El comisario Rosatelli fue procesado por delitos narcotráfico

10/09/2026

El juez Leandro Ríos procesó y dictó la prisión preventiva de Daniel Rosatelli, comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado, por delitos de narcotráfico, lesiones y amenazas. El magistrado también puso atención en los movimientos de dinero que registran las cuentas asociadas al efectivo policial.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli fue procesado por delitos de narcotráfico, se le dictó la prisión preventiva en la unidad penal y se trabó un embargo sobre sus bienes por 12.250.000 pesos.

Las medidas fueron dictadas por el juez federal Leandro Ríos en el marco de una investigación que se inició a partir del hallazgo casual de una furgoneta cargada con 1.345 kilos de marihuana, el 13 de febrero pasado, en un camino rural de La Paz. En ese momento resultó detenido el conductor y otras personas lograron escapar. Pero la reconstrucción de la trama escaló y terminó salpicando al comisario y abogado.

Se presume que Rosatelli habría aportado los fondos y la logística para adquirir la furgoneta Critroën Jumper utilizada para el transporte de la marihuana, a la que además le habían colocado una chapa patente perteneciente a otro vehículo de similares características, pero que registraba una prohibición de circular y pedido de secuestro vigente desde dos años antes. Ello con el objetivo de detectar y anticipar la presencia de operativos de control policial en las rutas por las que se dirigían.

El comisario de la Policía de Entre Ríos, además, fue procesado por lesiones graves, intimidación contra la persona que había oficiado de intermediario de la furgoneta utilizada para el transporte de la droga y amenazas al vendedor, luego de que este denunciara que no había cumplido con las condiciones de pago acordadas.

El magistrado también procesó y dictó la prisión preventiva de Martín Reynaldo Pelizzari, que sería el líder del grupo operativo; Claudio David Luna, hijo de un integrante de la organización que había montado una cocina de cocaína en un campo en el acceso norte de Paraná en 2011; y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri; y les trabó embargos por hasta 9 millones de pesos.

En tanto, permanece prófugo Juan Esteban Siebenlist Bustos, que habría coordinado la búsqueda de la marihuana hasta el Paso Yunque, sobre el río Uruguay, en el límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, con el grupo operativo; y luego ofició de puntero de la Citroën Jumper hasta la ciudad de La Paz, alertándolos sobre la presencia de controles policiales en la ruta.

Distribución de tareas

La responsabilidad que se atribuye al comisario Rosatelli no surge de escuchas telefónicas, ya que no hay comunicaciones directas con el resto de los involucrados, ni mensajes alusivos al cargamento de 1.345 kilos de marihuana.

Sí habla Rosatelli de la denuncia penal presentada por un grupo de policías por irregularidades en la asignación de adicionales en la División 911, en la que dice haber intervenido. Ahí radica su principal argumento defensivo (público, ya que no ha declarado en el expediente): que su detención es una venganza por haber expuesto un esquema de corrupción en la Policía de Entre Ríos.

El juez federal Leandro Ríos, sin embargo, consideró que “la ausencia de comunicaciones entre Rosatelli y quienes ejecutaron materialmente el tramo final del transporte no desvirtúa, por sí sola, la hipótesis de intervención que surge de las restantes constancias”.

El rol de Rosatelli, en la hipótesis del magistrado, “no se construye sobre su presencia física el 13 de febrero ni sobre una dirección telefónica contemporánea al desplazamiento de la droga, sino sobre un aporte material precedente: la obtención y conservación clandestina del vehículo que permitió realizarlo”.

En esa línea argumental, describe una división de tareas que ubica al comisario y abogado en un rol decisivo: “Otros negocian y pagan, mientras Rosatelli permanece formalmente ausente pese a decidir, inspeccionar y facilitar el negocio”.

Dice el juez que “Rosatelli interviene en la obtención de la unidad; evita aparecer como comprador; facilita su verificación mediante su condición policial; dispone el pago a través de terceros; despliega una reacción violenta cuando una denuncia amenaza con provocar su recuperación; la camioneta permanece clandestinamente en poder del grupo, adquiere posteriormente una identidad registral ajena y finalmente es utilizada por los restantes intervinientes para ejecutar el transporte (de marihuana)” y agrega que “la convergencia de esas circunstancias permite sostener que su intervención no fue periférica ni meramente ocasional, sino altamente funcional al plan común”.

El apriete

Un episodio relevante en esta trama ocurrió el 12 de noviembre, cuando aquel que ofició de intermediario en la operación de compraventa de la camioneta, un buscavidas de la construcción y chofer de aplicación, fue sufrió una paliza violenta por parte de Rosatelli y a traición en la sede de la asociación civil Suma de Voluntades.

El hombre habría sido citado a una reunión para acordar condiciones para la construcción de un merendero en el barrio La Floresta. Pero, mientras se discutían las condiciones, irrumpió Rosatelli, les pidió a las otras tres personas que departían alrededor de una mesa que se retiraran, extrajo un arma y le golpeó su cabeza contra la pared hasta casi el desvanecimiento.

Lo que había despertado la ira del comisario era una denuncia radicada una hora y media antes por el vendedor de la furgoneta, ante el incumplimiento de las condiciones de pago: le quedaron debiendo y los cheques que recibió fueron rechazados.

Para el juez, “esa reacción inmediata resulta difícilmente conciliable con la hipótesis de un tercero ajeno a la compraventa o de una persona que hubiese mantenido con el rodado una relación meramente circunstancial”, sino que, por el contrario, “revela un interés directo y extraordinariamente intenso en evitar que la denuncia produjera las consecuencias naturales que podían derivarse de ella: individualizar al verdadero adquirente, recuperar o secuestrar la unidad e impedir que continuara siendo utilizada”.

Siguiendo esa línea argumental, el magistrado hizo notar que, un mes y medio después del hallazgo de la furgoneta cargada con marihuana, Rosatelli y Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades (“misma ONG en cuya sede Rosatelli le provocó las lesiones graves”, dice el juez) organizaran una charla sobre Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana. Un problema que ya está en nuestros barrios. El narcotráfico no empieza con la droga, empieza cuando una infancia se queda sin oportunidades. A criterio del juez Ríos, aquel encuentro fue “una maniobra esencialmente pragmática y funcional, tendiente a minimizar el riesgo de sospecha y a garantizar impunidad” y “debe interpretarse como una maniobra de autoencubrimiento”.

La ruta del dinero

Por otra parte, el procesamiento del comisario y abogado Rosatelli abre otro interrogante, relacionado con su patrimonio y los movimientos de dinero que registran las cuentas asociadas al funcionario policial.

El juez Leandrio Ríos hizo notar que Rosatelli percibe un sueldo de alrededor de 2,6 millones de pesos como comisario de la Policía de Entre Ríos y está inscripto como monotributista en la Categoría B y dedicado “Servicios Jurídicos”.

Sin embargo, es el único titular de ocho inmuebles y un vehículo de alta gama; asimismo, registra ingresos por 53 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago, solo en seis meses; operaciones de compra de dólares y acreditaciones en distintas entidades bancarias, como también viajes al exterior.

Para el juez Ríos, “la magnitud de tales movimientos y activos de Rosatelli aparece, prima facie, desproporcionada respecto de los ingresos formalmente individualizados”, aunque aclaró que se debería profundizar la investigación en torno del origen, trazabilidad y justificación de esos fondos y bienes.