Ex trabajadores de El Diario pidieron al STJ que se cumpla la sentencia que reconoce su derecho a las indemnizaciones

28/08/2026

Un grupo de trabajadores despedidos de El Diario reclamó el pago de las indemnizaciones adeudadas desde 2018, cuando se produjeron despidos masivos en el centenario matutino paranaense. Lo hicieron a través de una nota al STJ en la que advierten que “una sentencia que no se ejecuta deja de ser justicia para convertirse en una declaración vacía”.

De la Redacción de Página Judicial

 

Una veintena de trabajadores despedidos de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, entre ellos periodistas y empleados gráficos, reclamó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la demora en la ejecución de sentencias firmes que reconocen sus derechos indemnizatorios. Advirtieron que, si las dificultades internas del Poder Judicial están impidiendo hacer efectivas esas decisiones, se configura una “anomalía institucional de extrema gravedad”.

Los ex trabajadores de El Diario presentaron formalmente una nota al STJ exponiendo la situación y, tras la notificación, el presidente del alto cuerpo, Germán Carlomagno, se comunicó con uno de los firmantes para interiorizarse sobre el caso.

Los ex trabajadores de El Diario fueron despedidos en mayo de 2018 y, luego de transitar las distintas instancias judiciales, obtuvieron sentencias firmes que reconocen su derecho al cobro de las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, transcurrieron ya más de ocho años desde aquellos despidos y las resoluciones judiciales continúan sin hacerse efectivas, pese a que Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) continúa adquiriendo medios por cifras millonarias en moneda extranjera.

“Ocho años de espera. Ocho años en los que la Justicia reconoció nuestros derechos, pero esos derechos permanecen, en los hechos, incumplidos”, señalaron en la nota dirigida al presidente y a los vocales del STJ.

Los firmantes expresaron su “indignación, impotencia y profunda preocupación institucional” y plantearon que las dificultades internas en la organización y funcionamiento de distintos fueros del Poder Judicial estarían generando una virtual paralización en la ejecución de las sentencias.

“Una sentencia que no se ejecuta deja de ser justicia para convertirse en una declaración vacía”, advirtieron.

En la presentación, los ex trabajadores sostienen que la situación excede sus casos particulares y afecta uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: “Cuando es el propio Poder Judicial el que, por razones de funcionamiento interno, no logra hacer cumplir una sentencia firme dictada por la Justicia, se configura una anomalía institucional de extrema gravedad”, señalaron.

Los trabajadores remarcaron que durante todos estos años recurrieron a las instituciones y respetaron las vías previstas por el sistema judicial. “No recurrimos al escrache, ni a la violencia, ni a vías de hecho. Acudimos a los tribunales, confiamos en las instituciones, transitamos cada instancia procesal y obtuvimos sentencias firmes favorables. Cumplimos con nuestra parte. Sin embargo, seguimos esperando”, expresaron.

También señalaron que el paso del tiempo tuvo consecuencias concretas sobre sus vidas. “Mientras los expedientes permanecen inmóviles, nuestras vidas siguen avanzando”, indicaron. En ese sentido, señalaron que algunos compañeros fallecieron sin cobrar lo que la Justicia les había reconocido, mientras que otros atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad económica.

A la situación generada por el incumplimiento de los empresarios –cuyas conductas, según indicaron, son actualmente objeto de investigación en la justicia penal– se sumó una segunda instancia de injusticia: la imposibilidad de hacer efectiva una sentencia firme dictada, precisamente, para reparar aquella vulneración de derechos.

“No pretendemos privilegios ni tratamientos excepcionales. Exigimos únicamente que las sentencias firmes sean cumplidas”, remarcaron.

Por ello, solicitaron al STJ que adopte las medidas que considere pertinentes para remover los obstáculos que impiden la ejecución de las sentencias y garantizar que las decisiones judiciales sean efectivamente cumplidas.

La nota concluye con una definición que sintetiza el reclamo: “El Poder Judicial no puede, bajo ningún punto de vista, transformarse en un incumplidor de sus propias sentencias”.