Piden veinte años de prisión para dos gendarmes que perseguían comunistas

11/05/2026

La fiscal Josefina Minatta solicitó que los ex gendarmes Néstor Gómez del Junco y Roberto Caserotto sean condenados a veinte años de cárcel por el secuestro y torturas de militantes comunistas durante la última dictadura cívico-militar. La insólita exposición de María Emma Bargagna, en representación del Registro Único de la Verdad.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

“Han pasado cosas inenarrables, asimilables a actos de sadismo”, afirmó la fiscal Josefina Minatta. Hablaba de la irrupción de una patota en una fiesta de cumpleaños que celebraban militantes comunistas, el 14 de mayo de 1977, en plena dictadura, en Concepción del Uruguay

La fiscal solicitó que Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, oficiales del alto rango de Gendarmería durante la última dictadura cívico-militar, sean condenados a veinte años de cárcel. “Una pena más exigua sería banalizar los delitos de masa”, inquirió Minatta en su alegato.

También solicitó que la pena sea de cumplimiento inmediato, efectivo y en cárcel común; y que se disponga la baja administrativa definitiva de los cargos y beneficios que revisten actualmente en Gendarmería.

Los represores están acusados de los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia y tormentos contra un grupo de militantes comunistas –incluidos niños–, y como integrantes de una asociación ilícita que tuvo por objeto la persecución de personas por motivos ideológicos.

Por estos hechos ya fue condenado el ex policía federal Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde. En aquel juicio, en 2019, los ex gendarmes habían sido apartados por motivos de salud, hasta que fueron reevaluados.

La patota que irrumpió en un cumpleaños

El 14 de mayo de 1977, una patota irrumpió violentamente en la vivienda de Roberto Montesinos y su compañera, Berta Muñoz, que festejaba su cumpleaños. En la casa estaban sus hijos, Gabriela y Daniel Montesinos, de 4 y 7 años; y unos amigos, entre ellos, sus camaradas Carlos Julián Stur, Juan Bautista Amadeo Echeverría, Eladio Ramón Bochatay, Jorge Clemente Impini, Raúl Impini, Héctor Raúl Jáuregui y Rodolfo Saldarelli, militantes comunistas.

Echeverría contó que “estaban los varones en el patio y las mujeres en una habitación” y recordó que en un momento ingresó y vio que había una persona que no recuerda si era militar o gendarme, apuntándoles con un arma.

Los verdugos retuvieron a mujeres y niños en la habitación e hicieron salir a los hombres al patio, donde les hicieron poner las manos contra la pared, los insultaron y volcaron todas las bebidas sobre el asado.

El operativo, que la fiscal describió el allanamiento como “ilegal y violento”, estuvo encabezado por el militar José Luis Palacios (fallecido), jefe de inteligencia de la zona e interventor del Sindicato de Luz y Fuerza en esos años; e intervinieron militares, oficiales de Gendarmería y agentes de la Policía Federal.

A la nena le apuntaron con un arma en la cabeza, amenazando a su madre para que dejara de llorar
–Si no la hacés callar, le vuelo la tapa de los sesos –le dijo un integrante de la patota.

En el juicio, Gabriela, aquella niña de 4 años, relató que el primer registro que tiene de su infancia es el de un arma apuntándole en la cabeza. “Eso es algo siniestro”, señaló la fiscal Minatta en su alegato.

A la mujer la trasladaron esa noche a la delegación local de la Policía Federal, donde fue interrogada por Gómez del Junco y Caserotto; luego fue devuelta a la casa, donde permaneció secuestrada, incomunicada y con custodia, junto con sus hijos, durante los siguientes diez días.

Mientras eso pasaba, los militantes comunistas fueron trasladados al escuadrón de Gendarmería; allí los obligaron a formar fila y los golpearon con la culata de fusiles FAL; los encerraron en calabozos, los obligaron a desnudarse, a uno de ellos le tiraron agua sacada de la heladera; recibieron insultos, golpes, pisotones y los sometieron a un simulacro de fusilamiento, entre otras torturas físicas y psicológicas.

Al otro día, los militantes comunistas fueron trasladados a la unidad penal de Concepción del Uruguay, como quedó asentado en los libros del Servicio Penitenciario, provenientes del escuadrón de Gendarmería. En los registros se los consignó a disposición del jefe de la represión en la ciudad, teniente coronel Vicente Héctor Noé. Hasta su liberación, el 26 de mayo.

En varias declaraciones, desde 1984 ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y después también, los militantes comunistas mencionaron la intervención de Gómez del Junco y Caserotto. “Era evidente que dirigían el operativo”, declaró uno de ellos.

Al amparo de la noche y de la niebla

La cacería contra el grupo de militantes del Partido Comunista continuó. Al año siguiente, el 12 de enero, una patota integrada por personal de Gendarmería y Policía Federal secuestró y torturó a dos de ellos, Juan Bautista Echeverría y Carlos Stur, junto con su hijo de 13 años, cuando se encontraban acampando en Banco Pelay.

Según relataron ante la justicia, los dos militantes estaban acampando hasta que repentinamente se cortó la luz y aparecieron cuatro personas, entre los que reconocieron al Moscardón Verde y a Pedro Rivarola, otro policía federal, y se los llevaron violentamente, les vendaron los ojos y los trasladaron hasta “la casa de Bernay”, una casa operativa de las fuerzas represivas que presumen estaba cerca del Arroyo Colman.

En ese lugar estuvieron esa noche atados con alambres alrededor del cuello, los golpearon con un palo y con manoplas y les aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo. En la parrilla, vendado, atado y mientras era torturado, en un momento en que se le despegaron las cintas que cubrían sus ojos, Stur reconoció a Gómez del Junco como quien empuñaba la picana eléctrica.

Según su testimonio, los integrantes de la patota enlazaron a Stur y Echeverría con un cordón muy fino de alambre alrededor del cuello, unidos, y los golpeaban de ambos lados, de modo que el cordón se iba ajustando. Eran golpes muy duros, con manoplas o por gente adiestrada, dijeron. Golpes en los oídos, lo que llamaban teléfono. A Stur le hicieron lo que denominaban palomita: lo tiraron al suelo, boca abajo, atado de pies y manos a la espalda. También lo quemaron con cigarrillos.

Stur recuerda, en ese contexto, la melodía que emitía una cajita de música; paradójicamente, “una melodía muy agradable”, dijo al declarar en el juicio.

Después trajeron la picana eléctrica. Gómez del Junco era quien la empuñaba. Stur en una habitación y Echeverría en otra contigua. Ambos desnudos, sobre una parrilla, las manos atadas con alambres. Primero fue el turno de Echeverrría; Stur escuchaba cómo lo torturaban. Después fue su turno: le pasaron un paño mojado y comenzaron a pasarle picana eléctrica en todo el cuerpo, con especial ensañamiento en la sien derecha.

Gómez del Junco era quien empuñaba la picana, dijo Stur. Lo reconoció. Las preguntas estaban orientadas a que delataran a sus camaradas del Partido Comunista, relataron en el juicio.

Cometió Gómez del Junco otras tropelías en Concepción del Uruguay, especialmente contra militantes comunistas, como relató otro militante a quien dijo haber sido torturado y que hasta que le arrancaron las uñas.

No hay prueba documental de este hecho. Solo sus testimonios. “La prueba testimonial adquiere un valor singular”, introdujo la fiscal Minatta. “Los testimonios se privilegian frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas o cuando se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración o se cometen al amparo de la privacidad”, agregó. “Al amparo de la noche y de la niebla, porque se cometieron en la oscuridad y de forma clandestina, para que nadie supiera ni existiera ninguna prueba del modo en que sucedían estas detenciones”, resaltó.

Momento insólito

El Registro Único de la Verdad interviene en el proceso como amicus curiae, una expresión del latín que significa amigos del tribunal. Su tarea es la de colaborar en la búsqueda de la verdad y contribuir al juzgamiento de represores.

La representación la ejerce María Emma Bargagna, a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. En el inicio del juicio había protagonizado un papelón que motivó una reprimenda de la jueza Noemí Berros y este lunes hizo una insólita exposición, en la que habló de “gobierno de facto” y evitó mencionar que entre 1976 y 1983 hubo una dictadura: ni dictadura, ni militar, ni cívico-militar; gobierno de facto.

“El Estado argentino tiene la obligación de sancionar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad y la sanción debe ser adecuada a la gravedad de las conductas comprobadas”, dijo en el inicio de su exposición.

“Los investigados pertenecían a Gendarmería Nacional, lo que hicieron además de haber sido ilegal resulta groseramente incompatible con los deberes del cargo que ejercían: usaron la Gendarmería y su capacitación específica para torturar y maltratar a argentinos indefensos”, afirmó la funcionaria.

Hizo hincapié en su alegato en la situación de vulnerabilidad de los niños que fueron víctimas de los hechos y afirmó que Caserotto y Gómez del Junco actuaron “a sabiendas de que vulneraban derechos humanos garantizados por las normas internacionales que el Estado había suscripto, con el agravante de que desplegaron conductas con resultado eficientes de desprotección, abandono y crueldad contra personas humanas híper-vulnerables, como eran los niños de corta edad”.

Pero patinó sobre el final, con una manifestación revictimizante que pretendió responsabilizar a los militantes secuestrados y torturados por la postura institucional “benevolente” del Partido Comunista Argentino con la dictadura y “el acercamiento económico, político y militar del gobierno militar con la Unión Soviética”.

El juicio continuará el lunes 18 de mayo, con los alegatos de las defensas, José Velazquez y Cristhian Panceri, por Caserotto; y la defensora pública Julieta Elizalde, por Gómez del Junco. El veredicto se conocería el martes 9 de junio.