En el STJ abren el paraguas ante planteos por la reforma al juicio por jurados

13/08/2024

La advertencia, expresada por vocales del alto cuerpo, se dio en una reunión de comisión de la Cámara de Diputados en la que se debatió el proyecto del Poder Ejecutivo que apunta a restringir la cantidad de delitos que pueden ser juzgados por jurados populares. La postura del Superior Tribunal de Justicia, lo que opinan en los Ministerios Públicos y lo que dicen los números.

De la Redacción de Página Judicial

 

Los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Carubia y Claudia Mizawak asistieron este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que tiene bajo análisis un proyecto de ley que propone modificaciones a la ley de juicio por jurados. También lo hicieron los titulares de los Ministerios Públicos, el procurador Jorge García y el defensor Maximiliano Benítez.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, aunque avalado tácitamente por casi la totalidad del Poder Judicial, plantea eliminar los casos en que se juzga la tentativa de un delito, es decir, que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto sea de veinte o más años de prisión o reclusión.

La comisión legislativa tuvo su reunión en el Salón de los Pasos Perdidos. En el encuentro, Carubia adelantó que apoya el juicio por jurados, pero que no emitiría opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad de la reforma.

Sin embargo, el magistrado aportó los datos estadísticos sobre los juicios por jurados que se han realizado desde 2020 en Entre Ríos, hizo referencia a que en otras provincias dicho instituto está limitado respecto a los delitos a juzgar y, en línea con los argumentos del Poder Ejecutivo, destacó que actualmente en Entre Ríos no existe la posibilidad de dar respuesta a la cantidad de legajos que ingresan.

En ese sentido, describió, a modo de ejemplo, que en la provincia solo en dos jurisdicciones, Paraná y Concepción del Uruguay, hay salas adecuadas para desarrollar los debates respetando lo que establece la Ley Número 10.746 en relación con la preservación de la identidad de los jurados y demás cuestiones específicas.

A su turno, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, quienes acompañaron la propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo, plantearon la necesidad de limitar la realización de juicios por jurados en caso delitos contra la integridad sexual, ya que implica una revictimización a las víctimas, de acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García y Benítez argumentaron que esos casos deben ser juzgados por jueces técnicos, con una capacitación específica para abordar las cuestiones de género, de modo de evitar una mayor exposición de las víctimas.

Los titulares de los Ministerios Públicos dijeron también que en 2019, cuando se debatía el proyecto de ley que finalmente se aprobó en la Legislatura, ya habían formulado tales objeciones respecto a los delitos contra la integridad sexual.

De la reunión también participó el coordinador Legal y Administrativo de la Dirección General y Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, Cristhian Weber, quien fundamentó respecto de los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo había promovido la reforma de la ley. También lo hizo la vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Andrea Saxer; y la titular del Instituto de Derechos de la mujeres, Géneros y Disidencias de la entidad, María Ariadna Del Porto.

Algunos datos

En medio del debate parlamentario, que ha suscitado algunas objeciones al proyecto, el Poder Judicial dio a conocer las estadísticas que lleva sobre la implementación del juicio por jurados en la provincia, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2024.

Los registros indican que han ingresado 363 legajos para que se lleve a cabo un juicio por jurados populares. De ese total, 148 fueron por delitos contra la vida (40,77 por ciento); 182 por delitos contra la integridad sexual (50,14 por ciento); 18 por delitos contra la propiedad (4,96 por ciento); 3 por delitos contra la libertad (0,82 por ciento); y 12 por delitos contra la seguridad pública (3,31 por ciento).

El Poder Ejecutivo ha fundamentado su proyecto en la existencia de una gran cantidad de casos de tentativa que demoran la realización de los juicios. Según las estadísticas oficiales, del total de casos, 65 fueron por delitos en grado de tentativa (17,91 por ciento) y representan un 8,99 por ciento de los casos que han sido juzgados.

El primer juicio por jurados se inició el 10 de noviembre de 2020 en Paraná. La estadística revela que de los 363 legajos que fueron juzgados por jurados populares en la provincia, 94 juicios por jurados (25,07 por ciento) se hicieron en Paraná. En el mismo período se resolvieron 133 legajos por procedimientos abreviados (36,64 por ciento) y se encuentran pendientes, es decir, sin juicio realizado ni abreviado, otros 139 legajos (38,29 por ciento).