Se elevó a juicio la causa de los contratos truchos en la Legislatura

01/07/2026

La jueza Marina Barbagelata remitió a juicio la causa contra dieciocho personas, que representan las escalas más bajas de la estructura delictiva y están acusadas por una sustracción milmillonaria de fondos públicos de la Legislatura durante una década. La sombra que se cierne en torno a la segunda parte.

De la Redacción de Página Judicial

 

La jueza de garantías Marina Barbagelata remitió a juicio oral la causa de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos, en un desfalco que los investigadores han estimado en unos 52 millones de dólares que habrían sido detraídos entre 2008 y 2018 mediante contrataciones irregulares.

La causa llega a juicio bajo la sombra de una segunda parte que tramita de manera incierta y apunta hacia las autoridades legislativas: en el Senado, entre 2008 y 2018; en la Cámara de Diputados, entre 2011 y 2018, excluyendo el período que tuvo a Jorge Busti como presidente.

Así las cosas, el proceso avanza contra un listado reducido: dieciocho personas. Hugo Mena y Flavia Beckman (encargados de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de la Legislatura); Juan Pablo Aguilera (ex funcionario del Senado), Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera); el contador Pedro Opromolla (del estudio Integral Asesoría); Jorge Enrique De Breuil y José Javier Schneider.

Todos ellos enfrentan penas de prisión, según adelantaron los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Pero no se descarta que pudieran acordar juicios abreviados, con reducciones, como ha ocurrido con otros imputados.

La lista incluye también a Diego Martín Pagnoni, Hernán Javier Díaz (revisores del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Senadores), Maximiliano Degani (revisor del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Diputados), Marta Aurora Pérez y Mariano Speroni (auditora del Tribunal de Cuentas en la Legislatura), a quienes se les atribuye, no ser parte de la banda, sino haber omitido los controles de legalidad, como también no haber cumplido ni haber hecho cumplir las normativas.

En tanto, otros doce imputados, prestanombres para las contrataciones irregulares y profesionales, accedieron a suspensiones de juicio a prueba; Esteban Scialocomo, otro de los tarjeteros, acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído.

La causa se inició el 20 de septiembre de 2018, cuando un policía avispado vio movimientos raros en un cajero del Bersa en calle Gualeguaychú. Lo anómalo eran tres personas extrayendo dinero con varias tarjetas de débito que no les pertenecían. A eso le sucedió una serie de allanamientos y la apertura de una escandalosa caja de Pandora que hasta el día de hoy sacude a la política vernácula.

Avancemos

En una extensa resolución, la jueza Barbagelata rechazó los planteos de prescripción expuestos por los defensores, como también los pedidos de sobreseimiento de quienes están imputados en la causa.

Un punto controversial fue la admisión como prueba para el juicio de documentos recolectados por el Ministerio Público Fiscal en otros legajos. Específicamente dijo que “los nombres de diversas personas aparecidos en el operativo realizado en la casa de Juan Pablo Aguilera (en el marco de la causa que terminó en su condena por el manejo irregular de publicidad durante la gestión de Sergio Urribarri) coinciden con personas que aparecen en listados de esta causa”.

Por el contrario, rechazó la incorporación de pruebas surgidas en una investigación que tramita en Concordia y que los fiscales consideraban que era vital para explicar la ruta del dinero expoliado a la Legislatura. Sin embargo, aclaró que esa documentación “podrá ser evaluada en su individualidad”.

Rumores, solo rumores

La elevación a juicio llega ocho años después del inicio de la causa, revelado por Página Judicial el 3 de octubre de 2018, y debió pasar un lustro desde que los fiscales dieron por clausurada la Investigación Penal Preparatoria y pidieron la remisión.

Durante diez años, una organización se dedicó a saquear el 40 por ciento del presupuesto de la Legislatura mediante contrataciones irregulares. El desfalco se determinó en 1.111.871.715 pesos –según una pericia oficial–, una cifra que pomposamente el Ministerio Público Fiscal convirtió en 52 millones de dólares.

A juicio llegaron los eslabones medios y bajos de una cadena que no podría haber sido enlazada sin la participación de diputados, senadores y autoridades legislativas, que eran, en definitiva, quienes autorizaban las contrataciones.

Así lo declaró, el 28 de mayo de 2022, el ex director administrativo de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso: “Cada diputado decidía qué persona contratar, qué persona no contratar; decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban. Todos los contratos eran iguales, con el mismo modelo. Se regían con la misma normativa”.

El 26 de noviembre pasado, en absoluta reserva, el Ministerio Público Fiscal abrió lo que se ha dado en llamar como la segunda parte de esta saga, apuntando contra las autoridades legislativas: los ex vicegobernadores Adán Bahl, José Cáceres y José Eduardo Lauritto; y los ex presidentes de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri y José Allende, aunque en su caso, con una figura más benévola que los haría solo pasibles de tener que pagar una multa por imprudentes.

Los defensores pidieron la unificación de ambos expedientes. Denegado. Cuenta la leyenda que en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se dejó trascender que era imposible caerles a quienes ahora serán sometidos a juicio sin avanzar contra los autores de la maniobra. Este rumor de pasillo, tal vez, haya sido el que empujó al Ministerio Público Fiscal a abrir una segunda causa. Si es así, habrá que esperar el próximo movimiento de los defensores, en un intento por llevar esta elevación a juicio al STJ.