TRATA DE PERSONAS
Condenan a un proxeneta y rematan sus bienes para indemnizar a la víctima
16/06/2026
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a Rubén Alberto Cabra por la explotación sexual de una adolescente en situación de vulnerabilidad y oriunda de la provincia de Chaco en un prostíbulo ubicado a un costado de una ruta. También se ordenó el decomiso del local y disponer los fondos para indemnizar a la víctima.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Un hombre fue condenado a diez años de prisión por un hecho escalofriante de promoción y facilitación de prostitución y trata de personas en el caso de una menor de una joven a quien, además, deberá abonar una indemnización millonaria en concepto de reparación integral del daño.
Rubén Alberto Cabra, apodado Petro, jornalero de 43 años, era quien administraba el prostíbulo Snack Bar, uno de los seis que funcionaban en Concepción del Uruguay hasta la sanción de la ley que prohíbe ese tipo de locales. El dueño era su tío, Rubén Ángel Cabra, fallecido. El boliche funcionó durante años, a un costado de la ruta provincial 39; fue clausurado, pero reabrió bajo el manto de la sospecha de un amparo policial.
Snack Bar había comenzado como una especie de guardería de las mujeres que eran obligadas a prostituirse en La Noche, otro cabaret de la ciudad que también regenteaba el tío Cabra. Allí se alojaban mujeres, la mayoría procedentes de otras provincias; algunas con sus hijos.
Suspicacias aparte, el caso que envía a Cabra a la cárcel se conoció a partir de una denuncia anónima a la Línea 145, realizada en 2019 por una mujer que recién pudo ser identificada dos años después. Dijo que en 2006, a sus 17 años, viajó engañada desde la provincia de Chaco, con la falsa propuesta para atender un comercio.
Una vez en Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo y obligada a prostituirse. Se negó e intentó irse, pero le dijeron que tenía una deuda y debía saldarla antes. Durante un año la obligaba a hacer pases con clientes; el resto del tiempo debía permanecer en el local, encerrada junto a otras mujeres también prostituidas.
Diría luego ante la fiscal Josefina Minatta que en una ocasión pudo escaparse, pero Cabra se presentó en su casa chaqueña, acompañado por otros dos hombres, y amenazó a su familia.
De vuelta en Concepción del Uruguay, fue alojada bajo llave en la casa del Cabra y todas las noches era trasladada hasta el prostíbulo donde era explotada sexualmente. No percibía dinero ni porcentaje de los pases.
Posteriormente quedó embarazada, una noche en que el propio Cabra la drogó y abusó sexualmente de ella. La explotación continuó incluso después del nacimiento de su hija, hasta que pudieron escapar, entre octubre y noviembre de 2008.
Cabra, que siempre negó los hechos y dijo haber sido extorsionado por la Policía para sostener un boliche, fue condenado por la jueza Mariela Emilce Rojas por delitos de promoción y facilitación de la prostitución de menores, agravado por haber mediado engaño y amenazas; promoción y facilitación de la prostitución de personas mayores de edad; y trata de personas. Recibió una condena de diez años de prisión. La magistrada, además, ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo a fin de disponer el pago de una indemnización de 65.292.000 pesos en concepto de indemnización integral a la víctima como reparación del daño. Si hubiera un remanente, la jueza dispuso que se debía destinarse al del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
En su alegato la fiscal Minatta enfatizó en la condición de vulnerabilidad de la joven, desde su captación, traslado y explotación en el prostíbulo entrerriano. Dijo que la joven, entonces mejor de edad, “fue reclutada sin precisiones sobre las condiciones que la esperaban, sin haber podido tener ni la más mínima intervención en la decisión de cómo viajar y forzada por la necesidad extrema”.