tres departamentos y dos cocheras.

El conflicto de competencia surgió porque la jueza Arroyo Salgado considera que ambas causas podrían tener una conexión y libró un oficio para que el fiscal provincial no avanzara en la investigación sobre el patrimonio de Kueider en el período 2015-2019, alegando el riesgo de una doble persecución penal.

En su dictamen, el procurador Casal sugirió rechazar la inhibitoria, como finalmente hicieron los supremos. Sostuvo que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas” y consideró que era prematuro para aventurar motivos.