JUSTICIA Y POLÍTICA
Comedores escolares: el procurador sugiere ratificar la medida cautelar
17/08/2026
El jefe de los fiscales respaldó la decisión del juez Juan Malvasio, quien dictó una medida cautelar para que el Gobierno se abstenga de implementar el nuevo sistema centralizado para la provisión de meriendas y desayunos en las escuelas entrerrianas a través de la empresa Teknofood.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El procurador general Jorge Amílcar Luciano García se manifestó a favor de la suspensión preventiva para la implementación del nuevo esquema de provisión de desayunos y meriendas a los comedores escolares.
Lo hizo en un dictamen a través de cual respaldó la decisión del juez Juan Francisco Malvasio, quien dictó una medida cautelar para que el Gobierno se abstenga de implementar el nuevo sistema y, por lo tanto, no brinde a niñas, niños y adolescentes de las escuelas entrerrianas productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia.
El hecho tramita como un amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce para frenar la contratación de la empresa Teknofood, exigiendo la suspensión del nuevo sistema centralizado de desayunos y meriendas escolares y pidiendo que se garantice una alimentación sin productos ultraprocesados con sellos de advertencia.
La demanda patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto, Aldana Sasia, Carolina Fischbach y Valeria Enderle cuestiona que los productos sean ultraprocesados y no constituyan una alimentación adecuada para niñas, niñas y adolescentes.
El procurador sostuvo que la medida cautelar “se sustenta en la necesidad de brindar urgente protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, grupo de preferente tutela constitucional y convencional”, es decir, la garantía de derechos a la vida, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la salud, la alimentación, la defensa de los usuarios de bienes y servicios y a la educación, entre otros.
Según dijo, la medida cautelar que suspende la implementación del nuevo sistema es “absolutamente necesaria y correcta” para analizar la discusión de fondo.
García advirtió además que la resolución “no encuadra en ninguno de los supuestos previstos (…) que habilitan la interposición del recurso de apelación”, por lo que ni siquiera debió concederse esa vía ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).