Justicia y política
Los ruidos de la causa Contratos I y la expectativa de Bahl en la II
11/05/2026
¿Cuántos años le van a pedir a quienes se quedaron con la mayoría o el gran porcentaje de esos millones que dice el Ministerio Público? ¿Cuánto tendrían que pedirle, entonces, a quienes organizaron todo esto? son algunas preguntas de un abogado defensor de la causa I y ante el inicio de la II. Habló Bahl.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La causa de contratos truchos en la Legislatura, en rigor el hecho que se comenzaba a investigar, lo reveló este medio en una publicación del 3 de octubre de 2018 a partir de allanamientos que dispuso el fiscal Ignacio Aramberry en dos estudios contables. Ambos señalados como los andamios administrativos del sistema por el cual se sustrajeron ilegalmente durante una década fondos presupuestados en los cuerpos legislativos.
Uno de esos buffet lo integraba Alfredo Bilbao, quien se encuentra imputado con un pedido de pena de 12 años. El otro estaba a cargo de Pedro Opromolla, un contador al que se le solicitó una pena de 6 años. Este profesional fue socio de su colega Sebasdtián Orlando, esposo de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Opromolla y Goyeneche tenían dos inmuebles en sociedad, según se conoció a partir de los allanamientos encargados por Aramberry. La doctora no se apartó de la causa, lo que le valió una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento y cuyo proceso fue anulado en la Corte Suprema de Justicia por la forma en que se llevó a cabo, aunque no dijo una sola palabra de los hechos denunciados, que oscurecen tanto a la jurisdicción provincial como al máximo órgano judicial del país. Según reconstruyó Página Judicial, Goyeneche negocia por estos días suceder a Jorge García en la Procuración General. Ampliaremos.
El defensor de Bilbao, Iván Vernengo, pasó por el ciclo Plaza Mansilla que se emite por el streaming de Canal Once.
-Para plantarnos y entender toda esta historia, que por cierto es muy compleja: ¿en qué punto de la línea del tiempo está la causa de contratos truchos en la Legislatura, parte I?
-Está en lo que muchos llaman la etapa intermedia del proceso penal de nuestra provincia, que es la remisión a juicio, cuando la fiscalía dice que se ha agotado la investigación y entiende que debe elevarse a juicio sobre ciertos imputados. Esa es la etapa en la que está hoy. Es una etapa que tiene su tiempito. Si bien es una causa voluminosa y compleja, también por ciertas cuestiones se ha ido demorando tal vez un poco más. Estamos en un proceso en que las defensas, diría que casi todas, hemos hecho ciertos planteos y recursos sobre decisiones de la jueza de garantía (Marina Barbagelata).
-El 3 de abril de 2019 dijo usted en declaraciones públicas: “En el legajo fiscal hay puntas para determinar responsabilidades de funcionarios políticos”. Uno podría decirle, bueno, se acaba de abrir una nueva causa. O la parte II. ¿Qué piensa?
-No recuerdo exactamente el momento en que hice esa declaración, pero seguramente me refería a la hipótesis fiscal. Sucede que nuestro defendido no era un funcionario público, no tenía ningún tipo de poder de decisión en cuanto a que si se contrataba, o no se contrataba, a quién se contrataba, a quién no se contrataba, cómo se contrataba y de qué forma se le contrataba. Obviamente que si yo sigo la hipótesis fiscal, había un nivel superior de decisiones para hacer o facilitar este supuesto delito que estaban en capas políticas e incluso dentro de la administración pública en puestos superiores a nuestro defendido. Si yo doy por cierto el monto del supuesto perjuicio que dice fiscalía; 1.200 millones de pesos, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía de Estado; evidentemente ese dinero no está dentro ni siquiera de la totalidad de los imputados hasta hoy.
-Otra declaración de esa entrevista: “Parece que la fiscalía está más preocupada por averiguar qué bienes tienen estos imputados (los que están en la causa uno). Pero es imposible que tengan los 1.200 millones de pesos que se sustrajeron del Estado provincial. Ese dinero está en otras manos, en manos de personas que no están imputadas, obviamente”. ¿De quiénes, entonces?
-Yo no sospecho de nadie, yo les puedo decir lo que pienso, lógicamente, legalmente y administrativamente. ¿Quién puede contratar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿Quiénes son? Mi defendido no tenía ese poder de decisión. Estimo que los que están autorizados a contratar y aprobar (esos contratos) son, en principio, los legisladores, los presidentes de bloque y los presidentes de ambas cámaras, que son los que refrendan los decretos de la Cámara.
-Ahora uno podría decir, bueno, pero se abrió una causa de contratos truchos II, en donde se ha convocado a los presidentes de las cámaras para que presenten abogados. La pregunta es: ¿por qué no se investigó en la primera?. Y otra: ¿Está bien que se abra una segunda parte?
-La verdad estoy sorprendido, porque nosotros nos enteramos por los medios periodísticos y puedo hablar, también, por la información que nos mandó el Ministerio Público a requerimiento de varias defensas que participan en la causa de contratos I. La verdad que me sorprendió la imputación de un peculado culposo o imprudente. Porque si yo sigo la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la causa madre, que hoy sería contratos I, la mayoría de los imputados en la redacción del hecho hablaban de que distribuían a otras personas parte del producido. O entregaban parte de ese dinero sustraído del Estado a otras personas que no pudieron individualizar. Nuestro defendido tiene el pedido de una pena de 12 años. Siguiendo esa hipótesis, ¿cuántos años le van a pedir a quienes se quedaron con la mayoría o el gran porcentaje de esos millones que dice el Ministerio Público? Creo que al que más le piden anda por los 15 o 16 años. ¿Cuánto tendrían que pedirle entonces a quienes organizaron todo esto? Según su hipótesis, quienes organizaron fueron los presidentes, las autoridades superiores. Los legisladores, los vicegobernadores, presidentes del bloque. Ellos dicen que no pudieron individualizarlo cuando es de público conocimiento y notorio.
-¿Por qué cree que la fiscalía le aplica un peculado imprudente?
-Evidentemente no quieren establecer, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó con las autoridades superiores políticas.
-¿Entonces quieren cortarla?
-Es inexplicable que se les impute hoy (a los presidentes de las cámaras) un peculado imprudente. Que por negligencia, impericia, o no cumplimiento de los reglamentos que tenían que cumplir, permitieron que otros sustrajeran los dineros públicos. La verdad que da risa ese tipo de imputación.
-Quería preguntarle si se podía dividir la causa en dos, porque están quienes dicen que no se podía hacer eso. Y en segundo plano, ¿qué expectativa tiene?
-La causa es una. Es interesante ese tema porque creo que me da pie a que te cuente una de las críticas de las cuales estamos en materia recursiva, que es el hecho que se imputa. A ciencia cierta nuestro defendido, y creo que esto se comparte con el resto de los imputados, no sabe de qué contratos estamos hablando. En la imputación no figura ningún contrato, se habla en general. Incluso ha habido distintas variaciones en el número de contratos. Que eran 700, que eran 600, que eran 500, que eran 300. Es decir, ¿cómo uno puede defenderse si en la imputación dice que hicieron contratos que no eran legales cuando no hay ninguna firma de ellos? Lo primero que quiero saber es cuáles son los contratos que yo facturé o que la fiscalía cree que son ilegales o truchos. Bueno, eso no está en la imputación, por ejemplo. Además hay cuestiones probatorias. Hay un desmanejo de la evidencia digital, donde el material que fue secuestrado; ya sea teléfonos, computadoras; se ha hecho con desprolijidad y con total incumplimiento de las normas básicas en materia pericial e informática. Pero te decía, si uno no tiene la relación del hecho completa y detallada y de qué es lo que se está acusando, mal puede defenderse.
-¿Espera novedades en este primer juicio? Se lo pregunto porque uno como periodista suele esperanzarse con revelaciones que luego no suceden. ¿Es decir, tendremos que mirar con atención, porque de ahí depende la causa de contratos II; o cree que son dos planos diferentes?
-Esto tiene que ver con tu pregunta anterior, en la que tal vez me fui un poquito por las ramas. Debería haberse hecho una sola causa, porque era fácil identificar quiénes eran las autoridades de las cámaras en su momento, cuando se desarrollaba la IPP. Estaban los reglamentos de ambas cámaras donde se decía quiénes podían contratar y cómo era el trámite de las contrataciones del personal temporario. Por lo tanto debió haberse investigado en ese momento y no se hizo. Ahora, con esta causa de contratos II, parece que pretenden hacerlo. A mi juicio, erradamente. No sé qué voluntad habrá realmente de investigar hasta las últimas consecuencias; y en virtud de la imputación que veo que le han realizado a quienes han sido citados, en principio no lo veo. Muchas personas imputadas van a comparecer a declarar como testigos y podrán ser pasibles de volver a ser imputadas en la causa de contratos II.
-¿Podría terminar la causa de los contratos II antes que la I? Lo pregunto porque el legajo de la I es más complejo.
-La verdad que a mí me sorprenden mucho tantas decisiones que viene tomando el Ministerio Público Fiscal desde hace bastante tiempo, e independientemente de la causa de contratos II; como también las decisiones de los jueces de garantías. Para mí cada vez son menos jueces de garantía. Por lo tanto, yo no podría contestarte si va a terminar primero la causa originaria o la dos. Si voy por el estadío procesal en que están, debería terminar obviamente primero la causa de contratos uno. Pero no me sorprendería nada hoy en día, por cómo está la Justicia en esta provincia.
Expectativas en segundo tiempo
Adán Bahl también pasó por los estudios de Canal Once donde fue entrevistado. Una de las preguntas fue referida a la causa Contratos, en la que debió presentar abogado. Su respuesta fue la siguiente:
-Quienes estamos en política siempre tenemos el deber de dar explicaciones, hoy, mañana, ayer. Y no nos tenemos que enojar cuando nos pide un vecino o cuando nos pide un periodista que demos explicaciones. En realidad, a nosotros, no nos han hecho una imputación formal, pero yo me considero como una imputación material. Creemos que es de nuestra responsabilidad brindar todo el proceso. Ahora vamos a tener la posibilidad de intervenir en el expediente y dar nuestra visión, porque se ha escrito y se ha dicho mucho de todo este proceso. Yo lo veo como una excelente oportunidad, bienvenida sea, y por supuesto nos vamos a poner a disposición, a dar todas las explicaciones. La imputación implica que un funcionario tiene que haber actuado de manera negligente o imprudente y que esa negligencia o imprudencia tiene que haber dado la ocasión para que un tercero se haga de fondos públicos. Nosotros somos funcionarios públicos, por lo tanto, así abierta como está la causa, estamos como con una imputación material. Bueno, ahora tendremos que discutir esto de la imprudencia, si actuamos de manera imprudente o no. Hay muchas cosas que nosotros hicimos durante este proceso que nunca se ventilaron, y de qué manera actuamos. Los gestos en política y en los hechos de corrupción son fundamentales. Iniciamos un sumario y detectó cosas a mejorar y cada una de las recomendaciones fueron tomadas, luego se hizo un decreto para mitigar que estas cosas no ocurran en el futuro, y ese decreto es el que está vigente al día de hoy. Bueno, todo ese tipo de elementos no están en la causa, no formó parte de este proceso de investigación y es uno de los aspectos que nosotros tenemos que discutir ahora con los fiscales cuando sea el momento. Yo no tengo ninguna preocupación, sinceramente lo veo como una oportunidad para de una vez por todas poder decir lo que nos compete, porque durante ocho años estuvimos siempre escuchando. Y los políticos no tenemos que enojarnos ni tener temor cuando nos piden explicaciones. Bueno, después se verán las consecuencias o las conclusiones de esas explicaciones.