Una nueva denuncia le oscurece el panorama a Susana Medina

10/12/2025

La asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción presentó un segundo pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia por mal desempeño. La denuncia pone el foco en las ausencias, pero agrega otros condimentos y causales rayanas con la comisión de delitos penales.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Una nueva denuncia jaquea a la jueza Susana Medina, esta vez presentada por la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción, que introduce otras causales a las que había planteado el dirigente gremial Eugenio Jacquemain una semana atrás.

La denuncia está firmada por la ingeniera María Fabiana Cian y la psicóloga social María Valeria Harari, presidenta y vicepresidenta de Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera; y fue presentada un día antes de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comience a analizar la conducta de Medina.

La asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción también pone el foco en “el extraordinario número de días de licencias” por parte de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como Jacquemain, pero agrega el condimento de que las ausencias derivaron en un abandono y un perjuicio de sus funciones, según consta en la denuncia, a la que accedió Página Judicial.

Jacquemain se limitaba a plantear que en los períodos 2016-2019 y 2024-2025 la magistrada se habría ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”. Entre Ríos Sin Corrupción agrega que esas ausencias generaron “altísimos índices de demora en la tramitación de las causas” y vuelca un cotejo estadístico que revela una morosidad del 90 por ciento en 2024 y un 88 por ciento en 2025.

“El Reglamento de Licencias del STJ prevé que la concesión de las (licencias) de capacitación debe realizarse bajo condición de que en la solicitud se declare ‘bajo juramento estar al día en el despacho de las causas y en el dictado de resoluciones y sentencias que le hayan sido asignadas para decidir’”, advierten las denunciantes.

Por otra parte, Entre Ríos Sin Corrupción también le atribuye a Medina haber promovido una alteración en el orden de designaciones de vocales subrogantes del STJ ante casos de recusación o excusación en el período en que Medina fue presidenta, entre 2022 y 2023, lo que podría quebrar la garantía constitucional que tienen las personas de ser juzgadas por el juez natural y no por alguien puesto ahí excepcionalmente.

Según dicen las denunciantes, “en algunos períodos se han omitido designaciones de vocales”, se habrían excluido a otros de los sorteos y se habrían producido alteraciones en el orden de designaciones, entre otras “evidentes desprolijidades”.

También le atribuyen una figura que podría, eventualmente, configurar un delito penal o, al menos, un conflicto de intereses: la aceptación o gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que presidía Medina hasta el domingo, entregadas por el Banco de Entre Ríos o el Grupo Petersen, al que pertenece, o por fundaciones vinculadas a ambas.

La sospecha surge de publicaciones de la AMJA donde se menciona a la Fundación Petersen como auspiciante de eventos organizados por la entidad en 2024 y, “de haber existido, implicarían –al menos– una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial”, sostienen las denunciantes. “La magistrada Medina no debería jamás haber recibido ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, un justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho Banco”, agregaron en otro tramo de la denuncia.

Otro aspecto señalado en la denuncia es un presunto abuso de autoridad por haber prohibido “infundadamente” el ingreso a la ingeniera Cian y otros integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción al edificio de tribunales, tras una serie de incidentes durante audiencias en una causa donde se investigan delitos de corrupción que se le atribuyen al ex gobernador Sergio Urribarri. La decisión, dicen, la tomó unilateralmente Medina como presidenta del STJ, pero luego fue avalada por el pleno, según dicen las denunciantes, en base a información falsa.

Estas circunstancias, a criterio de la asociación civil, “dan cuenta de incumplimientos graves, reiterados y sustanciales de los deberes funcionales del cargo judicial ejercido por Medina” y “ponen en evidencia una situación de mora crónica en la Sala del Trabajo explicable en gran parte por la gran cantidad de días de licencia que ha usufructuado la vocal”, a la vez que sostienen que “la inobservancia de deberes éticos e institucionales elementales han generado la afectación del servicio de (justicia) y muestran la incompatibilidad sobreviniente entre la conducta funcional de Susana Medina y los estándares republicanos exigidos”.

Estos hechos, como aquellos que denunciara el gremialista Jacquemain, también inmiscuido en labores de comunicador, comenzarán a ser analizados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. A preparar los pochoclos.