Consejo de la Magistratura: diputados escucharon a representantes de la sociedad civil

25/02/2025

La comisión de Asuntos Constitucionales continúa con el tratamiento del proyecto de ley para reformar el organismo asesor del Poder Ejecutivo en la selección de jueces, fiscales y defensores.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), abordó nuevamente este martes el proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, remitido por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, los legisladores escucharon a representantes de la sociedad civil que integran el organismo que selecciona a las autoridades del Poder Judicial.

“Hoy recibimos a los dos representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura, quienes nos dieron su opinión respecto del proyecto de ley”, sostuvo la diputada Lena. Se trata de los consejeros María Paula Armándola (Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos) y Matías Daniel Chiosso (Asociación Civil Vida y Esperanza).

“Es importante explicar la importancia que el Consejo de la Magistratura tiene para la vida institucional de la provincia. Es el organismo que la Constitución establece para el nombramiento de los jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos, lo cual se hace en base al mérito, a través concursos de oposición y antecedentes”, detalló la legisladora. “Esto hace que los funcionarios judiciales tengan independencia para poder investigar, defender o sancionar y juzgar, sin intervención del poder político y de quien sea el gobierno de turno”, agregó.

Acerca de las personas que participaron como invitadas de la reunión de comisión, recordó: “Una pata del Consejo de la Magistratura es la sociedad civil, que no tiene absolutamente nada que ver con la temática del Derecho, pero que sí tiene una mirada de la Justicia, como vecino”.

En adelante, la Comisión trabajará sobre el texto del proyecto en base a los aportes que se han recibido de diferentes entidades que han sido convocadas y al intercambio entre los diputados de diferentes bloques. “Intentaremos arribar a un texto consensuado la semana que viene y, si es posible, ingresarlo en la próxima sesión”, indicó.

En las distintas reuniones surgieron críticas a la iniciativa del oficialismo: en el centro de los cuestionamientos aparecen el denominado Banco de Casos, la posibilidad de los postulantes de apelar directamente ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la eliminación del orden de mérito en las ternas, todos instrumentos introducidos en la reforma de 2022. Sin embargo, las mayores controversias aparecen en la propuesta para modificar el modo de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y en particular en el estamento de magistrados y funcionarios judiciales, ya que deja fuera de carrera a estos últimos, por lo que hay quienes advierten que se trata de una medida que beneficia al Ministerio Público Fiscal.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que las reformas propuestas buscan destrabar la realización de concursos para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial, así como otras reformas referidas al funcionamiento de la institución.