El hombre que se mira en el espejo de Ilarraz

18/11/2025

El empresario gastronómico Marcelo Quiroga, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, enfrenta una denuncia por abuso sexual con acceso carnal efectuada por una joven sobre quien ejercía autoridad y deberes de cuidado. Los hechos habrían ocurrido entre 1998 y 2002, pero fueron denunciados casi dos décadas después. El camino judicial a la luz de la jurisprudencia sentada en el caso del ex sacerdote.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Cada noche, antes de meterse en la cama, se sentaba sobre la almohada; después deslizaba sus piernas entre las sábanas hasta hundir el resto del cuerpo y se quedaba quietita, como tratando de que el lienzo helado no se saliera de debajo del colchón. Creía que así el monstruo no podría infiltrarse mientras dormía.

Algunas noches conseguía dormirse. Era un sueño liviano, con la temeridad de ser desgajado en cualquier momento. Por cualquier ruido, aun el más tenue. O hasta por la misma sombra de quien se escondía en la oscuridad de la noche detrás de la casa de muñecas, a un costado de la puerta de la habitación, antes de irrumpir en su cama.

La primera vez que pasó tenía 8 años. De madrugada. A la vuelta del trabajo, cuando todos en la casa dormían. Le siguieron otras, hasta sus 12. En la misma casa y en otra; durante viajes y vacaciones.

Por años se mantuvo reprimido el grito silencioso pero brutal de esa niña pequeña, débil, vulnerable, abusada de manera reiterada; que exteriorizaba su calvario a través de síntomas que provenían de su propio cuerpo, indicadores físicos inespecíficos sin causa orgánica e inexplicables para casi todos. Incluso médicos. Atravesó la niñez y la adolescencia con esas perturbaciones. Hasta que un día logró retomar su voz, una voz visiblemente alterada, pero suya al fin. La Psicología llama a ese momento como el de la revelación o develamiento. Primero en terapia; después a su madre, a su novio, amigas; y en 2021, a sus 31 años, ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, donde se presentó para denunciar que Marcelo Quiroga, el empresario gastronómico que ha sabido construir vínculos con todos los gobiernos sin distinción de colores, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná y ex pareja de su madre, había abusado sexualmente en forma reiterada y durante años de la niña que fue.

Un balazo en el aparato psíquico

La fiscal Ileana Viviani tiene a su cargo el Legajo Número 179781, que tiene a Quiroga sospechado de haber cometido delitos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por el vínculo, ya que cuando ocurrieron los hechos era pareja de la madre de la denunciante y ejercía sobre ella autoridad y deberes de cuidado.

Esa niña es hoy una mujer de treinta y pico de años, es una sobreviviente de abuso sexual infantil y el testimonio que dio en sede judicial está mediado por el miedo, el dolor y la angustia. Sus datos personales e identidad no serán revelados. Se dirá, apenas, que reside en Paraná, al igual que el denunciado.

Quiroga, de 65 años, nacido en Tucumán y radicado en Paraná hace casi cuatro décadas, no ha sido imputado, aunque está presentado en el legajo y designó abogado defensor. Inicialmente se le impuso un impedimento absoluto de contacto con la joven y su grupo familiar y una prohibición de realización de actos perturbadores en su contra.

Con el tiempo, las medidas de restricción cesaron, generándole a la víctima sentimientos de profundo malestar emocional y psicológico. Hablar de lo que vivió de niña todavía le provoca temor.

Incluso en una ocasión lo hizo en una conversación privada a través de sus redes sociales y el mensaje le fue filtrado sospechosamente a Quiroga, quien promovió una demanda por calumnias, injurias y difamación en su contra. Aunque la causa no prosperó, agudizó su sufrimiento y lo sintió como una revictimización.

Hace unos meses, en el último Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), Quiroga protagonizó un escándalo en presencia de numerosos testigos: tuvo un tenso intercambio con una persona que es familiar suyo y de quien lo denunciara; la joven intervino y expuso al empresario como su abusador. Enseguida intercedieron algunas personas y Quiroga fue retirado del lugar mientras vociferaba amenazas y que todo era un error.

El paso del tiempo versus la verdad

Mientras tanto, el legajo está estancado. En todo este tiempo, se produjeron medidas de prueba, declararon testigos, la denunciante fue sometida a pericias, pero Quiroga no formuló ningún planteo, aunque en alguna ocasión su abogado sugirió, informalmente, que si el empresario gastronómico fuera convocado a prestar declaración de imputado solicitaría la prescripción y el sobreseimiento. La fiscal decidió esperar.

Por otros carriles, el empresario le hizo llegar a la joven la posibilidad de un arreglo económico a condición de que retirara la denuncia y firmara un acuerdo de silencio y confidencialidad, algo que ella rechazó de forma tajante: dijo que no aceptaría un centavo de su abusador y que confiaba en la reparación judicial.

Las leyes sancionadas en Argentina sobre prevención y protección a las víctimas de abuso sexual infantil, y especialmente respecto a la prescripción de los delitos contra la integridad sexual, son bastante recientes. Hasta 1999 se los llamaba delitos contra la honestidad. En 2011 se estableció que el abuso sexual infantil comenzaba a prescribir a partir de que la víctima cumplía 18 años, lo que amplió el número de casos de abuso sexual infantil denunciados por víctimas adultas. En 2015 se sancionó la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que determina que cuando fuesen menores de edad el plazo de prescripción queda suspendido hasta el momento en que se formula la denuncia.

Sin embargo, al analizar el caso del sacerdote Justo José Ilarraz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los delitos en cuestión prescriben a los doce años de cometidos y dispuso su sobreseimiento.

Lo hizo contra la opinión del procurador general que sostuvo que la prescripción no debía aplicarse en casos de abuso sexual infantil, dada la dificultad fáctica de las víctimas de denunciar en tiempo oportuno y la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva, que implica investigar una denuncia y llevarla a juicio.

Ilarraz había sido denunciado en 2012 por hechos cometidos en perjuicio de seminaristas de entre 12 y 14 años, durante los años 1988 y 1992, en el Seminario Arquidiocesano de Paraná; fue sentenciado a veinticinco años de cárcel por un tribunal entrerriano y la condena confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el fallo, el máximo tribunal sostuvo que “la cuestión excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas en las que también se encuentra en discusión la vigencia de la acción penal en relación con la presunta comisión de abusos sexuales contra menores de edad en el período previo a la entrada en vigencia de las leyes” que modifican los plazos de prescripción de estos delitos.

Los hechos que se le atribuyen a Quiroga se enmarcan entre 1998 y 2002; si el Ministerio Público Fiscal siguiera los lineamientos de la Corte Suprema, la causa estaría prescripta y el legajo sería archivado, dejaron trascender fuentes tribunalicias. Ante la consulta de Página Judicial, desde el entorno de Quiroga sostuvieron la absoluta inocencia del empresario, pero aseguran también que la causa estaría prescripta.

Sin embargo, antes de que Ilarraz fuera juzgado y condenado, ya su defensa había planteado la prescripción y entonces la Corte Suprema lo rechazó con el argumento de que no se trataba de una sentencia definitiva. Eso abrió una hendija para llegar a un juicio donde pudieron ventilarse los hechos. El STJ ha seguido ese criterio en numerosas casusas de abuso sexual infantil y podría hacerlo también en esta.

En cambio, si lo tribunales entrerrianos no admitieran ese atajo, la continuidad del proceso luce difusa. La víctima podría convertir la acción pública en privada y continuar con la acusación en forma autónoma, sin intervención del Ministerio Público Fiscal, un proceso novedoso y con escasos antecedentes en la provincia. Otra alternativa podría ser un juicio por la verdad, un camino inexplorado en los tribunales entrerrianos pero que le permitiría a la víctima exponer los hechos, que produczcan de pruebas y obtener una declaración de responsabilidad, aunque no pueda resultar en una pena. Como contrapartida, el acusado podría abstraerse del proceso y vaciarlo de sentido, ya que no existe una legislación que regule estos procedimientos.

La Psicología ha demostrado que las niñas abusadas sufren un daño inconmensurable. La especialista Irene Intebi, psiquiatra infantil y psicóloga clínica, es autora del libro Abuso sexual infantil en las mejores familias, donde asegura que los efectos del abuso sexual infantil se equiparan con los de “un balazo en el aparato psíquico (porque) producen heridas de tal magnitud en el tejido emocional, que hacen muy difícil predecir cómo cicatrizar el psiquismo y cuáles serán las secuelas”.

En su caso, se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, a veces con incrementos de angustia, miedo, culpa, vergüenza, depresión; como otros sobrevivientes, suele padecer indicadores físicos inespecíficos vinculados a situaciones de stress elevado; ha tenido episodios de autoagresiones e intentos de suicidio. Sabe que las secuelas la acompañarán por el resto de su vida.