Investigan la difusión de imágenes de mujeres sin autorización

22/06/2026

La denuncia fue presentada por el colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos. La justicia ordenó medidas urgentes para identificar a los responsables, preservar pruebas digitales y solicitar la eliminación de las publicaciones. Un mapa de la violencia de género digital, una modalidad género que crece aceleradamente.

De la Redacción de Página Judicial

 

La justicia entrerriana ordenó medidas urgentes para identificar a los responsables de una aplicación de mensajería a través de la cual se difunden imágenes de mujeres sin su consentimiento. La investigación surgió a partir de una denuncia promovida por el colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos ante la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La violencia digital es una de forma de violencia de género que crece más aceleradamente en el mundo: desde ataques en redes sociales hasta campañas de desinformación, acoso o abuso en línea, la distribución no consentida de imágenes íntimas o con alteraciones mediante herramientas de inteligencia artificial.

La denuncia, ingresada a través del formulario web de la Oficina de Violencia de Género, advierte sobre la difusión de fotos, videos e incluso material de contenido sexual de mujeres sin su consentimiento en Paraná a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En la presentación se consignó que parte del material habría sido obtenido de perfiles personales en redes sociales y posteriormente modificado o editado y también señalaron que circulaban imágenes y videos de situaciones íntimas, cuya difusión presuntamente no contaba con el consentimiento de las personas involucradas.

Además, el colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos advirtió en la denuncia sobre la existencia de conversaciones y mensajes explícitos que refieren a hechos de violencia, abuso y coerción sexual.

La denuncia fue acompañada por capturas de pantalla de la plataforma, donde se presume de ser un grupo “que se creó con el fin de compartir fotos de mujeres de acá de Paraná (sic)” y alude explícitamente que se trata de contenido sexual y desnudos.

Tal como establece la legislación provincial, tras tomar conocimiento de la situación, la Oficina de Violencia de Género giró la denuncia al Juzgado Civil y Comercial Número 5 de Paraná, a cargo del Juan Marcelo Micheloud, quien activó las herramientas previstas en la denominada Ley Olimpia, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje.

El magistrado dispuso la intervención de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos y ordenó una serie de tareas investigativas tendientes a identificar a los posibles responsables de la creación, administración y difusión de los contenidos denunciados, según consignó Canal Once.

Las medidas de prueba incluyen la preservación de datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material; la identificación de las direcciones IP y números telefónicos vinculados a las cuentas en plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas que habrían participado en la difusión del material.

También se ordenó gestionar la inmediata eliminación, bloqueo o baja de las publicaciones en todas las plataformas donde pudieran encontrarse disponibles.

Además de las actuaciones y medidas dispuestas por el juez Micheloud se corrió vista a la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Mientras tanto, la investigación permanece en secreto y no ha trascendido que hubiera personas identificadas.

Un mapa

La violencia contra mujeres en entornos digitales es una modalidad de violencia de género. La legislación argentina prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, entre ellas, ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.

La llamada “Ley Olimpia”, sancionada en octubre de 2023, introduce modificaciones a la legislación sobre protección integral contra las mujeres y aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

La provincia de Entre Ríos adhirió en enero de 2026, a través de la Ley Número 11.249. Entre otras cosas, plantea la prevención de la violencia digital por motivos de género; pero también insta a la promoción de campañas de sensibilización a la comunidad y a concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente entre los niñas, niños, adolescentes y juventudes.

Según registros de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 73 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en línea y el 90 por ciento de las víctimas de distribución no consentida de imágenes íntimas son mujeres.

Entre Ríos carece de estadísticas específicas. Sin embargo, en enero, la Oficina de Violencia de Género del STJ registró 1.729 denuncias por violencia de género y violencia familiar en la provincia; el 90,3 por ciento tramitaron en el fuero civil. En ese marco, se dictaron 4.509 medidas de protección, tales como el cese de actos de perturbación o la abstención de intentar cualquier tipo de contacto, hasta el tratamiento terapéutico para los perpetradores de actos violentos, entre otras.