Caso Urribarri

La interna en tribunales, otra vez en escena 

30/10/2024

Un nuevo capítulo se escenificará en sede judicial con un tema crucial: la prisión como cumplimiento efectivo de la condena al ex gobernador en el marco de la causa por el desvío de fondos públicos para promocionar su figura como candidato presidencial en 2015. Episodios y turbulencias. 

La interna en tribunales, otra vez en escena 

Federico Malvasio 
De la Redacción de Página Judicial 

 

Lo acontecido la semana pasada en torno a la decisión de habilitar el recurso extraordinario federal a Sergio Urribarri y compañía generó indignación. Esa indignación, posiblemente, irá menguando. No son pocos los dirigentes políticos y funcionarios  judiciales que tienen en sus WhatsApp la frase popularizada en el anillo de Julio Grondona todo pasa. La única reacción institucional sobre lo ocurrido tiene la autoría del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, quien difundió un pedido de juicio político a la vocal Gisela Schumacher por haber modificado su criterio y abrirle el recurso al ex gobernador ante la Corte en la causa en la que fue condenado a 8 años por hechos de corrupción. Ese camino, tras la condena por otros hechos ilícitos en la administración pública, ya lo ha recorrido el jefe comunal santaelenense. 

La abulia política en todos sus estamentos se mantiene desde el 10 de diciembre de 2007 a la fecha, mientras, el sistema penal se degrada al calor de la interna entre un sector del Ministerio Público Fiscal y otro del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En las próximas horas se volverá a manifestar esa guerra a raíz de la audiencia de este jueves en la que Fiscalía insistirá con el pedido de encarcelar al ex gobernador Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez. La medida cautelar para rechazar la detención tuvo asidero en el tribunal que presidió Carolina Castagno, quien junto a Julián Vergara, votaron por la positiva. Elvio Garzón lo hizo en disidencia. 

La petición, ahora, es ante la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal lo integran Marcela Badano, Marcela Davite y María Evangelina Bruzzo. Las defensas ven un terreno hostil. Creen que se haría lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que se efectivice la prisión como parte de la condena. ¿La lógica sería que se respete lo resuelto por el tribunal? Casación y Fiscalía están vistas por buena parte de la comunidad del fuero penal como una misma cosa. Más aún las defensas de los dirigentes que han sido investigados y condenados. Los hechos polémicos que no se atienden o se resuelven mal terminan descomponiendo el sistema judicial. Esa idea de Procuración y Casación como un solo dispositivo tiene su piedra basal en que el procurador general Jorge García y la doctora Badano conviven bajo el mismo techo. Sería interesante, aunque tedioso, repasar el episodio del que fue víctima el secretario de Justicia, Rubén Virué, cuando osó preguntar a Badano si no veía un inconveniente esa relación en el proceso judicial. Enterado el entonces gobernador Urribarri del hecho ocurrido en la entrevista personal en el Concejo de la Magistratura, por boca de García, se deshizo de su funcionario en cuestión de horas. No saldó la polémica, la postergó. Sus abogados son los que difunden ahora el problema no resuelto y encuentran contubernio entre procurador y jueza. 

La defensa de Urribarri, Aguilera y Báez ya preparan la apelación ante una resolución adversa que, de ser así, indefectiblemente terminará en la Sala Penal. En ese ámbito los abogados saben que tienen más chances. A esta altura, la salvación. Los hechos así lo demuestran. Claudia Mizawak fue la que pergeñó en diciembre de 2018 la libertad de Aguilera que se ejecutó horas antes de Navidad en el marco de la causa contratos truchos en la Legislatura. Acaba de escribir el voto que abre una puerta para sobreseer a Juan Canosa por supuesto enriquecimiento ilícito aduciendo la “doctrina Cozzi”, un fallo por el cual se establecen plazos perentorios para la tramitación de investigaciones penales. Daniel Carubia adhirió. Aquí la crónica

Mizawak se excusó en todo lo que tenga que ver con Urribarri por haber sido su abogada en tiempos pasados. Carubia, también se apartó. El vocal, inteligente y pícaro, decidió dar un paso al costado aduciendo la participación en la causa de Alejandro Cánepa, su yerno al momento de resolver estos asuntos. Comparado con el caso García – Badano resulta hasta una exageración. Guerra de vivos y egocéntricos. 

Por otra parte, Casación rechazó los pedidos de recusación de Badano y Bruzzo. A la segunda la habían impugnado por ser esposa (que ya no es) de Juan Enrique Ruiz Orrico, el funcionario que fue noticia por haber sido el causante de un accidente que dejó como saldo cuatro muertos. Que Orrico sea de Juntos por el Cambio significa para la defensa que puede haber “supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena” a Urribarri. 

La cautelar que se resuelve este jueves podría ser letra muerta si se considera que el legajo va camino a la Corte. Casación escuchará, otra vez, a los fiscales; mientras los abogados defensores prenderán una vela a Germán Carlomagno y Schumacher, de los que obtuvieron un fallo satisfactorio hace una semana. De Giorgio esperan un voto negativo. 

Cuando no hay reglas claras entran en juego los criterios que, según la época, se mueven a conveniencia. La Justicia parece ser una gran aprendiz del mandamiento de la política, el de “interpretar la realidad” o “adecuarse a los tiempos”. Es tan así que, ahora, es parte de la descomposición.