Rodríguez Allende: Urribarri, Bahl y la relación con el procurador

24/09/2026

El abogado penalista dio detalles de la causa contratos truchos II, contó detalles de cuando vio que la causa del ex gobernador no tenía retorno. Sobre el sistema penal dejó definiciones como la siguiente: “Es un sistema de negocios bien entendido con el fiscal”. Flores para el jefe del Ministerio Público Fiscal.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Marcos Rodríguez Allende transita caminos que suelen cruzarse. Son los de la política y la Justicia. El abogado de Paraná se sentó en los estudios del streaming El Once y se convirtió en el primer defensor de hablar luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, que determinó el cumplimiento efectivo.

En el ciclo Plaza Mansilla, el letrado repasó sus inicios en la función pública -siempre ligado a los jurídico- y a sus primeros pasos en casos que lo vincularon a la política.

Recibido en 1994 en la UNL, Rodríguez Allende comenzó a desempeñarse como asesor legal del IAPV. Con el paso de los años fue integrando distintas áreas del Estado provincial y desarrolló paralelamente su actividad como abogado penalista. Entre otras cosas, y antes de asumir en el EPRE, fue asesor legal de la Jefatura de Policía y docente dentro de la institución policial.

Su primera vinculación con los casos de corrupción fue en los inicios del tercer gobierno de Jorge Busti: “El doctor (Sergio) Montiel, cuando asume su segunda gobernación, crea la Fiscalía de Investigación Administrativa, que dependía la Legislatura, y estaba comandada por el doctor (Oscar) Rovira, para iniciar tareas investigativas a toda la segunda gestión del gobernador Busti. Eso motivó a que conformáramos un equipo de trabajo comandado por la doctora Rosario Romero, también estaba la doctora (Claudia) Mizawak (vocal del Superior Tribunal de Justicia), y yo que en ese momento era joven, para hacer las primeras defensas a distintos funcionarios de esa segunda gestión del doctor Busti. Todo eso fue con el viejo sistema inquisitivo. Tuvimos importantes logros ahí”, recordó.

Vino la segunda parte: “Busti, en su tercera gestión, lo primero que hace es eliminar esa Fiscalía de Investigación Administrativa y crear dentro del ámbito de la Fiscalía de Estado, a cargo de Mizawak, lo que se llamó la Oficina Anticorrupción. A ese organismo lo integré conjuntamente con el doctor Luis Pedemonte, que estaba dedicado justamente a delitos contra la administración pública. También estaba la doctora Gisela Schumacher (vocal del STJ)”.

Urribarri

Rodríguez Allende fue el primer abogado en constituirse como defensor de Urribarri en diciembre de 2015, a días de haber dejado la Gobernación para asumir la Presidencia de la Cámara de Diputados.

El abogado puso un día del comienzo de la debacle para su defendido: “El quiebre en la investigación fue el 6 de agosto del 2016. Allanamiento en la imprenta de Racedo (Tep SRL). Yo creo que ahí hubo un antes y un después”, sostuvo en relación a la empresa de Aguilera, que luego iba a ser su único defendido en las causas por venir. Según relató, a partir de las evidencias obtenidas consideró necesario definir rápidamente una estrategia procesal: “Una de las estrategias planteadas fue acotar las responsabilidades a partir de lo que se llama un juicio abreviado”, recordó. Según su relato, Urribarri recibió otro asesoramiento y optó por una estrategia diferente.

“Yo siempre digo esto: el sistema acusatorio tiene muchas bondades y beneficios que hay que conocer y ser eficaz para poder aplicarlo. Cuando aparece el problema, se trata de resolverlo lo antes posible o buscar las salidas alternativas que prevé el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un sistema de negocios bien entendido con el fiscal. Cuanto más tiempo pasa, las alternativas comienzan a desvanecerse, a desaparecer. Cuanto más grave es el delito, menos alternativas de solución del conflicto tengo”, narró.

El abogado contó que sabía de la evidencia que apareció en el famoso disco rígido y que ese fue el momento de plantear una estrategia procesal: “En ese disco externo había evidencias con la que se abrían nuevas causas. Una de las estrategias planteadas era justamente acotar las responsabilidades. ¿Por qué Urribarri no acepta eso? Él tenía otro tipo de asesoramiento y entendió que la estrategia propuesta por mí no era la conveniente”.

El acuerdo de García que Urribarri no aceptó

Tras dejar la defensa de Urribarri, Rodríguez Allende continuó representando a Juan Pablo Aguilera durante una etapa del proceso. “Nunca me imaginé una pena de esas características. Sí me imaginé una sentencia condenatoria después de haber desarrollado el debate, pero no de esa magnitud”, expresó.

Contratos II

Rodríguez Allende también se refirió a la causa denominada contratos truchos II, que lo tiene como defensor de los ex vicegobernadores José Cáceres y Adán Bahl. Explicó que el expediente analiza posibles responsabilidades de autoridades legislativas en diferentes períodos y destacó el trabajo realizado con los fiscales.

“Nosotros estamos trabajando muy activamente con los fiscales y acá debo reconocer que los fiscales han aceptado todas y cada una de las medidas probatorias que les fui proponiendo”, afirmó. Según explicó, incorporaron documentación y realizaron entrevistas relacionadas con el funcionamiento del sistema de contratación del Senado.

Sobre el estado de la investigación, dijo: “Hemos tomado numerosas entrevistas sobre el sistema de contratación y el funcionamiento del Senado. Digo específicamente del Senado porque es lo que me compete a mí. Hemos incorporado evidencia documental, entrevistas a personas que firmaron los contratos y que han declarado de la misma manera que en la causa contrato I. Hemos trabajado muy activamente y acá yo puedo sacar algunas conclusiones de antemano: la primera de todas es que no fue lo mismo la Cámara de Diputados que el Senado. Por eso esto amerita que los fiscales ya saben que deben investigar por un lado todo lo que pasó en Diputados. Vamos a ver qué deciden los fiscales, pero hemos avanzado significativamente”.

Para Rodríguez Allende no es raro, ante la consulta, que la primera causa no esté elevada a juicio, mientras que la segunda avanza la segunda: “No es raro, porque nosotros pudimos investigar dentro de los contratos irregulares que surgen del legajo 1 y pudimos determinar quiénes fueron las autoridades de cámara que lo firmaron a esos contratos truchos”.

El sistema

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con el funcionamiento del proceso penal entrerriano. “Sin duda que el sistema acusatorio vino para quedarse, no solo en nuestra provincia, sino también en la República Argentina y en todos los países de Latinoamérica”, sostuvo Rodríguez Allende.

El penalista consideró que el modelo requiere una participación activa de fiscales y defensores para intentar resolver los conflictos en etapas tempranas. “Esto no se trata de una guerra de teorías del caso, a ver quién tiene la teoría del caso más potente y llega al juicio de la forma más grande”, aseguró y, en esa línea, sostuvo: “Yo creo que llegar a juicio, de alguna manera, representa un cierto fracaso del sistema acusatorio, porque lo que intenta el sistema adversarial es resolver los conflictos con la mayor rapidez posible”.

Rodríguez Allende señaló que el sistema puede perfeccionarse y mencionó entre los aspectos a discutir las facultades de los juzgados de Garantías y los denominados plazos razonables. Aclaró que los tiempos de investigación dependen de las características y complejidad de cada delito: “No es lo mismo estar investigando un delito en flagrancia, que ya se cometió y tenemos las evidencias, que una causa que en 15 días la podemos elevar a juicio o podemos tener una salida alternativa de un juicio abreviado”, ejemplificó.

En contraposición, mencionó las investigaciones por delitos contra la administración pública y, particularmente, enriquecimiento ilícito: “Es un delito no solamente complejo, sino estrictamente contable, en donde se hacen distintos tipos de pericias, tasaciones e informes contables. Eso lleva un tiempo prolongado; la recolección de pruebas y de evidencia es compleja”.

El abogado dio cuenta de su metodología ante el sistema acusatorio. Consiste en establecer un diálogo con la Fiscalía desde el inicio de una investigación para conocer las evidencias, plantear medidas y buscar una solución dentro de las herramientas previstas por el proceso.

“Cuando tengo un problema o cuando alguien tiene un problema que resolver, una denuncia, lo primero que hago es juntarme con el fiscal a ver cómo podemos resolver esta cuestión, qué necesita para demostrarle que acá no hay delito. Muchas veces peco de pesado con los señores fiscales, pero esto necesita que dos o tres veces a la semana nos estemos juntando, hablemos del tema, propongamos las pruebas y las evidencias que sean necesarias para acercarnos cada uno a la teoría que más convenga”, afirmó.

-¿Cómo es su relación con el procurador general, Jorge García?

-Mi opinión sobre el doctor García no va a ser muy objetiva, porque es una persona que aprecio muchísimo personalmente. Me une una relación de casi 25 años. Lo conozco desde que era juez correccional en Concepción del Uruguay. Me acuerdo que él fue uno del tribunal de un juicio muy grande que tuvimos en Concepción del Uruguay en el año 2001 y ahí lo conocí. Después lo fui conociendo cuando él pasa a ser juez correccional en la ciudad de Paraná, luego vocal de juicio cuando yo tenía infinidades de juicios. Él sabe cómo trabajo y yo sé cómo trabaja él. Entablamos una amistad, lo reconozco y lo considero una gran persona y ha sido una persona muy generosa conmigo en todo sentido. Un gran maestro, un profesional reconocido a nivel nacional, en Europa, sobre todo en España con maestros como Silva Sánchez. Además es un gran profesor. Conoce el sistema y va a ser lo que tiene que hacer, como lo hizo siempre. Cuando uno va con la verdad y la necesidad de intentar solucionar un problema, él siempre tiene esa apertura de poder buscar la mejor alternativa a ese problema. Conmigo jamás se ha cerrado en algún tema, al contrario, todos los temas que yo he podido plantear con él o con sus fiscales, se trataron. Este sistema acusatorio, que inaugura el doctor García, ha tenido su impronta.

En el tramo final de la entrevista, el penalista se refirió a la conformación de la Fiscalía Anticorrupción y consideró positiva la especialización para investigar delitos relacionados con la administración pública.

“Es un avance muy importante. Me parece que esa ley de creación, cuando Rosario Romero era ministra de Gobierno, ha sido un gran avance”, expresó Rodríguez Allende.

Consideró fundamental que quien ocupe esa función cuente con conocimientos que excedan el derecho penal y procesal: “La persona que vaya a tener este rol tan importante debe conocer, indudablemente, más allá del derecho penal o la expertis del derecho procesal, el derecho administrativo”, concluyó.

 

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