Ricardo Alvarez: la Justicia, la política y la mediatización 

06/04/2026

“Los conflictos están sobrepotenciados por una dimensión comunicativa”; “alguna vez, quizás, la política debería entender que con determinados nichos de decisión burocrática hay que estandarizar las condiciones óptimas para que quien las ocupe responda a un estándar de calidad”; “si está bueno que exista una sola voz (en el Ministerio Publico Fiscal) y que ella se desborde sobre estamentos, es por lo menos una discusión”; son algunas de las definiciones que dejó el entrevistado. 

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Ricardo Alvarez quizás sea un hallazgo periodístico. No porque sea un desconocido, sino porque durante su extensa trayectoria a la que puso un punto final como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, no dio demasiadas entrevistas. Aquí un perfil trazado y publicado en revista Cicatriz.

En una extensa charla en el ciclo Plaza Mansilla, en el streaming Click del Litoral, el ex magistrado, docente y jurista dejó conceptos interesantísimos para pensar el Poder Judicial. Por su locuacidad fue abriendo ventanitas, por lo que se recomienda ver el video completo que se inserta al final de la entrevista.

–De poca visibilidad en los medios.
–No, no. En realidad, no tengo por costumbre ingerir demasiado lo que no es una virtud ni un defecto, simplemente una característica que tiene que ver un poco con la apariencia de algo de oquedad que me caracterizó mi amigo Juan en una entrevista en la revista Cicatriz, pero creo que tiene que ver con eso nada más.

–Perfil bajo, para decirlo de alguna manera. ¿Y ahora fuera de tribunales?
–Bien, porque nunca dejé mis afanes por la academia. Soy profesor hace muchos años en la universidad, dirijo el posgrado de Derecho Penal también, tengo muchos amigos en distintos puntos del país que me convocan para ofrecer algún aporte. Así que desde ese lugar nada ha cambiado. Al contrario, creo que se ha incrementado un poco más mi actividad porque tengo más tiempo. También participo de la gestión de la universidad porque he sido designado consejero superior. Ese también es un desafío nuevo porque he sido consejero directivo de la facultad, pero no de la universidad, como se me ha dado suerte poder ejercer ahora a partir de este ciclo. En familia, haciendo actividad física y disfrutando un poco de este tiempo distinto, claramente, que supone para quien se ha dedicado casi 44 años al quehacer judicial, iniciar sus mañanas con una agenda, por así decir, sustraída de los compromisos que pauta el tribunal.

–La agenda judicial se ha convertido, hace ya un tiempo, en una agenda política. ¿Qué opina sobre la designación de Juan Bautista Mahiques? ¿Y del proyecto de la Corte para modificar el concurso para funcionarios judiciales?
–Conozco al padre, a Coco (Carlos) Mahiques, que es el actual juez, precisamente respecto de quién se está solicitando un nuevo período de magisterio en la función, porque cumplirá 75 años. Lo conozco desde la academia. Es profesor de la Universidad Católica Argentina y en alguna ocasión, hace ya muchos años, cuando él integraba la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires fue comisionado por Coneau como uno de los veedores para la carrera que yo dirijo en Santa Fe, de manera que también eso nos permitió vincularnos en algún momento. Tengo un buen concepto personal de él, de Coco, más allá de que me voy a tener que hacer cualquier juicio sobre su actividad como magistrado. El hijo, o los hijos, porque todos están de algún modo vinculados al quehacer judicial, desconozco. Yo, personalmente, creo no haberlo visto nunca, pero no sé qué condiciones debería reunir un ministro de Justicia para que satisfaga de alguna manera lo que la comunidad aguarda de él. Como dice el Ministerio de Justicia, se supone que, sobre todo en nuestro caso que está vinculado a un quehacer que decimos conocer, nos apresuramos a exigir determinados estándares, ¿no? No sé si uno preguntara sobre el ministro de Transporte. Si uno tuviese la posibilidad de proponer una premisa según la cual fulano reúne o no estas condiciones, yo tendría mayores elementos de juicio para decir si este hombre es el adecuado o no. El quehacer judicial, como todos los quehaceres, tiene una lógica interna, según la cual fiscales y jueces comparten un quehacer común. Y él creo que sí que lo debe poseer porque fue fiscal general del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después hay algunas medidas que llaman la atención. Por ejemplo, anunció una suerte de aplazamiento en la vigencia del Código Penal con argumentos que, en lugar de generar satisfacción, me parece que preocupan. Para mí el proyecto del Código Penal, que finalmente quedó allí en stand-by, no era bueno. En primer lugar, porque no había democratizado su agenda desde el lado de quienes podemos aportar algo y ha abandonado otros antecedentes en el tiempo que también forman parte de nuestra historia accidentada en materia de legislación penal. Una decisión que me sorprendió y llama la atención es que haya enviado al Senado el pliego de su padre para que se trate nuevamente sus credenciales.

–¿Por qué se ha demorado tanto la designación del Procurador General de la Nación?
–Es un caso bastante insólito. Para mí proviene de una primera torpeza de la ex presidenta Cristina Kirchner, cuando según se dice, fue quien obstruyó en alguna medida la remisión del pliego que el presidente Alberto Fernández había girado con el nombre de Daniel Rafecas. Me parece que a partir de ese momento podemos ir más atrás.

–¿Por qué se pudre ahí?
–No lo sé. Creo que fue un poco de capricho, falta de acuerdos en la base política de la gestión, por una gestión sostenida artificialmente como fue aquella, según se dice también en el Poder Ejecutivo; pero en cualquier caso aparentemente quien obstruyó, o en definitiva no estimuló o no promovió la discusión acerca de las condiciones de un candidato como Daniel Rafecas fue Cristina Kirchner o alguien muy allegado a ella. Eso es lo que se dijo y fue lo que finalmente explicó la parálisis hasta el retiro definitivo del pliego de Daniel.

–¿Le hubiese gustado Rafecas?
–Por supuesto. No solamente porque tengo que reconocer que es mi amigo, sino porque es una persona de bien, una persona seria, una persona de la academia, con mucha experiencia en el ámbito del Poder Judicial. Él fue ternado para ser juez federal y juez del Tribunal Oral y prefirió ser juez federal y lo ha desempeñado más allá de cuestiones que puedan ser polémicas o no, de manera proba y honesta. De modo que para mí era un buen candidato, un tipo joven, de la academia con conocimiento de la gestión judicial. Bueno, allí quedó. Después sobrevinieron otros nombres, siguen sobreviniendo y sobrevendrán. Alguna vez, quizás, la política debería entender que con determinados nichos de decisión burocrática hay que estandarizar las condiciones óptimas para que quien las ocupe responda a un estándar de calidad, entendida ella como un servicio que dice regirse científicamente, pero que también tiene suficiente respaldo político, de consenso. Por ejemplo, uno podría pensar qué querría uno de un juez de la Corte o de un procurador. En primer lugar, que sepa derecho. Saber derecho no es una ocurrencia de los académicos. Saber derecho significa saber empatizar con el otro, conocer la Constitución, sufrir la realidad como ciudadano, tener la emoción suficiente como para no dejarse doblegar por ella, pero poseerla en términos tales. Dentro del conocimiento del derecho no quedarse solamente en la formación técnica. Al contrario, me parece que lo que está faltando quizás es una dimensión actualizada del saber político, porque el derecho es vida básicamente, es práctica. No es un esquema conceptual que vive de sus propios conceptos y de una manera autorreferencial.

–Lo quería traer más bien a la provincia. Como actor del Poder Judicial, ¿podrá hacer un análisis de cuál es el resultado que ha tenido el sistema acusatorio en Entre Ríos y, a partir de allí, las posibilidades de implementarlo a nivel federal?
–Me gustaría señalar dos o tres cosas y una evocación. El Bebe (Esteban) Righi, que fue el Procurador General de la Nación y con quien mantuve el privilegio de ser uno de sus amigos, cuando se anunciaba por aquellos años la reforma al sistema acusatorio, solía decir, bienvenido, pero siempre que me den recursos, o sea, si me van a invitar a un lugar, que me paguen el pasaje y que me den las condiciones mínimas para poder llegar a él y disfrutarlo. Con lo cual quería significar que ningún modelo es bueno o malo en sí mismo si no incluimos las condiciones operativas de realización. Siempre funcionó esto así, hasta que llegó el ministro (Mariano) Cúneo Libarona que dijo: comencemos con lo que hay, ya está. Bueno, para mí no es un gesto demasiado responsable, aunque hay mucha gente que juzga la audacia del ex ministro. A mí me parece que uno puede cortar por lo sano y proponer una visión crítica intermedia pese a que está muy bien que se haya iniciado de una buena vez la implementación gradual, como ya venía ocurriendo en Salta, por ejemplo.

–El sistema conceptual en Entre Ríos, ¿lo ha podido seguir? Ya tiene más de 10 años
–Sí. Como ciudadano. Su implementación fue progresiva, fue transicional. Ahí tuvo mucho que ver Jorge García, que creo que fue un gran operador, un gran gestor para que finalmente el sistema, con todos sus defectos, hoy sea una realidad en Entre Ríos. La tasa de encarcelamiento que llevan los modelos acusatorios versus los modelos mixtos es mayor en los modelos acusatorios.

–Una crítica que se le puede hacer al sistema acusatorio provincial tienen que ver precisamente con el verticalismo en torno al procurador, como el único que define la política criminal. También se habla de desigualdad de armas entre los fiscales y los jueces de garantías. Aparece un poco el temor de un juez en no hacer lugar a una medida de un fiscal por temor a lo que se divulgue en la prensa. ¿Lo ve así?
–Hay una presunción de mayor racionalidad de parte del Ministerio Público Fiscal que la que se dedica a la defensa. Tiene que ver con la objetividad con la que se expresan los fiscales. En primer lugar, si está bueno que exista una sola voz y que ella se desborde sobre estamentos, es por lo menos una discusión. Y la otra discusión es de qué manera los jueces de garantía se comportan con independencia de esto y cuán inmunes o cuán independientes son de la presión mediática. Hoy tenemos que decir que la presión es también de las redes sociales, que es otro gran tema. Entonces, lo que yo puedo decir es muy modesto, son aproximaciones, intuiciones. Con relación a lo primero, digo, está bien que exista una voz en el ámbito del Ministerio Público, pero no es indispensable que sea. Está bien porque se supone que la conducción de un órgano tan importante como quien lleva adelante la acusación pública y la decisión de no hacerlo tenga un responsable último ante quien recaigan las dudas trascendentes. No la cuestión del día a día. Por otro lado, la política criminal la hace el Ministerio Público, la hacen los jueces, la hace el legislador, la hace la Policía. Todo el mundo hace política criminal. El primero es el legislador. Pero volviendo al punto, creo que sí es necesario que exista una voz, pero hay que amplificar esa voz. Si los sistemas colegiados de decisión son tales, por qué razón dependemos de que lata un solo corazón. Para esto hay que reformar la Constitución, pero me parece que ha habido tantos pretextos para reformar la Constitución, algunos con mayor o menor fortuna, que cuando encontremos uno bueno, incluyamos un colegio de procuradores, no el Consejo de Procuradores que reconoce algunas leyes en el interior público.

–Horacio Rosatti, en las pocas veces que ha dado entrevistas, ha dicho que uno de los dramas de la institucionalidad es que la Justicia ha tenido que resolver lo que no resuelve la política. ¿Lo comparte?
–Yo le daría la razón si él antes me propusiera cuáles son esas cosas que tuvo que decidir la Justicia que la política no pudo hacer, o aquellas que tuvo que decir la justicia inclusive a despecho de la política. No las ha dicho. Es muy fácil, porque así como frase yo ya suscribo. Si fuese cierto que el Poder Judicial puede resolver lo que no ha resuelto el Poder Legislativo, eso está muy mal, porque los jueces deben decidir la aplicación de la ley y no crearla. Pero como no soy un positivista, podría decir; con ciertos matices y dentro de ciertos límites muy precisos, que la Justicia, el operador y el tiempo de aplicación del derecho; debe contar con la posibilidad de complementar los riesgos o la ruta que trace el legislador.

–¿Ha crecido la politización en el Poder Judicial o en realidad se conoce más que en otras épocas?
–Yo creo que se conoce más. Me parece que eso es sustancial. Lo que estamos viendo ahora no es mucho más grave, en todo caso, de lo que siempre sucedió. Tiene una dimensión comunicativa que no poseía, quizás. En otro tiempo la gente decía: aquel juez seguramente era amigo del intendente, de un político. Por supuesto vestía muy bien, no iba a determinados lugares, no se lo encontraba en el círculo jugando naipes, ni en el club, pero posiblemente era amigo del intendente y de la Policía. Estoy jugando con las relaciones. Las formas eran distintas, pero lo que pasa es que la dimensión de la justiciabilidad de los conflictos era infinitamente menor que la actual. Entonces, se litigaba poco, la Justicia era realmente una última ración en una sociedad, no menos conflictiva, pero una sociedad que devoraba a sí misma esos conflictos y no los permeaba, no los llevaba a terminales. También la sociedad era distinta. ¿Por qué había menos trabajo en el sistema judicial? ¿Porque había menos conflictos? No, quizás también porque los conflictos no se transmitían públicamente. Los conflictos están sobrepotenciados por una dimensión comunicativa que todo lo expone, porque si no se expone, no existe. Entonces, este es un tiempo de vértigo. No sé dónde va a terminar esto. Ya ni siquiera tenemos los medios de comunicación tradicionales. No sabemos qué está sucediendo, porque si no está, no sucedió. Vemos lo que se dice de lo que sucedió. En realidad el problema no es el problema. La gracia de las redes es que democratizan el diálogo comunicativo social, pero el riesgo que implica es que cualquiera dice cualquier cosa.

–Si bien se ha desempeñado en el jurisdicción federal, seguramente no desconoce la jurisdicción provincial. ¿Qué impresión le deja la vertiginosidad de hechos en que se denuncia a magistrados, sea en el instituto de juicio político como en el Jurado de Enjuiciamiento? Podríamos citar los casos de Carlos Chiara Díaz, Emilio Castrillón, Cecilia Goyeneche, Susana Medina.
–No, eso no está mal. Si la pregunta tiene que ver con que es novedoso que se someta al enjuiciamiento, o se amenace con el enjuiciamiento a determinados magistrados cosa que antes no lo era, esa novedad lleva en sí la carga de un estigma de lo que está mal. Ahora, dicho esto, también añado con el mismo énfasis que siempre que exista una carga de responsabilidad, está bien. También los funcionarios que utilizan esta vía deben hacerse responsables de esa actitud. Entonces, el aprendizaje tiene que ser mutuo. No creer que por ocupar una determinada plaza tenés garantizada la posibilidad que nunca rindas cuentas de tus actos. Es un absurdo, porque nadie diría que actúa así. Y del otro lado está bien que la ciudadanía ejercite esta posibilidad con la mayor de las responsabilidades. Y después, bueno, cada uno de estos casos que mencionaste, por su particularidad, no puedo opinar sobre eso.

(Con la colaboración de Juan Cruz Varela)

Nota completa