Cerrada defensa del Juicio por Jurados en Entre Ríos

22/09/2025

El XX Encuentro anual que se realizó en Paraná fue la plataforma en que diferentes juristas cuestionaron cualquier reforma a la ley vigente en la provincia. Una de ellas fue la de Ángela Ledesma.

De la Redacción de Página Judicial

 

Con el telón de fondo de tres juicios por jurados en procesos en los que se abordarán la presunta comisión de delitos sexuales en esta semana, se lleva adelante la reforma de este instituto en el Senado provincial. Un proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende limitar la competencia para juzgar ese tipo de delitos.

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (Aapdpp) fue una de las voces más potentes en el XX Encuentro Anual que se realizó en Paraná.

Ratificó su compromiso con la herramienta que permite la participación ciudadana en la resolución de conflictos penales, limitada a una serie de delitos. Destacó que “el Juicio por Jurados constituye una herramienta esencial para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia, reforzar la transparencia y la legitimidad de las decisiones judiciales y profundizar el compromiso cívico con el Estado de Derecho”. Manifestó también su “enérgico repudio a toda iniciativa que intente restringir o retrotraer el ámbito de aplicación del Juicio por Jurados, limitando los delitos comprendidos en su competencia, tal como se ha planteado recientemente en la provincia de Entre Ríos”.

Fallo polémico

La entidad se metió en un caso reciente, cuando el lunes pasado la Cámara de Casación de Paraná rechazó el recurso de apelación de la defensa de un hombre que fue hallado no culpable del delito de abuso sexual por un jurado popular y declaró la inconstitucionalidad del artículo de la ley de Juicio por Jurados que sostiene la irrecurribilidad de un veredicto absolutorio considerando que la víctima sería una niña de seis años. La mayoría se creó con los votos de Marcela Badano y Marcela Davite. Mientras que en disidencia lo hizo Gustavo Pimentel, quien sostuvo que la inconstitucionalidad no se presenta “clara e indudable”.

La Asociación destacó “la indiscutible importancia de la irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado, garantía que resguarda de manera efectiva el principio de non bis in ídem y que asegura que ningún ciudadano sea perseguido penalmente más de una vez por los mismos hechos”.

Ángela Ledesma, camarista federal de Casación, fue una de las visitas la semana pasada al encuentro anual.

La prestigiosa jurista destacó la evolución favorable del sistema de enjuiciamiento ciudadano en el país. “A medida que fue pasando el tiempo, fue avanzando el juicio por jurados y la experiencia es muy buena en la cantidad de juicios que se hacen”, afirmó en declaraciones a Canal 9 y, enseguida, manifestó su sorpresa al conocer el proyecto que se aborda en la Legislatura provincial. Fue categórica al calificar la iniciativa de “totalmente inconstitucional”. Y agregó: “Precisamente la Constitución en tres artículos desde el año 1853 establece que el juicio por jurados tiene que ser la regla para las cuestiones criminales”. Por lo tanto, sostuvo que ese “achicamiento de facultades” es, en primer lugar, inconstitucional.

Además de la limitación en los tipos de casos, Ledesma se refirió a un posible fallo o proyecto de reforma que otorgaría a los fiscales “la facultad de recurrir el veredicto absolutorio”. Consideró que tanto el proyecto como el fallo (si existiera) serían inconstitucionales. Explicó que el principio fundamental del juicio por jurados —tal como ocurre en los países del common law que lo implementan— es precisamente “la irrecurribilidad del veredicto absolutorio”.

La magistrada de Casación argumentó que el Estado ya posee todas las herramientas para la acusación y persecución, y no debe someter al imputado a un doble riesgo procesal. “El Estado tiene una sola oportunidad para acusar, tiene una sola oportunidad para perseguir con todo el aparato y con todas las herramientas al respecto y no puede someterse en dos oportunidades al imputado”.

El debate

El miércoles pasado estuvo en el Senado el procurador general, Jorge García, que informó que en la actualidad hay 190 casos pendientes de resolución con esta modalidad, que demandarían entre 7 y 9 años a un ritmo de entre 20 a 30 juicios por jurado por año. “Debemos tratar de optimizar y es correcto poner los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte años de prisión”, por lo que se trata de “una decisión estratégica para salvar el sistema”.

Este miércoles, a las 11, está previsto el encuentro de trabajo conjunto de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado con el fin de continuar el debate sobre el proyecto.

Se invitó a Carla Cusimano, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer); José Ostolaza, vicepresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; Miguel Ángel Cullen, presidente de la Asociación Pensamiento Penal distrito Entre Ríos (APP); Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y Elvio Garzón, representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).