La Comisión de Juicio Político rechazó las denuncias contra Susana Medina

23/12/2025

El dictamen de la comisión legislativa sostiene que la magistrada no incurrió en mal desempeño ni en una violación a normas éticas y advierte que las denuncias constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de la jueza.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Comisión de Juicio Político rechazó por mayoría las denuncias contra Susana Medina, la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), acusada por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Era un secreto a voces que empezó a evidenciarse en los últimos días y terminó ratificado este martes por la comisión parlamentaria que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), y de mayoría oficialista.

Sin embargo, el trámite parlamentario quedó empantanado por la decisión del peronismo y de los libertarios de abstenerse de participar de la sesión especial en la que debía tratarse el dictamen, entre otros proyectos: “No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando”, advirtieron los diputados de Más para Entre Ríos.

El oficialismo fracasó en su intento por reunir el quórum de tres cuartos de los miembros de la Cámara de Diputados que se requieren para tratar el dictamen en la sesión especial convocada para este martes y el asuntó pasó para el viernes 26.

Medina enfrentaba tres denuncias por mal desempeño. La última, promovida por una ex empleada judicial, fue rechazada in límine. Entre las que quedaban en pie, esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas. La magistrada rechazó los cargos, negó las demoras y aseguró que sus ausencias habían sido autorizadas por el alto cuerpo y que estaban dentro del régimen de licencias que rige para los supremos.

El dictamen que pretende imponer el oficialismo sostiene que “no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” y que las denuncias contra Medina constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional.

Amigos son los amigos

El dictamen del oficialismo sostiene que Medina no incurrió en mal desempeño y que “reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”.

En su declaración ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político, la jueza admitió haber viajado al exterior en aviones privados invitada por Eduardo Eurnekian, CEO de Corporación América, de quien dijo ser amiga personal.

Se trata de tres vuelos a España y uno a Colombia, según registros migratorios; dos fueron por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género, de acuerdo con las constancias que aportó el STJ.

Sin embargo, en el oficialismo consideran que no tienen facultades para “juzgar o analizar los gastos económicos realizados en un viaje privado fuera de su magistratura, sean que fuese de su peculio o abonados por terceros amigos o familiares”.

En otro tramo del dictamen se hace hincapié en que no corresponde atribuir responsabilidades individuales a Susana Medina por actos que toma un cuerpo colegiado, como es el Superior Tribunal de Justicia.

Más aun, dicen que las denuncias “no presentan un relato coherente”, “revelan una manifiesta falta de rigor” y “no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

“Las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”, concluyeron los diputados del oficialismo.

Tras el fracaso de la sesión especial, el oficialismo volvió a convocar a la Cámara de Diputados para el próximo viernes 26 de diciembre para insistir en el tratamiento del dictamen que envía al archivo las denuncias contra la jueza Medina.