Allanamientos en geriátricos por presuntas estafas al PAMI

19/08/2026

La justicia federal investiga a los titulares de geriátricos de la capital entrerriana por presuntas maniobras para defraudar a la obra social nacional mediante la sobrefacturación de la atención de adultos mayores. Hubo allanamientos en diez geriátricos de Paraná y uno en Colonia Avellaneda.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Personal de la Policía Federal irrumpió en residencias geriátricas de Paraná, en el contexto de una investigación por presuntas maniobras defraudatorias contra el PAMI mediante la sobrefacturación de la atención de adultos mayores.

Según pudo saber Página Judicial, los allanamientos se produjeron en diez geriátricos de Paraná, uno localizado en Colonia Avellaneda y en las oficinas de una empresa que administra varias residencias de adultos mayores en la capital provincial. Se secuestraron equipos informáticos, documentación y teléfonos celulares que serán peritados con el objetivo de profundizar la investigación.

La medida había sido solicitada por el fiscal federal Leandro Ardoy, quien tiene delegada una investigación que se inició en junio de 2025, a partir de una denuncia promovida por el equipo jurídico de la Unidad de Gestión Local Paraná del PAMI, por supuestos sobreprecios en internaciones obtenidas mediante acciones de amparo.

En total son cuatro causas acumuladas, por distintos hechos que tienen en la mira a residencias geriátricas que operan con la obra social de los jubilados nacionales, aunque hasta el momento no hay personas imputadas.

De los procedimientos participaron además equipos interdisciplinarios del PAMI para asegurar el bienestar de las personas alojadas en las residencias de adultos.

Si bien las residencias tienen habilitación en regla, los investigadores tratarán determinar ahora si se cumplen las condiciones de contratación en cada caso y si los valores pactados en cada caso se ajustan los precios de mercado. En ese sentido, un operador de salud explicó que no hay un nomenclador nacional, sino que los valores están desregulados, varían en cada jurisdicción y dependen de la atención específica que requiere cada paciente.

El origen

La denuncia que motivó los procedimientos fue promovida por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la unidad de investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI, a partir de una presentación efectuada por una joven que expuso una serie de inquietudes ante las autoridades de la obra social nacional en torno a la internación de su abuela, de 100 años, en un geriátrico de Paraná.

Según su relato, en julio de 2024, la residencia presupuestó la internación de la mujer en 600 mil pesos por mes y les ofrecieron asesoría legal para tramitar una acción de amparo para que PAMI cubriera los gastos. En lugar de ello, la familia acudió en forma particular a la obra social, donde les ofrecieron un subsidio para cumplir con el pago de la internación, lo que aceptaron.

El seguimiento del trámite administrativo quedó a cargo de los abogados de la residencia y, en diciembre, la familia de la mujer que permanecía internada supo que el reclamo del geriátrico a la obra social era de 2,5 millones de pesos mensuales, y no de 600 mil pesos, como habían acordado.

Entre agosto y diciembre de 2024, la familia abonó 600 mil pesos cada mes y refiere que entonces surgió un conflicto con la titular de la residencia geriátrica, por su negativa de entregarle las facturas que le exigía el PAMI para el reintegro.

Esa situación habría desencadenado una desatención médica de la afiliada y una exigencia para que sea retirada del hogar, a lo que se negó la familia. La reacción de la residencia fue trasladar a la mujer, de 100 años, compulsivamente al Hospital San Martín, aparentemente sin ningún motivo.

En la presentación que hicieron ante el PAMI, los familiares de la mujer aseguran que “de entrada, esta gente no iba por los 600 mil pesos, sino que iban por los 2,5 millones de pesos (…) y como terminamos tramitando nosotros el cobro del subsidio por una suma mucho menor, al verse frustrado el plan de los 2,5 millones, la desalojaron sin importarles su estado de salud ni los cuidados que requería”.

Las sospechas

Esa situación encendió las alarmas en las oficinas del PAMI sobre la existencia de maniobras tendientes a estafar a la obra social nacional mediante la sobrefacturación de la atención de adultos mayores en residencias geriátricas.

El fiscal Arzubi Calvo sostuvo en su dictamen que las residencias geriátricas habrían desplegado “un conjunto de maniobras que tendría su punto de partida en alojar de manera particular a afiliados del PAMI, para luego facilitarles asesoría legal para la formulación de una acción de amparo contra la obra social nacional, para así acceder a prestaciones de gerontología, precisamente internaciones, en alguna de las sedes de dichas residencias. Obtenida la cobertura del PAMI a través de esas medidas cautelares, los montos facturados serían superiores a los valores de mercado y/o al costo que el afiliado abonaba previamente en su internación asumida en particular”.

La causa no tiene personas imputadas, aunque Arzubi Calvo había manifestado sospechas en torno a los médicos que trabajan en dichas residencias geriátricas, como quienes “prescriben la necesidad de continuar la internación del afiliado en el lugar” y advirtió que “esos certificados serían utilizados para formular la acción ante la justicia”.