Trece policías a indagatoria por haber atacado brutalmente a un joven

25/09/2025

Los efectivos pertenecen a la División Robos y Hurtos. Un joven paranaense denunció que lo secuestraron de su casa y lo trasladaron a un descampado donde lo golpearon salvajemente, lo colgaron de un árbol con una soga alrededor del cuello, hundieron su cabeza en una laguna y a punto estuvieron de empalarlo. Los hechos ocurrieron en 2022 y la denuncia provino de la defensa pública.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Trece efectivos de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos deberán comparecer como imputados en un caso de violencia institucional serio, acusados de haber golpeado salvajemente a un joven paranaense.

Los hechos ocurrieron en junio de 2022, cuando efectivos de la División Robos y Hurtos irrumpieron violentamente y sin orden judicial en la casa que habitaba Jonathan Exequiel Framulari, apartaron a su pareja a los gritos, insultándola y empujándola para apartarla hasta sacar al hombre de la cama en calzoncillos y medias, para luego llevarlo hasta a un descampado, donde lo torturaron durante horas.

Tuvieron que pasar tres años hasta que el fiscal Eric Zenklusen acusara formalmente a los policías y los citara a prestar declaración como imputados por vejaciones, un tipo de delito que la doctrina define un tratamiento humillante hacia una persona, practicado con el exclusivo propósito de mortificarla.

Los imputados integraban en ese entonces la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos: Juan Francisco Altamirano, José Francisco Marín, Franco Nahuel Spessott, Roberto Daniel Oroño, Manuel Villafañe, Edgardo José María Vergara, Ariel Alejando Achor, Juan Pablo Rusterholz, Juan Manuel Maldacena, asistidos por la defensora pública Vanesa Zampedri; Mauricio David Berta, Exequiel Alejandro Andino, Darío German Bustos y Cristian Forziatti Grinóvero, con la defensa de Miguel Ángel Cullen y Daniel Rosatelli.

Pese a estar involucrados en actos de violencia y abuso de poder, los efectivos continuaron en funciones; incluso el Ministerio de Gobierno y Justicia dispuso en aquel momento una investigación administrativa, aunque nunca se dieron a conocer las conclusiones, si es que las hubo.

De hecho, entre los imputados sobresale el nombre de Juan Francisco Altamirano, ascendido a subcomisario, designado como jefe de la División Operaciones de la División Robos y Hurtos y a quien se le otorgó un diploma al mérito “por el desempeño, el rápido accionar, la valentía y la lealtad a la Policía” (sic).

Poder de verdad

De acuerdo con la denuncia, aquel 1 de junio de 2022, los efectivos arribaron alrededor de las once de la noche hasta el barrio El Sol, a bordo de dos camionetas con identificación policial, e ingresaron en forma intempestiva y sin orden judicial en la casa que habitaba Framulari con su pareja y el hijo de ella, de 5 años. Algunos vestían de civil; otros llevaban la campera que los identificaba como policías.

–Correte, conchuda, a vos te vamos a violar –declaró ella que le gritaron apenas ingresaron a la casa–. Correte, acá mandamos nosotros –relató en aquellos días a Página Judicial, cuando se revelaron los hechos.

Acto seguido, la empujaron, tiraron un mueble, la mesa, la ropa y uno de los policías, que describe como morocho, grande, gordito, de algo más de 30 años, la tiró hacia el otro lado de la cama.

–Pará que está el nene –le gritó ella, y entonces el mismo policía agarró al chico de un brazo y lo tiró contra la pared.

Otro policía, el que parecía estar al mando de la patota, la tomó del pelo y la hizo arrodillar junto a la cama:
–A vos te vamos a violar entre todos, te vamos a hacer desaparecer, puta de mierda –volvió a decirle.

A partir de ese momento, la historia se bifurca en dos temporalidades que corren en paralelo: arrancaron a Framulari de la cama y se lo llevaron a los golpes y empujones, así como estaba, en calzoncillos y medias.

Según la denuncia, los policías cargaron a Framulari en una camioneta y le cubrieron la cara con un chaleco mientras seguían golpeándolo. No le preguntaban nada. Solo le pegaban y le decían que no los mirara. Como lo hacía, le pegaban.

Así durante el tiempo que duró el paseo hasta un descampado oscuro. Una vez allí, le ataron las manos, le colocaron una soga alrededor del cuello y continuaron golpeándolo en el rostro y en el cuerpo. Después lo colgaron de un árbol y el joven perdió el conocimiento. Reaccionó cuando sintió un chorro de agua caliente corriéndole por el cuerpo. Estaba en el suelo y boca arriba.

No alcanzó a reponerse porque enseguida lo arrastraron hasta una especie de laguna de agua estancada y le hicieron un submarino. Los policías hablaban entre ellos:
–Se nos va a morir y todos saben que lo sacamos nosotros de la casa –alcanzó a escuchar en un momento en que le levantaron la cabeza para que pudiera respirar.

Pero no pararon. El joven volvió a perder el conocimiento cuando estaban por empalarlo, al reaccionar tenía un policía encima suyo practicándole RCP. Entonces lo subieron nuevamente a la camioneta y terminó en la División Antecedentes Personales, donde lo revisó un médico que, según dijo, se negó a asentar en el registro las evidencias de la golpiza.

Entre los policías que irrumpieron en su domicilio, lo secuestraron y lo torturaron, Framulari reconoció a quien era jefe de la División Robos y Hurtos. Pero su nombre no aparece entre los imputados.

Maldita policía

La versión policial es otra. Dice que llegaron a la casa investigando el robo de una motocicleta y que, cuando quisieron identificarlo, Framulari huyó; entonces se inició una persecución y terminó cuando el joven tuvo un accidente y cayó de la moto.

Raro. Sobre todo, porque la moto que nunca apareció. Entonces, ¿robó una moto, escapó cuando la Policía fue buscarlo, se accidentó y la moto se desvaneció? Muy raro.

Lo cierto es que el ingreso de Framulari al Hospital San Martín quedó registrado a las 2.05 del día siguiente. Su pareja lo encontró seis horas después, luego trajinar toda la noche por distintas dependencias policiales donde todos decían no saber nada. El joven estaba en una sala de cuidados críticos y esposado a la cama; tenía el rostro desfigurado, los ojos hinchados, un diente menos en la boca y hematomas en todo el cuerpo.

La denuncia fue promovida a instancias de las defensoras públicas Antonella Manfredi y Mariana Montefiori, quienes intervinieron a raíz de la causa que se le inició a Framulari por el robo de la moto.

En su primera aproximación, las defensoras activaron un Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional, vigente desde 2019, y solicitaron la intervención del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que constató que las lesiones que tenía Framulari no eran compatibles con una caída de moto.

Violencia institucional es una categoría construida desde las ciencias sociales que permite sistematizar información y nominar un conjunto de prácticas arbitrarias habituales, generalmente, de la Policía. Pero posee además es una forma de conocimiento popular a partir de la experiencia próxima e inmediata de las víctimas y sus allegados.

El protocolo de actuación, firmado por el defensor general, Maximiliano Benítez, a través de la Resolución Número 042, establece la obligación de los defensores oficiales de toda la provincia de denunciar los hechos de violencia institucional.

La resolución reconoce que la intervención temprana de los defensores ante un caso de violencia institucional “será entonces primordial para (…) adoptar las medidas necesarias para que se garantice la protección de la integridad física de su defendido” y “será clave en la preconstitución de prueba de las lesiones ocasionadas (tanto en su faz médico-legal, como testimonial o documental), a fin de disminuir las chances de que los hechos de violencia queden impunes, como tantas veces sucede”.

Inicialmente, la investigación avanzó con el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que acompañó a Framulari como querellante con la representación de los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera. Hasta que ambos fueron despedidos por el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei. No obstante, continúan acompañando al joven.

Tres años después, y como resultado de aquella activa intervención de las defensoras públicas en la documentación e investigación del episodio, trece policías fueron citados a comparecer como coautores de las vejaciones contra Framulari.