Se acaba el humo en la causa ATER

30/06/2026

La defraudación por más de mil millones de pesos en el organismo recaudador de la provincia llega a su fin. Pequeña historia de lo que queda “la gran estafa”. 

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 

 

¿Alguien recuerda la causa ATER? La investigación determinó una trama de corrupción entre funcionarios, contadores y contribuyentes (en buena parte empresarios) a través de compensaciones truchas en el seno del organismo recaudador.   

El expediente llegó a tener más de un centenar de personas procesadas, incluido un ex funcionario del Ministerio de Economía, por los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude a la administración pública. La causa se elevó a juicio en abril de 2021, luego de 7 años de haberse iniciado la pesquisa tras la denuncia del entonces titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto. Pero quien destapó la olla fue una empleada de la agencia territorial de Victoria, al detectar una “anomalía” en la situación fiscal de una empresa dedicada a la comercialización de insumos agropecuarios. Lo que le llamó la atención fue que la firma Insumos Entre Ríos (en formación) cancelara una deuda impositiva de 1.111.279,10 pesos mediante una compensación, como si fuera proveedora del Estado.

La jueza Marina Barbagelata determinó que “dentro del organismo recaudador de la provincia de Entre Ríos había un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, (ex) tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado” y resaltó que los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”.

La magistrada estableció que María Estrella Martínez de Yankelevich era la jefa de una cooperativa delictiva desde su rol de titular del Departamento Despacho de la ATER, es decir el área encargada de tramitar las compensaciones.

Los funcionarios del organismo recaudador; Abelardo Daniel Gaggión, Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño; manipulaban el sistema informático “cargándole información falsa –sobre que los contribuyentes (…) eran titulares de créditos líquidos y exigibles contra el Estado, cuando en realidad esto no era así–, logrando que, al ser procesados los datos falsos por el sistema, los impuestos que los contribuyentes adeudaban, figurasen como cancelados por compensación”. Por su parte, Darío Fabián Barreto, otro empleado del organismo recaudador, era quien captaba a los contribuyentes y les ofrecía el negocio directamente a través de sus contadores.

A lo largo del proceso -según reconstruyó Página Judicial– contadores y empresarios fueron saldando sus cuentas contributivas que con anterioridad evadieron y así se fueron liberando del proceso penal. Iban a ser enjuiciados los empresarios Miguel Ángel Banega, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi, Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Mauro Fabián Neme, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez, Claudio María Santiago y Miguel Artemio Waigel.

En su momento también habían sido procesados y resolvieron su situación a través de una probation hombres fuertes del empresariado entrerriano: el constructor Néstor Iván Szczech; Guillermo Derudder y Javier Andrés Germanier, ambos de Flecha Bus; el ex diputado provincial, Hernán Burna; y Miguel Galuccio, entre otros. Se estableció una regla de conducta general que consistió en el pago de los impuestos que antes habían evadido, más los intereses y multas correspondientes y los impuestos prescriptos.

El expediente tramitó bajo las reglas del sistema penal inquisitivo, lo que pudo haber prolongado los tiempos del proceso comparable a tres gestiones de gobierno. Sin embargo, las resoluciones tienen más que ver con las formas que sugiere el sistema acusatorio. La charla, la conversación, el acuerdo. Por qué no el afecto. 

En la primera semana de agosto se debería llevar adelante el debate, pero según información recabada por este sitio, el tribunal presidido por el juez Alejandro Grippo, y en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, cerrará juicios abreviados – con condenas condicionales – para todos aquellos que cumplieron funciones en el organismo recaudador. En esos acuerdos se estipulan el pago de multas.  

Llega a su fin una causa que fue narrada como “la gran estafa” al pueblo y, como se ve, era cuestión de hacerle lugar a ese ida y vuelta que tanto caracteriza y estimula la tranquilidad de la comarca.