La Justicia archivó una causa contra el Gobierno

10/05/2026

Fue por la entrega de un subsidio para actividades culturales. El Ministerio Público Fiscal no encontró ninguna irregularidad en el procedimiento ni el destino del mismo.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El Ministerio Público Fiscal archivó una causa que se había abierto contra el Gobierno. El legajo se inició a partir de una denuncia del abogado de Paraná Agustín Artibano Planiscig, donde intentó poner bajo sospecha el destino de 179 millones de pesos a la Asociación Civil Teatro del Bardo, monto con lo que se costeó cinco ferias de libros de verano bajo el nombre “Mágica en la Playa”. Las actividades se habían realizado entre el 31 de enero y 1° de marzo en Colón, Concordia, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con carpas biblioteca, bibliomóviles, lecturas para las infancias y participación de editoriales entrerrianas.

El 16 de octubre se inició el legajo 302.956, que se caratuló “Frigerio Rogelio s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, según reveló oportunamente Página Judicial. La misma alcanzaba al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

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El jueves pasado, el fiscal a cargo de las investigaciones en el seno de la administración pública, Gonzalo Badano, dispuso el archivo de la denuncia por entender que la misma no constituye ningún delito. Es decir, que el subsidio cuestionado por el abogado hacia la Asociación Civil “Teatro del Bardo”, con destino a solventar la organización de cinco ferias de libros, existió como tal y el procedimiento administrativo no encontró ninguna irregularidad.

Según reconstruyó Página Judicial, el fiscal Badano descartó por completo la sospecha sobre la finalidad del subsidio. Esta denuncia, hay que recordar, fue en plena campaña electoral de cara a las elecciones del año pasado. Un dato imprescindible a subrayar. En estos procesos suelen aparecer denuncias, en la mayoría más sospechosas que el hecho denunciado.

El abogado denunciante se presentó en la jurisdicción federal, también en la misma época, solicitando que se investigue un hecho que se le imputa a la diputada radical, Gabriela Lena, por una adopción, y en la que la legisladora ya se presentó para dar las explicaciones del caso.