Conversaciones
“En el legajo de los contratos truchos, lo de Goyeneche fue poco feliz”
13/12/2024
El fallo de la Corte, la causa de los contratos, un caso en el que se perdonó a una empresa constructora entrerriana, el funcionamiento de los medios locales y nacionales sobre determinados temas fue parte del menú que abordó Virué, un asesor de esta gestión. También en video.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Rubén Virué tuvo su paso en la Secretaría de Justicia de la provincia desde febrero del 2012 hasta junio del 2015, tiempos en que el entonces gobernador Sergio Urribarri mantenía una relación excelente con el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García. Era tal la relación, que el entonces secretario, en carácter de presidente del Consejo de la Magistratura en una audiencia pública le preguntó a Marcela Badano si la relación de pareja que tenía con el jefe del Ministerio Público Fiscal y ella como futura integrante de la Cámara de Casación Penal no afectaría la imparcialidad del proceso. La doctora se ofendió y puso en conocimiento a García, quien llamó a Casa de Gobierno y, esa misma tarde, Virué fue despedido. El entonces funcionario, una vez afuera, tuvo un gesto que cuenta por primera vez en esta conversación en el ciclo Plaza Mansilla que se emite por Vorterix Litoral.
El abogado estuvo en los equipos técnicos de campaña de Rogelio Frigerio y hoy es asesor del diputado nacional Atilio Benedetti. En la charla dio sus puntos de vistas sobre varios temas que hacen al funcionamiento del Poder Judicial.
“…(Caso por la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez) El fallo exhibe una cubierta descalificación a la actividad de los letrados ajenos a la jurisdicción provincial, creo que la intervención de ellos fue muy poco feliz, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo que hicieron frente a la doctora Servini de Cubría. Me da la impresión que la intervención de estos letrados aseguró la prisión. Es una impresión mía. Han sido defendidos por profesionales de nuestra provincia que hacen honor a la profesión. No sé si este resultado de prisión preventiva se hubiera consumado en el caso que hubieran continuado ellos con la defensa, particularmente Urribarri. Reitero, es una apreciación muy personal mía. Está claro que la sentencia, en doble conforme, no está firme y los parámetros convencionales que tiene nuestro país establece muy claro que la prisión preventiva es una situación absolutamente excepcional, que debe darse en el momento de la investigación, que ya no es posible porque está terminada; y el riesgo de fuga no pareció efectivamente en este caso verificado …”.
“…Con los pedidos de jury o juicio político que han tenido que ver con cuestiones de índole penal, evidentemente hay una suerte de explosión de conflictos que se viene dando entre el Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal (del Superior Tribunal de Justicia). Coincido con el pronunciamiento del jury respecto a la doctora (Gisela) Schumacher. No se puede utilizar el mecanismo de denuncia de juicio político para presentar disconformidad ante decisiones jurisdiccionales que se toman. No pueden ameritar jamás de un juicio político, que es excepcionalismo…”.
“…(Reforma al Código Procesal Penal y plazos razonables). Lo que ocurre es que se introdujo el precedente del caso Cozzi, que introdujo determinadas pautas que vale la pena recalcar que están permanentemente desobedecidas en el resto del territorio provincial por el resto de los tribunales inferiores. Los pazos existen, lo que pasa, y en esto la responsabilidad es del Ministerio Público Fiscal, desde que se produce la apertura de causa a veces sin formular imputación alguna, están dos o tres años en esa situación y a veces más. Después, con el avance de la investigación, imputan a determinadas personas, le toman declaración como imputado, y sin ningún tipo de actividad investigativa pasan tres años más, y este ciudadano sigue imputado…”.
“…(Caso en Larroque por una empresa que reconoció que hubo sobreprecios en una obra, y sin embargo hizo un acuerdo para seguir proveyendo al Estado). Participé de la auditoría que determinó la denuncia penal contra Raúl Riganti y la empresa Oicsa. Los empresarios lograron, y en esto han tenido una clara conformidad del Ministerio Público Fiscal, suspender a prueba estos juicios. Lograron una probation, que no pudieron los funcionarios porque están excluidos de esa posibilidad. Era una cuestión que no resistía el menor análisis. Al margen del sobreprecio, resulta que presentaron un seguro de caución por garantía de oferta un mes y medio antes de que se convoque a concursos de precios por un importe exacto por lo que cotizó dos meses después. Era tan burdo y de una torpeza descomunal, que la connivencia que hubo entre las empresas, estaba Szczech Szczech, después cambiaron la oferta. Cómo habrá sido, que la empresa desistió de cobrarle al municipio 13 millones de pesos sobre los 21…”
“…(¿Es responsabilidad también del Ejecutivo los conflictos internos de otros poderes?) Creo que tiene que haber una interrelación entre los tres poderes del Estado. No me parece que esté mal que el Ejecutivo mantenga un vínculo con el Poder Judicial, porque hay cuestiones que tienen que resolverse en el marco de interpoderes. Ahora, cuando hay conflictos de naturaleza interna del Poder Judicial, quienes tienen que resolverlo son los miembros de ese poder. Me parece saludable que el Poder Ejecutivo no se inmiscuya en dirimir este tipo de conflicto…”.
“…Desde la implementación del sistema acusatorio tuvimos un incremento notorio en el presupuesto del Poder Judicial. Esto es un tema que requiere una revisión. Hace mucho tiempo -no lo hice hoy- vengo controlando la expansión del Ministerio Público en el departamento Paraná. He llegado a detectar que con un universo de unos 400 mil habitantes; con el procurador, fiscales de coordinación, agentes fiscales y fiscales auxiliares; llegamos a tener 39. En su momento lo comparé con La Matanza, que con 1 millón 800 mil habitantes, entre centralizados y descentralizados, tenía 46. Hay que buscar mecanismos de equilibrio…”.
“…Creo que lo que ha colapsado en todo el territorio provincial es el fuero de Familia, si bien se le ha otorgado algunas competencias a los juzgados de Paz. Hay algunas cuestiones que se han mejorado, pero me parece que el tema que merece urgente atención es el fuero de Familia…”.
“…(Caso Cecilia Goyeneche) La Corte Suprema podría haber sido más clara. En el punto 15, cuando ordena un nuevo pronunciamiento porque declara la nulidad de todo a partir de la conformación del órgano juzgador. Siempre sostuve que en el proceso que derivó en la destitución de Cecilia Goyeneche no era posible jurídicamente la modificación pretoriana del órgano acusador, como se resolvió en su momento. Esto sin dejar de señalar que es un verdadero disparate conceptual que al Ministerio Público Fiscal solo lo pueda acusar el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, es la disposición de la ley y hay que respetarla. No se puede apartar del texto de la ley. También está la cuestión en la que el Superior Tribunal no consideró los planteos recusatorios por parte de Goyeneche. Por otro lado, también es cierto, y lo dice con absoluta claridad la Corte, es que esto no implica pronunciarse sobre las causales que motivaron el inicio del jury. En ese aspecto, leí un artículo que escribió el colega Rubén Pagliotto (denunciante de Goyeneche) en el que coincido absolutamente. En el legajo de los contratos truchos en la Legislatura, lo de Goyeneche fue poco felíz, para ser benévolo en la calificación, porque si ante un planteo recusatorio niega la existencia de la causal y después se comprueba que es condómina en dos inmuebles con uno de los imputados y aún así se mantiene hasta que la situación no dio para más y se tuvo que excusar, creo que la causal es lo suficientemente grave como para que amerite la iniciación del proceso…”.
“…Otro tema que me llamó poderosamente la atención es el despliegue mediático que se hizo ante la opinión pública, fundamentalmente los medios de Buenos Aires, donde plantearon que la destitución de Goyeneche era una respuesta al proceso que se llevó adelante contra Sergio Urribarri y jamás mencionaron que tanto el denunciante de Urribarri como el de Goyeneche fueron los mismos (Pagliotto y Guillermo Mulet). Vi varios reportajes y Goyerneche jamás dejó a salvo esta situación, sino que se quedó con el mandado y fue presentada en los medios porteños como una suerte de Lisandro de la Torre en el tema de las carnes, y lo cierto es que no tuvo absolutamente nada que ver, porque la investigación la llevó adelante (Gonzalo) Badano y otros fiscales que no recuerdo. Ella se incorpora en el debate. Pero en el imaginario es facilísimo: la destituyeron porque acusó al gobernador…”.
“…(Los motivos por los cuales fue eyectado de su cargo) Cuando se produce esta situación con la doctora Badano, a raíz de una pregunta y me responde que estaba orientada a una cuestión de género, me auto denuncié en el Inadi, pidiendo por favor que se investigue para vislumbrar si existió y que se ponga la mayor de las sanciones. Era la primera audiencia que se grababa, incluso en video. Pasó muchísimo tiempo. Me llamó la atención la escasísima repercusión que tuvo en aquel entonces un tema de extrema gravedad como este. Hubo fiscales y magistrados que se solidarizaron y sé que no pueden hacerlo público, pero pertenezco al Colegio de Abogacía y no dijo una palabra de esto. El Instituto de Derecho Penal tampoco y sin embargo no se tardó en presentar planteos sobre esto. Hoy este tema se revela en toda su dimensión. Ahora la recusa todo el mundo. Si usted agarra 100 ciudadanos de la Argentina, de cualquier estrato social, y le dice: ¿cómo te sentirías si estás imputado de un delito penal y quien resuelve es la esposa de quien te acusa. Creo que la respuesta sería unánime. Nadie querría esa situación. Nunca logré comprender por qué en aquel momento hubo un silencio absoluto y de los medios. Me siento más que contento de haber hecho esa pregunta y quienes no valoraron aquella pregunta hoy quizás tengan otra opinión….”.