DROGA ZOMBIE

Investigan la ruta del fentanilo que robaban del Hospital San Martín

18/10/2024

El cotejo de los medicamentos que habrían sido sustraídos de los depósitos de la farmacia del hospital público reveló el faltante de fentanilo, un potente opioide sintético que se utiliza como analgésico, aunque también como elemento de corte de la cocaína. Cinco empleados están bajo sospecha y se abrió un sumario para determinar otras “irregularidades y diferencias en el funcionamiento” en el Servicio de Farmacia. Escuchalo en Audionoticias.

Investigan la ruta del fentanilo que robaban del Hospital San Martín

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Cinco empleados del Hospital San Martín están bajo sospecha por el robo de medicamentos que luego eran vendidos en una distribuidora de insumos veterinarios y en una empresa dedicada a la venta de productos médicos.

Sin embargo, la revelación más importante de la investigación que llevan los fiscales Santiago Alfieri y Gonzalo Badano surge del cotejo de medicamentos que habrían sido sustraídos de los depósitos de la farmacia del hospital público: fentanilo, remifentanilo, morfina y propofol; además de resmas de hojas y bolsas, entre otros elementos.

El fentanilo es un opioide sintético similar a la morfina, pero entre cincuenta y cien veces más potente, aprobado para uso analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Pero más allá del uso médico y bajo prescripción de recetas, se trata de una sustancia que también es utilizada como elemento de corte de la cocaína.

Esta revelación abre una serie de interrogantes sobre el destino que tenían los medicamentos. En principio, la sospecha es que empleados del hospital público sustraían los remedios del depósito de farmacia y del depósito general y los desviaban a dos empresas paranaenses para venderlos.

Todos ellos han designado abogado defensor, aunque no han sido imputados formalmente en la causa. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que habrían incurrido en el delito de peculado, es decir, la sustracción de bienes del Estado, que tiene penas de hasta diez años de prisión. Pero no se descartan otras.

Por otro carril corre una investigación administrativa que tiene bajo la lupa la responsabilidad de la jefa del Servicio de Farmacia del hospital público, Mirna Lorena Sartori, no específicamente por el robo de medicamentos sino por haber tenido una conducta “negligente” e “incompatible con las altas responsabilidades del cargo” y como responsable del “desorden general del servicio y su mal funcionamiento”.

Robo hormiga

La farmacia del hospital asiste diariamente a unas seiscientas personas. Provee medicamentos a las personas internadas, como también a pacientes con tratamientos ambulatorios que no tienen cobertura de obra social.

El robo de medicamentos se conoció a partir de una denuncia que hizo un empleado del hospital ante la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos. Se presentó a mediados de abril y dijo que en el último año venía advirtiendo que empleados de la Farmacia Central y del Sector Depósito sustraían insumos. Eso motivó una serie de tareas de seguimiento y vigilancia, a partir de las cuales se pudo registrar a los trabajadores sacando bultos del nosocomio, cargándolos en sus autos particulares y luego descargándolos en dos distribuidoras paranaenses.

Paralelamente, aunque en forma independiente, la directora del hospital público, María Emilia Sattler, elevó una nota a la Secretaría de Salud denunciando “irregularidades y diferencias en el funcionamiento” en el Servicio de Farmacia, a cargo de Sartori.

El informe fechado el 24 de abril advertía que no había control del stock ni del vencimiento de las drogas que se les suministraban a los pacientes, lo que “es una tarea ineludible, primordial y elemental de la farmacia del Hospital San Martín” y mencionaba un “faltante de medicamentos por distintas razones explicadas por la jefa del servicio en reiteradas notas de elevación”. También hizo referencia a “la tensión severa laboral existente entre la jefa del servicio y el personal”, que incluía supuestos malos tratos, ausentismos y medidas de fuerza; e irregularidades administrativas contables, como la existencia de numerosas facturas pendientes de cargar en el sistema, provocando inconvenientes de pago a los proveedores, entre otras.

En principio, los fiscales no tienen indicios para sospechar de una connivencia de Sartori con el robo de remedios. De hecho, la funcionaria se presentó espontáneamente ante la justicia para ponerse a disposición.

No obstante, el decreto que dispuso la apertura de la información sumaria sostiene que “es evidente que más allá de la responsabilidad sanitaria de las autoridades del hospital, existe una responsabilidad concreta y profesional administrativa de quien ejerce la jefatura del servicio cuestionado”, a quien le atribuye “una conducta negligente e incompatible con las altas responsabilidades del cargo, no pudiendo controlar ni normalizar el funcionamiento del Servicio de Farmacia” y sostiene que “su conducta y omisiones contribuyeron al desorden general y su mal funcionamiento (…) con perjuicio evidente a los pacientes y al funcionamiento del efector”.

Por lo pronto, bajo sospecha judicial se encuentran tres empleados de la Farmacia Central, un trabajador del Sector Depósito y un camillero del Hospital San Martín, que fueron reafectados a otras áreas.

Bajo sospecha también están Jorge Ariel Yugdar, propietario de la Distribuidora IDeA, que se dedica principalmente a la venta al por mayor de productos veterinarios y también está inscripta y autorizada para la comercialización de productos farmacéuticos; y a Germán David Vallaro, de la empresa Medical Farma, una empresa de venta de insumos médicos y proveedora del Ministerio de Salud. Los otros involucrados son dos empleados de las empresas, que serían nexos con los trabajadores del hospital.

Por lo pronto, los investigadores continúan analizando la documentación y peritos informáticos trabajan sobre las computadoras secuestradas en el hospital público y en las distribuidoras, a fin de determinar la magnitud de la maniobra, el tiempo que llevaba funcionando y el destino final de los medicamentos, como paso previo a formalizar las imputaciones.

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