Fiscales piden enjuiciar a Báez por enriquecimiento ilícito

10/04/2025

Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull acusan a Pedro Báez y a su ex esposa, Sofía Riquelme, de haber registrado un incremento patrimonial no justificado superior a los 632 mil dólares y adelantaron que pedirán penas de prisión efectiva para ambos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa contra el ex ministro Pedro Báez y su ex esposa, Sofía Raquel Riquelme, por el delito de enriquecimiento ilícito. Los acusan de haber registrado un incremento patrimonial no justificado de 632 mil dólares.

Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull consideraron que Báez registró un incremento desproporcionado e injustificado de su patrimonio en el período en que estuvo a cargo de la Dirección General de Información Pública y luego en el Ministerio de Cultura y Comunicación, entre 2007 y 2016; y que su ex esposa prestó una colaboración esencial para ocultar ese incremento patrimonial y que lo hizo a sabiendas de que no tenían la capacidad económica para justificar las inversiones ni la compra de inmuebles, bienes y servicios ni financiar viajes al exterior.

Los acusadores públicos formalizaron este miércoles el pedido para remitir la causa a juicio y adelantaron que solicitarán que se condene a Báez a cinco años de prisión, mientras que pedirán para Riquelme una pena de tres años y seis meses de cárcel.

Los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz, defensores de Báez y Riquelme, dijeron que no han sido notificados formalmente del pedido de remisión de la causa a juicio, pero objetaron el planteo de los fiscales. En principio, solicitaron el sobreseimiento de ambos por prescripción y violación del plazo razonable, ya que aducen que la investigación lleva casi nueve años tramitándose, un tiempo que excede el máximo de la pena prevista para el delito de enriquecimiento ilícito, que es de seis años de prisión. Además, pidieron que se declare la prescripción por extinción de acción pública respecto de Riquelme, ya que, dijeron, en la actualidad está separada de Báez.

Esos planteos deben ser resueltos por la jueza Elisa Zilli, junto con otros que han formulado los defensores y que han sido rebatidos por los fiscales Badano y Ramírez Montrull.

De acuerdo con la acusación que formalizaron contra Báez y Riquelme, el enriquecimiento se calculó en 4.179.885,62 pesos, a valores históricos, una suma que equivale a 632.053,35 dólares.

Este monto también ha sido objetado por los abogados defensores, por haber sido efectuado por contadores del Ministerio Público Fiscal y no por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Los fiscales señalaron que el incremento patrimonial atribuido a Báez “se vio reflejado en distintas operaciones –adquisiciones o inversiones de bienes muebles e inmuebles, títulos valores, inversiones clandestinas, servicios y/o consumos, viajes, construcciones, mejoras–, que lo tuvieron como principal beneficiario, tanto a él como a su esposa, quienes a la época no contaban con ingresos propios o con capacidad económica para afrontarlos”.

En su consideración, Sofía Riquelme, ex esposa de Báez, “actuaba como prestanombre”, ya que se habría beneficiado obteniendo la titularidad del 50 por ciento de una propiedad en la zona de la Toma Nueva, donde edificó una casa principal, pileta, cancha de fútbol y luego agregó dos cabañas; como así también las mejoras en la vivienda familiar, tales como la instalación de un sauna, jacuzzi, ascensores y equipamiento tecnológico; a lo que se suman “consumos registrados en las tarjetas de créditos, realizando aportes de dinero a la empresa Innova Turismo SRL, los cuales luego vendió obteniendo beneficios, constituciones de plazos fijos, todos ellos con dinero que no ha podido justificar la sociedad conyugal”.

Los fiscales también advirtieron que el ex ministro había invertido en la compra de ganado vacuno que tenía en un feed-lot en el departamento La Paz y una embarcación que amarraban en el Club Náutico de Paraná, de la cual ambos eran socios.

Respecto de Innova Turismo SRL, es una empresa que se inscribió en los registros oficiales el 13 de mayo de 2011. Sofía Riquelme figuraba como titular de un tercio de las acciones; y sus socios eran José Horacio Bechara, ex presidente de la tarjeta Sidecreer; y María Anastasia Keuchguerian, quien aparece contratada en la Cámara de Senadores de la provincia y es la esposa de José Carlos Ostrosky, ex director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Dicha empresa, además, es propietaria del Amanzi Termal Apart Hotel, un complejo ubicado uno de los accesos de Concordia.

“Claramente estas adquisiciones no podrían haber sido hechas con ganancias genuinamente incorporadas a su patrimonio, sino con recursos económicos clandestinos y paralelos a la adquisición legal”, resaltaron los fiscales.

Los fiscales propusieron que se cite a un total de 126 testigos al juicio, entre los que aparecen Julio Rodríguez Signes; ex funcionarios, como Germán Grané, Horacio Gabriel Leconte y Juan Domingo Orabona, imputado en la causa de los contratos truchos; y María Anastasia Keuchguerian, socia de Innova Turismo.

Por estos días, Báez cumple arresto domiciliario, tras haber sido condenado a seis años y seis meses de prisión por el desvío de fondos públicos para financiar una campaña presidencial de Sergio Urribarri a través de pautas publicitarias.