El negocio detrás del tráfico de piezas arqueológicas

12/06/2026

En Argentina, los fósiles se consideran propiedad de las provincias, como el petróleo o el litio, y está prohibida su comercialización. Sin embargo, resulta habitual hallar material de este tipo circulando por sitios de subastas, ocasionando un daño incalculable a la ciencia. En Entre Ríos tramitan actualmente dos causas judiciales por el tráfico de piezas arqueológicas y paleontológicas.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Cualquiera que haya comido ostras, alguien que tuviera la dicha de haberse colgado alguna vez una perla al cuello o quien ha recolectado conchas en alguna playa, ha tenido contacto con bivalvos.

Los bivalvos son uno de los miembros más importantes de la mayoría de los ecosistemas marinos y de agua dulce. Se encuentran desde las profundidades de los océanos hasta los arroyos de un jardín, aunque no en esta región geográfica.

La descripción de estos extraños fósiles ha motivado diversos estudios científicos, destacándose las publicaciones del Conicet, basadas sobre abundante material coleccionado con estricto control estratigráfico, que han permitido reconstruir parte de su historia en las cuencas jurásicas del centro-oeste de Argentina.

A lo largo de la historia, estos animales marinos han despertado el interés para los humanos, como alimento, para la elaboración de joyas, como objetos de colección y hasta para acuñar moneda, por ejemplo.

Los restos fósiles son considerados bienes culturales del lugar en donde fueron hallados y, de acuerdo con las leyes argentinas, alguien puede ser poseedor, pero no propietario: pertenecen al patrimonio cultural de la Nación y la compra y venta de fósiles o materiales arqueológicos está prohibida en todo el territorio. Existe, a pesar de ello, un negocio millonario detrás y una constante en el sistema penal.

Patrimonio cultural

En Argentina, los fósiles se consideran propiedad del Estado, sin importar si fueron hallados en tierras públicas o privadas; está prohibido sacarlos del país y comercializarlos; e incluso si una persona hallara un fósil, está prohibido extraerlo, moverlo o alterarlo.

Desde la reforma constitucional de 1994, la custodia de todos los materiales paleontológicos recae sobre las provincias donde fueran hallados y son las encargadas de autorizar exploraciones, extracciones, préstamos y traslados de estos materiales dentro del territorio nacional.

Entre Ríos, por caso, es una de las regiones más ricas para el estudio de fósiles posteriores a la extinción de los dinosaurios. Tiene una riqueza excepcional en yacimientos marinos y continentales en las barrancas del río Paraná y arroyos interiores donde se recuperan restos de grandes mamíferos prehistóricos, como gliptodontes, perezosos gigantes y mastodontes.

La legislación sobre protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en el país data del año 2003. Define al patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. El patrimonio paleontológico está constituido por organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.

La Ley Número 25.743 establece que todos los restos fósiles hallados en el territorio argentino forman parte integral del Patrimonio Cultural de la Nación; regula toda actividad relacionada al patrimonio paleontológico y arqueológico y designa al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia como el organismo nacional competente para su protección.

Ese deber de cuidado y preservación, en Entre Ríos, le corresponde al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, tal lo establecido en la Ley Número 8.696, sancionada en 2006.

Historias del saqueo

Sin embargo, resulta habitual hallar material de este tipo circulando por sitios web de subastas, colecciones privadas o museos de distintos países del mundo, ocasionando un daño incalculable a la ciencia argentina, como incalculable es la magnitud del negocio.

En Entre Ríos tramitan actualmente dos causas judiciales por el tráfico de piezas arqueológicas y paleontológicas. En un caso, a raíz del hallazgo de unas sesenta piezas arqueológicas de origen peruano y prehispánico en el Museo del Ovni de Victoria. El otro caso involucra a un paranaense que pretendía vender a través de Marketplace, la plataforma de Facebook, un fósil de 130 millones de años de antigüedad.

Son situaciones diferentes, pero ambos podrían recibir penas de entre dos meses y dos años de prisión. No irían a la cárcel, pero podría acarrear una inhabilitación especial de hasta cinco años para ejercer cargo, empleo o profesión relacionado.

La primera de las investigaciones se originó en virtud de una serie de denuncias efectuadas hacia finales de 2023 por la Embajada de Perú por la supuesta exhibición en el Museo del Ovni de un pie de momia de gran valor científico, procedente de la localidad de Paracas y que habría sido extraída e ingresada ilegalmente a la Argentina.

Se supo luego que la pieza en cuestión le había llegado a Andrea Pérez Simondini, directora del museo privado, por encomienda procedente de Perú. En la reseña decía que ella misma lo había descubierto en un viaje a Perú. Luego diría que no intentaba apropiarse del pie de momia, sino que o tenía expuesta a los visitantes.

Sin embargo, en el allanamiento se descubrieron obras arqueológicas de alfarería modelada, posiblemente de origen peruano; piedras talladas con filo, probablemente de origen prehispánico; fragmentos de cerámica correspondientes a cuerpos, bordes y cuello de vasijas, retazos de alfarería modelada y artefactos líticos pulidos; también piezas fósiles, posiblemente de megafauna, que el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas acreditó como correspondientes al acervo cultural argentino y peruano. Cómo se hizo de ellas, sin embargo, es un misterio sin develar.

Andrea Pérez Simondini está procesada por la tenencia de piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales a la espera de un juicio.

El otro caso se conoció a raíz de una denuncia promovida por un paleontólogo e investigador del Conicet, luego de descubrir que un usuario de la red social Facebook tenía publicado para la venta en Marketplace un bivalvo fósil de la familia Trigoniidae, por el que pedía 350 mil pesos.

Guillermo Turazzini, licenciado en paleontología e integrante del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, se contactó con el usuario. Le advirtió que la comercialización que pretendía hacer era ilegal y le sugirió que entregara la pieza a un museo. Pero recibió como respuesta la hostilidad y la ratificación de sus intenciones de vender la pieza.

Ricardo Raúl Villanueva, jubilado paranaense, tenía el fósil en su casa. Un informe técnico elaborado por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas concluyó que la pieza corresponde a una valva fósil con una antigüedad estimada en 130 millones de años. El hombre dijo que lo había recibido como parte de una herencia y que desconocía su valor científico como la prohibición de venderlo. Terminó procesado y camino a juicio por intentar de cualquier modo poner en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos.