Nuevos allanamientos en propiedades de Kueider en Concordia

13/12/2024

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso procedimientos en propiedades de Edgardo Kueider en Concordia y pidió autorización al presidente provisional del Senado para allanar el despacho que ocupaba en el anexo de la cámara alta. La medida se concreta luego de que el legislador entrerriano fuera expulsado por sus pares, con lo cual perdió los fueros que impedían irrumpir en sus domicilios o lugares de trabajo.

De la Redacción de Página Judicial

Personal de Gendarmería irrumpió en horas tempranas en la vivienda de Edgardo Kueider en la ciudad de Concordia, por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que investiga al ahora ex senador nacional por presunto enriquecimiento ilícito.

Los efectivos de la fuerza de seguridad debieron forzar la entrada de la amplia propiedad ubicada en calle Pedro Sauré, en la ciudad de Concordia, donde vivía el ex legislador entrerriano hasta su detención en Paraguay. No había moradores, pero unos minutos después de iniciado el procedimiento se presentó el abogado Carlos Conti, defensor de Kueider en la causa que tramita en los tribunales entrerianos.

Por otra parte, Arroyo Salgado remitió un oficio al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, para que autorice el allanamiento del despacho que ocupaba Kueider en la cámara alta, en la convicción de que allí “podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen”, según consignó Infobae.

La investigación que tiene bajo la lupa a Kueider es un desprendimiento de otra que lleva adelante Arroyo Salgado por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos que habría hecho la multinacional Securitas para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa y otros organismos. En un principio no aparecía el nombre de Kueider, pero hace unos meses un periodista se presentó ante el fiscal Fernando Domínguez con recortes periodísticos y un escrito pidiendo que se investigue al ex senador por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.